En una causa por intento de robo que involucra a un adolescente con consumos problemáticos, la Justicia no solo intervino sobre el joven sino también para su madre, tras escuchar su díficil situación.
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Una audiencia judicial terminó con una decisión distinta a las habituales. En medio de una causa por tentativa de robo que involucra a un adolescente con consumos problemáticos, el juez tucumano Federico Moeykens miró más allá del delito y puso el foco en el contexto familiar del joven.
Todo ocurrió durante una audiencia en el Juzgado Penal de Niñas, Niños y Adolescentes del Centro Judicial Capital. Allí, mientras se analizaba la situación del menor, el magistrado escuchó el testimonio de su madre. Su relato fue crudo y directo: contó que ya no sabe cómo ayudar a su hijo, que siente que perdió herramientas para acompañarlo y que el consumo de sustancias terminó desbordando la vida familiar.
Ese momento marcó un giro en la causa. El juez entendió que el problema no se podía abordar solo desde lo penal y decidió ampliar la intervención del Estado.
Por un lado, dispuso la suspensión del juicio a prueba durante un año para el adolescente. En ese tiempo deberá cumplir ciertas condiciones: terminar la escuela, realizar tareas comunitarias en una fundación y continuar con su tratamiento por adicciones en el Centro de Adicciones del Hospital Avellaneda.
Pero la medida más llamativa apuntó a la madre. Tras escuchar su situación, el magistrado ordenó la intervención del Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA) para que la mujer reciba asistencia psicológica y acompañamiento profesional.
La idea, según se explicó en la resolución, es fortalecer el entorno familiar del joven. En esa misma línea también se dispuso la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán (DINAyF) para hacer seguimiento del caso.