Tras la publicación de eltucumano.com, las autoridades de la institución presentaron una denuncia penal contra Adrián Arregui, y un entramado de abogados y médicos. Documentos internos de la institución fechados el 13 de marzo de 2026 proyectaban una condena de hasta $1.400 millones. Semanas después, la nueva intervención denunció penalmente al exjugador.
Antonio Bustamente y Guillermo Norry, subinterventor e interventor de la CPA. Captura de video.-
El pasado sábado, eltucumano.com informaba a los tucumanos que La Caja Popular de Ahorros enfrentaba una demanda por más de $1400 millones de Adrián Arregui, exjugador de San Martín de Tucumán, quien reclama daños por una supuesta incapacidad derivada de una lesión en 2019. La irregularidad estalla por una declaración jurada presentada por el propio Club San Martín en enero de 2026, con la firma del actual mandatario Oscar Mirkin. En dicho documento, la institución deportiva admite que, si bien celebró contratos con la ART de la CPA para su personal registrado, "NUNCA se incorporó a los futbolistas ni integrantes del cuerpo técnico", ya que estos poseen su propia cobertura a través de la institución madre del fútbol argentino.
Lo que la nueva intervención encontró al revisar el expediente interno lo dice todo: la propia Asesoría Letrada de la CPA había solicitado, con carácter de TRAMITE URGENTE, la póliza de seguro del demandante y la copia del contrato entre PopulART y San Martín. No los encontró. La institución enfrentaba un juicio millonario sin poder acreditar que la relación aseguradora existía.
Por este motivo, las flamantes autoridades de la CPA, el interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante, presentaron el lunes una denuncia penal "con el fin proteger el patrimonio provincial" ante lo que consideran un "juicio ilegal e ilegítimo".
Esa denuncia no surgió de la nada. El 13 de marzo de 2026, la Gerencia del Departamento Asegurador emitió un informe interno —firmado por la abogada M. del Milagro Albornoz, el Gerente ART Francisco Concilio, el abogado Jorge Gustavo Gómez y la Gta. Cristina Leiro— dirigido al Sub Asesor Letrado Dr. Luis Alejandro Medina, donde diagnosticaba con precisión: "estamos frente a una sentencia CONDENATORIA INMINENTE en primera instancia de más de $450.000.000 a cargo de Caja Popular". Y advertía que, si la actora apelaba, la Cámara aplicaría RIPTE más tasa activa, llevando el monto a entre $1.200.000.000 y $1.400.000.000. La recomendación era intentar conciliar por no menos de $450 millones, pagadero en cuotas. La denuncia penal fue la respuesta a ese diagnóstico.
Este jueves, Norry y Bustamante encabezaron una conferencia de prensa donde explicaron las razones de la denuncia y señalaron que uno de los puntos más críticos es que el jugador nunca estuvo asegurado por la institución. Al respecto, el interventor fue tajante: "Este jugador no tiene póliza con la Caja Popular. Habida cuenta de que San Martín en algún momento nos informó que no tiene asegurado ningún jugador en la ART, creemos que esto configura o podría configurar una asociación ilícita y cuidemos el buen honor de los que no tienen nada que ver con esta situación". Además, explicaron que los contratos de los futbolistas suelen ser de carácter civil y no laboral, por lo que "Arregi nunca estuvo vinculado con la Caja y la Caja no tiene por qué brindarle ni pagarle ninguna indemnización".
Asimismo, denunciaron una flagrante contradicción entre la supuesta incapacidad y la realidad deportiva del demandante. Mientras un médico le otorgó un 45% de incapacidad para "inflar la indemnización", las autoridades recordaron que "Arregi nos hace la denuncia en octubre del 23 y estaba tan incapacitado que inmediatamente se va a Alianza Lima a jugar la Copa Libertadores".
El mismo informe interno del 13 de marzo consignaba otro dato relevante: la audiencia de alegatos ante el Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3 —Expediente N° 32799, Siniestro ART N° 77149— estaba fijada para el 24 de abril de 2026 a las 8:30. La CPA llega a esa audiencia con una denuncia penal activa contra quien la demanda.
La denuncia penal también se centra en la gestión anterior que contrató al estudio jurídico Iezzi y Varone Asociados en Buenos Aires, por haber dejado a la CPA en una "indefensión total" al no responder la demanda ni presentar la falta de competencia de jurisdicción. "Nos parece muy raro e irregular que un estudio jurídico del prestigio de Iezzi y Varone Asociados no conteste demanda y la justificación es que por un error involuntario", señalaron las autoridades, sugiriendo una posible connivencia entre las partes.
El informe interno del 13 de marzo ya señalaba que el estudio jurídico a cargo del proceso había dejado vencer términos sin contestar la demanda, y que la institución debía prepararse para "las previsiones pertinentes para el ofrecimiento de embargo voluntario" ante la condena inminente.
El abogado patrocinante de la Caja, Gonzalo Guerra, detalló que la presentación judicial se realizó ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos bajo la figura de asociación ilícita. Guerra afirmó: "Hemos denunciado formalmente actos de corrupción, en palabras sencillas, un entramado que parte del jugador de fútbol Arregi... con connivencia de personas que están dentro de la administración o también por fuera".
Finalmente, la institución notificó formalmente al club San Martín de Tucumán, advirtiendo que ellos son los responsables directos de la relación contractual con el jugador. Las autoridades aseguraron que, ante una eventual sentencia adversa en Buenos Aires, accionarán contra el club: "Si por alguna razón hay una condena, vamos a ejercer el derecho de repetición de todo el dinero que deba pagar la Caja".