El juez federal Díaz Martínez notificó a Martín Menem que el diputado kirchnerista está bajo investigación por trata de personas. Aunque La Libertad Avanza presentó un proyecto para que la Comisión de Asuntos Constitucionales evalúe sanciones y desafuero. Pero la aritmética parlamentaria revela una trampa: UxP tiene 93 bancas, suficientes para bloquear cualquier intento. La batalla real no está en el recinto. Está en el expediente 23/2026 y en los 530 megabytes de evidencia digital que documentan la estructura criminal. Como contrapartida, Cisneros activó su aparato mediático para contraatacar.
Carlos Cisneros es investigado por trata de personas. (Captura de video, Diputados TV)
El 10 de marzo, el juez federal Guillermo Díaz Martínez firmó un oficio dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que informa que en el expediente 23/2026 se investiga al diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros por el delito de trata de personas, en los términos de los arts. 145 bis y 145 ter del Código Penal". El 11, El Federalista publicó la primicia y La Nación le dio dimensión nacional. El 12, la diputada Lilia Lemoine presentó un proyecto de resolución y lo viralizó desde su cuenta de X. Tres días, tres escalones de una misma escalera. La causa tucumana se convirtió en asunto del Congreso de la Nación.
Díaz Martínez no pidió el desafuero de Cisneros. Lo que hizo fue notificar al Congreso sobre la existencia de la causa, como lo ordena el protocolo cuando un legislador está siendo investigado, y encomendar a la Cámara adoptar "los fines institucionales que pudieran corresponder". El desafuero formal —el del artículo 70 de la Constitución Nacional— requiere que sea el propio juez quien lo solicite para poder avanzar con medidas de coerción personal incompatibles con la inmunidad de arresto. Eso todavía no sucedió.
Lemoine tomó la notificación judicial y la convirtió en un proyecto de resolución que invoca el artículo 66 de la Constitución —el de las sanciones disciplinarias por "inhabilidad física o moral"— para pedirle a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que analice con urgencia la situación de Cisneros. Es una vía política paralela a la judicial. Y es, sobre todo, un gesto performativo con una limitación aritmética que sus impulsores conocen.
Tanto el desafuero (art. 70 CN) como la remoción por inhabilidad moral (art. 66 CN) requieren el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara. En un cuerpo de 257 diputados, eso implica aproximadamente 172 votos, asumiendo quórum pleno. El bloque de Unión por la Patria tiene 93 bancas. Basta con que 86 de ellos voten en contra para bloquear cualquier intento. Incluso si La Libertad Avanza lograra alinear a la totalidad de la oposición restante —incluida la izquierda, el radicalismo y los bloques provinciales—, la suma rondaría los 164 votos: ocho menos de los necesarios.
El desafuero parlamentario de Cisneros es, en las condiciones actuales, aritméticamente inviable. Salvo que se produzcan fisuras dentro del propio bloque peronista, el mecanismo legislativo no puede alcanzar al diputado. Lo que Lemoine, Lorena Villaverde y Silvana Giudici lograron no es el desafuero: es la nacionalización del escándalo.
Mientras el Congreso despliega su liturgia institucional, la causa que verdaderamente amenaza a Cisneros avanza por otro carril. Días antes de la notificación a Menem, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz había solicitado formalmente la declaración indagatoria de Cisneros, de la abogada Patricia Neme y del presunto operador Federico Petraglia, por considerarlos supuestos autores del delito de trata de personas con fines de explotación.
La hipótesis de la Fiscalía Federal N° 1, plasmada en el Dictamen 269/2025, establece que el delito de trata no se vincula al encuentro sexual con los futbolistas, sino al proceso posterior de sometimiento de la voluntad de Lourdes Parache. Según el fiscal, la captación se produjo cuando la joven —empleada de la Caja Popular de Ahorros, entidad que Cisneros controló durante décadas— fue privada de su capacidad de autodeterminación mediante coerción y abuso de autoridad. Para la Fiscalía, Parache fue instrumentalizada para sostener un relato falso con fines ajenos a los suyos. Lo que configura, en términos del Código Penal, una forma de explotación.
La prueba cardinal son los 530 megabytes de evidencia digital recuperados mediante tecnología israelí UFED de los teléfonos celulares vinculados a la causa. Allí, como esta serie documentó en detalle, la propia Parache confesó a sus amigas del grupo "Reinas de la Noche" el 7 de noviembre de 2025:
"Fui prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto, cumpliendo órdenes sin preguntar ni chistar. Me quitaron todo"Lourdes Parache, mensaje recuperado por pericia UFED, 07/11/2025
Ese léxico —prisionera, cumpliendo órdenes, me quitaron todo— no es el de una querellante voluntaria. Es, según la hipótesis fiscal, el de una víctima de trata que recién comienza a dimensionar su situación. Y se complementa con otro mensaje recuperado de la misma pericia, donde Parache describe el proceso por el cual fue conducida a sostener la denuncia:
"En un momento dije que no me habían tocado. Después empiezo a hablar que me manipuló y ahí lo hago pingo a Sosa. La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada."Lourdes Parache, pericia UFED, fojas 45
La "abogada" es Patricia Neme, puesta por Cisneros para representar a Parache. El informe psicológico de la Lic. Natalia Alba Mendieta del SIPROSA (27/12/2024) identificó en Parache una "reinterpretación retroactiva" del encuentro: no una resignificación espontánea, sino una inducida.
El expediente no se agota en la coerción sobre Parache. Documenta también una operación sistemática de destrucción de evidencia que las pericias UFED reconstruyeron pieza por pieza. Como esta serie viene publicando desde septiembre de 2025, la organización ejecutó al menos cuatro maniobras de eliminación probatoria: la sesión de borrado masivo en la que Neme tomó los teléfonos de Castellote y Parache durante más de una hora para hacer coincidir las conversaciones y suprimir audios comprometedores; el plan del "robo simulado" mediante el cual un empleado de Cisneros simularía el asalto al celular de Lourdes; la compra de un iPhone nuevo por parte de Cisneros para destruir el audio donde ella decía que "estaba chocha" tras el encuentro; y el borrado ejecutado por Jorge Parache, padre de Lourdes, de "todo" el contenido del celular "por miedo a que lo pinchen".
La querella de José Ignacio Florentín Bobadilla —uno de los cuatro futbolistas sobreseídos, representado por las abogadas María Florencia Abdala y Camilo Atim— solicitó además la prohibición de salida del país para Cisneros, Neme y Petraglia, argumentando que el diputado posee recursos económicos y redes de contactos suficientes para sustraerse de la justicia.
El proyecto de Lemoine no llegó solo. La diputada rionegrina Lorena Villaverde, también de La Libertad Avanza, tuiteó que "el desafuero del diputado Carlos Cisneros es imprescindible" y pidió que "la Justicia investigue sin obstáculos". Silvana Giudici, otra libertaria, sostuvo que la Cámara tiene "la responsabilidad institucional de evaluar la situación del legislador ante la gravedad de los hechos investigados".
La reacción de Cisneros fue apuntar contra Menem. Lo acusan de haber dejado trascender la notificación judicial antes de que existiera un pedido formal de desafuero, como una maniobra para desgastar a la oposición. El argumento tiene un problema: el oficio de Díaz Martínez es un documento público dirigido al presidente de la Cámara en su carácter institucional. No es un secreto que Menem haya "filtrado"; es un acto procesal que ingresó por mesa de entradas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene ahora un plazo de hasta 60 días para analizar la comunicación judicial y emitir un dictamen. Mayoraz controla la comisión. Si el oficialismo decide forzar el tratamiento, puede hacerlo. Pero llevar el dictamen al recinto sin los votos para aprobarlo sería una derrota autoinfligida. Lo más probable es que la comisión funcione como una caja de resonancia: mantenga el tema en agenda, convoque especialistas, genere cobertura mediática, y deje que la verdadera resolución llegue por la vía judicial.
El diputado activó su aparato mediático provincial y porteño para responder. Su estrategia se despliega en tres flancos simultáneos que esta serie ya ha identificado como patrón: negar, victimizarse, atacar.
En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Cisneros ensayó la primera línea de defensa: la negación procesal. Sostuvo que "no hay ningún pedido de indagatoria" formal y que Menem "tuvo la mala fe de viralizar la nota de la que yo no había sido notificado". La afirmación es técnicamente imprecisa: la indagatoria fue solicitada por el fiscal Vehils Ruiz y la notificación al Congreso la firmó el juez federal. Que Cisneros no haya sido personalmente notificado de la indagatoria al momento de las declaraciones no invalida la existencia del requerimiento fiscal.
El segundo flanco es el ataque al gobernador Osvaldo Jaldo. Cisneros declaró estar "molesto" y "dolido" con el mandatario, pero desplazó el motivo del enojo hacia un episodio distinto: la represión de trabajadores bancarios el 5 de diciembre de 2025 en Concepción. Es una maniobra de desvío: sustituir la causa penal por trata —que es lo que el periodismo y la Justicia están investigando— por un conflicto sindical-policial que genera más empatía en su base gremial.
El tercer flanco fue más revelador. A través de Tendencia de Noticias —el mismo medio donde en una entrevista anterior confesó ser dueño del multimedio Entérate Noticias—, Cisneros calificó la situación de "vergüenza" y denunció "mala fe" de portales que reciben pauta del gobierno provincial. El patrón se repite: cuando la evidencia judicial lo acorrala, Cisneros recurre a su ecosistema mediático para resignificar la narrativa. El mismo mecanismo que, según la hipótesis fiscal, utilizó para resignificar la experiencia de Lourdes Parache.
"Resulta que, de ser abogado de una víctima, ahora nos inventan esta causa"Carlos Cisneros, Radio Mitre, 12/03/2026
La frase condensa toda la estrategia defensiva: presentarse como protector de Parache, no como su explotador. Es la inversión exacta de lo que sostiene la Fiscalía Federal, las pericias UFED y el testimonio de la propia Parache cuando se describe como "prisionera cumpliendo órdenes".
La nacionalización del caso produjo en las últimas 72 horas un fenómeno previsible: los grandes medios porteños cubrieron la dimensión parlamentaria del escándalo pero vaciaron casi por completo su sustancia probatoria. Infobae dedicó más espacio al perfil sindical de Cisneros que a la evidencia UFED. Clarín aportó la aritmética del desafuero pero encuadró el caso como una "pelea" entre oficialismo y peronismo, y especuló —sin fuentes firmes— sobre el verdadero "objetivo" de Cisneros, sugiriendo que buscaría controlar la justicia tucumana después de perder la Caja de Ahorros. La Nación fue la más completa en datos institucionales: reveló que el Tribunal de Cuentas de Tucumán detectó que la Caja Popular retuvo durante años fondos que debían transferirse al Sistema Provincial de Salud, con una deuda estimada en más de 3.300 millones de pesos entre 2020 y 2023, además de incumplimientos en las transferencias al Fondo Provincial del Deporte durante más de dos décadas.
Pero ninguno de esos medios mencionó la operación de inteligencia previa a la denuncia —la llamada de Petraglia al Hotel Hilton el 4 de marzo de 2024, 48 horas antes de que Parache formalizara la acusación contra los futbolistas, preguntando por las cámaras de seguridad—. Ninguno citó el plan del "robo simulado" del celular. Ninguno reprodujo el mensaje donde Parache admite que "la abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada". Y ninguno conectó la causa actual con el patrón histórico documentado por Susana Trimarco en el juicio por Marita Verón, cuando declaró que "en las fiestas de Cisneros se llevaban a las chicas" y que la Remisería Cinco Estrellas —vinculada a los hermanos Ale, condenados por asociación ilícita— funcionaba en un local de Cisneros.
Un lector que se informe exclusivamente por los medios nacionales podría concluir que se trata de un enredo político-judicial entre el oficialismo y un diputado opositor. Un lector que siga esta serie sabe que hay una estructura criminal documentada con nombres, roles, mensajes, pericias y un expediente de más de 500 megabytes de evidencia digital forense.
El dato aportado por La Nación sobre la auditoría del Tribunal de Cuentas merece atención porque completa una dimensión que esta serie ha venido documentando desde sus primeras entregas: el control económico de Cisneros sobre la Caja Popular de Ahorros y su red de negocios derivados.
Según el informe del Tribunal, la Caja retuvo sistemáticamente fondos destinados al Sistema Provincial de Salud, acumulando una deuda estimada en más de 3.300 millones de pesos entre 2020 y 2023, más intereses. También se detectó que durante más de dos décadas la Caja prácticamente no depositó el 1% de la recaudación del juego que debía destinar al Fondo Provincial del Deporte. El Tribunal de Cuentas advirtió que esta retención de recursos podría configurar delitos como violación de deberes de funcionario público o malversación de fondos.
El dato se engarza con la facturación documentada por esta serie: USD 9.500 millones facturados en 30 años por el monopolio del juego, una red de tragamonedas que en 2006 ya incluía 10 empresas con 1.035 máquinas, y socios que van desde la familia Ale hasta Roberto Sagra y el grupo Los Balcanes. El dinero que la Caja retenía ilegalmente no era dinero menor: era dinero de salud pública y deporte provincial. Y el hombre que controló esa Caja durante décadas es el mismo que ahora está bajo investigación federal por trata de personas.
La situación de Cisneros se juega ahora en tres tableros simultáneos con dinámicas muy distintas.
El tablero parlamentario es, paradójicamente, el más favorable para el diputado. Los números no dan para el desafuero. La comisión de Mayoraz puede mantener la presión mediática, pero no tiene los votos para llegar a destino. Cisneros lo sabe y por eso su defensa pública apunta contra Menem y la "operación política", no contra la evidencia judicial.
El tablero federal es el que lo compromete. El fiscal Vehils Ruiz ya pidió la indagatoria. El juez Díaz Martínez ya notificó al Congreso. Los co-imputados sin fueros —Neme, Petraglia, Venditti, Castellote— pueden ser procesados en cualquier momento. Y si alguno de ellos decide colaborar con la Fiscalía, la posición de Cisneros se deteriora exponencialmente.
El tablero provincial es el más opaco. En la Unidad Fiscal Regional, el legajo S-077592/2025 por asociación ilícita, falso testimonio y estafa procesal sigue su curso en paralelo. Allí también se solicitó la detención de Cisneros y su desafuero. La fractura con Jaldo, la pérdida de control sobre la Caja Popular, y la auditoría del Tribunal de Cuentas configuran un contexto en el que los aliados históricos del diputado podrían empezar a calcular el costo de sostenerlo.
La justicia federal busca determinar si la estructura que hasta enero controlaba la Caja Popular de Ahorros operó por encima de la ley para destruir la vida de cuatro futbolistas y esclavizar la voluntad de una joven empleada. El Congreso, mientras tanto, delibera. Pero la deliberación parlamentaria no va a resolver este caso. Lo van a resolver las pericias, las indagatorias y, eventualmente, la primera colaboración de un co-imputado que decida hablar.
MAFIA PARAESTATAL · Serie investigativa de eltucumano.com
Archivo completo de la serie: eltucumano.com/secciones/77/mafia-paraestatal
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Fuentes documentales: Oficio juez Díaz Martínez a Cámara de Diputados, Expte. 23/2026 · Dictamen fiscal 269/2025 · Proyecto de resolución diputada Lemoine · Pericias UFED causa S-020390/2024 · Auditoría Tribunal de Cuentas de Tucumán (vía La Nación, 11/03/2026) · Declaraciones públicas de Cisneros en Radio Mitre y Tendencia de Noticias, 10-12/03/2026 · Tweets de Lemoine, Villaverde y Giudici, 12/03/2026.