El estudio jurídico Iezzi & Varone, capitaneado por Gabriel Iezzi —columnista de Eduardo Feinmann y amigo personal del diputado y magnate de medios Carlos Cisneros— dejó a la entidad provincial en una situación de "indefensión total" al omitir contestar la demanda y no cuestionar la jurisdicción en el juicio que el exfutbolista de San Martín de Tucumán, Adrián Arregui, inició contra la CPA en octubre de 2023 en el Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3. Bajo la gestión del exinterventor José Díaz, bajo control absoluto de La Bancaria, el buffet porteño facilitó una maniobra que proyecta un perjuicio de $1.400 millones por un seguro que, según documentos oficiales, nunca existió. La trama de una presunta asociación ilícita donde los defensores del Estado actuaron como socios del demandante.
Carlos Cisneros, Sergio Palazzo y Gabriel Iezzi, de chaleco, en un acto de La Asociación Bancaria.-
Según la web de su estudio de abogados, Gabriel Iezzi es "Miembro de Asociación Americana de Examinadores de Fraude".-
Gabriel Iezzi, el mediático abogado penalista, columnista de Eduardo Feinmann en Radio Mitre y autoproclamado especialista en "examinar fraudes", se encuentra hoy en el epicentro de un escándalo que podría costarle al Estado tucumano hasta $1.400 millones. Su estudio, Iezzi y Barone, contratado durante la gestión de José Díaz bajo la órbita de su "amigo personal", magnate de medios y capo de La Asociación Bancaria, Carlos Cisneros, dejó a la Caja Popular de Ahorros (CPA) en una situación de "indefensión total" al no contestar la demanda ni plantear la incompetencia de jurisdicción en el juicio del futbolista Adrián Arregui. Esta "negligencia" técnica, que el buffet justificó cínicamente como un "error involuntario", facilitó que un reclamo por un jugador que "NUNCA" estuvo asegurado por la institución avanzara sin resistencia hacia una condena inminente, en lo que la nueva intervención de la CPA ya denunció como una asociación ilícita.
Mientras Iezzi —graduado en la Universidad de Buenos Aires, exdocente de Derecho Penal en esa casa de estudios y en la Escuela Superior de Policía Federal, que se especializa en derecho penal empresarial y defensa de compañías en causas complejas— resalta en redes sociales su amistad con Cisneros —imputado por trata de personas derivada de la falsa denuncia de violación en manada en el caso Vélez— y participa en actos oficiales de La Bancaria junto al secretario general Sergio Palazzo, su estudio jurídico "olvidó" defender el patrimonio de los tucumanos en el expediente N° 32799 del Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3 iniciado en octubre de 2023. Esta inacción fue blindada internamente por la Dra. Patricia Neme, abogada de confianza de Cisneros y de la CPA, quien en su Dictamen 31351 minimizó la gravedad de la desprotección legal de Iezzi y Varone, recomendando apenas "ajustar los controles en lo sucesivo" mientras el organismo se encaminaba a un desembolso millonario indebido.
El vínculo entre el buffet porteño y los excontroladores de la CPA no es una relación profesional convencional, sino una alianza de afectos y negocios compartidos que se exhibe sin pudor en las redes sociales. Gabriel Iezzi, socio principal del estudio y mediático penalista, no oculta su amistad íntima con "el amigo @cisneros_tuc", a quien respaldó desde Buenos Aires públicamente en sus campañas políticas, deportivas y mediáticas. Esta cercanía, que incluye apariciones conjuntas en entrevistas con Eduardo Feinmann y lanzamientos de proyectos de ley con Sergio Palazzo y el gremio, explica por qué un estudio de semejante trayectoria y especialización en "fraudes" cometió errores que casi provocan un desfalco al dinero de todos los tucumanos.
Además de esta cercanía, Iezzi posee una profunda relación profesional de larga data con el gremio bancario nacional, lo que sitúa su labor legal en un marco de estrecha confianza con el entorno del dirigente. La conexión entre ambos se materializó en actos de alto perfil político y legislativo, como ocurrió en noviembre de 2025 durante la presentación del Proyecto de Ley Nacional “El Deber de Buscar”. En esa ocasión, Iezzi apareció en publicaciones oficiales de La Bancaria junto a Cisneros y Palazzo. Las publicaciones a lo largos de los años muestran que este tipo de iniciativas fueron utilizadas para "disfrazar de buenas intenciones" lo que en realidad escondería una red de "oscuros negocios" vinculados al poder que Cisneros ejerció sobre la Caja Popular de Ahorros durante tres décadas.
Desde su plataforma mediática como columnista en Radio Mitre, Iezzi actuó como un defensor de los intereses del círculo "cisnerista", manteniendo un "silencio de misa" sobre las graves acusaciones de asociación ilícita que pesan sobre su amigo y la abogada Patricia Neme, mientras el abogado se posiciona críticamente contra las denuncias que afectan a Cisneros. Esta trama de protección se complementa con la "condescendencia" mediática de figuras del periodismo nacional que otorgan a Cisneros una visibilidad desproporcionada para el empresario dueño de medios, según confesó en una entrevista a principios de marzo en el sitio Tendencia de Noticias, uno de sus medios adictos. Asimismo, Iezzi celebró en 2021 el triunfo electoral de Rubén Moisello en San Martín de Tucumán, un aliado clave en ambos lados del mostrador —en la CPA y como presidente del Santo— y cuya gestión facilitó la contratación del estudio para representar a la institución provincial.
En 2023, la Caja Popular de Ahorros presentó una denuncia penal contra los abogados que representaban a más de cincuenta familias de empleados estatales muertos por COVID-19. Los trabajadores habían cotizado durante años a PopulART —la ART obligatoria del Estado provincial, con más de 141.000 afiliados sin posibilidad de elegir otra aseguradora— para tener cobertura exactamente ante esa contingencia. La Caja no pagó. Denunció a sus abogados por "defraudación contra la administración pública". El entonces interventor José Díaz explicó al diario La Gaceta que los letrados alteraban fechas de trabajo y causas de muerte para simular fallecimientos en servicio. Los organismos que habían suscripto las denuncias originales —el Ministerio de Educación, municipalidades, comunas rurales, la Policía de Tucumán— eran dependencias del propio Estado cuyos trabajadores la CPA tenía la obligación de cubrir. En esta cruzada, Iezzi, desde Buenos Aires, también bancó a la gestión de La Bancaria.
También, el pasado 12 de marzo, Cisneros utilizó el espacio de su "amigo" en Radio Mitre, para negar las acusaciones en su contra tras su denuncia por trata de personas y de paso seguir acusando de violadores a los jugadores de Vélez, que a fines del 2025 fueron sobreseidos por la falsa denuncia de violación en manada que derivó en la causa Vélez.
La negligencia del estudio jurídico Iezzi y Varone Asociados, contratado durante la gestión de José Díaz —exnterventor que operaba bajo las órdenes directas de Cisneros—, consistió en dejar a la Caja Popular de Ahorros (CPA) en una situación de "indefensión total" al omitir acciones procesales básicas en el juicio iniciado por el futbolista Adrián Arregui. Específicamente, el buffet no contestó la demanda dentro de los plazos legales y no planteó la falta de competencia de jurisdicción ante el Tribunal del Trabajo N° 3 de Quilmes, permitiendo que el proceso avanzara sin ningún tipo de oposición o defensa por parte de la institución provincial.
Los letrados del estudio justificaron estas omisiones como un "error involuntario", una explicación que las actuales autoridades de la CPA, encabezada por Guillemo Norry y Antonio Bustamante, califican de "muy rara e irregular" para profesionales de su trayectoria. Esta falta de actividad procesal fue tan grave que los propios informes internos de la Caja diagnosticaron una "sentencia condenatoria inminente", ya que la institución no pudo acreditar en el expediente que el jugador nunca estuvo asegurado, una realidad que el club San Martín confirmó en enero de 2026.
Cronología del desfalco del dinero de todos los tucumanos
La cronología del casi desfalco comenzó en octubre de 2023, cuando Arregui presentó su demanda contra la Caja Popular por una lesión en el ojo en febrero de 2019 cuando defendía los colores del Ciruja. El estudio Iezzi y Varone asumió la representación de la CPA en la causa. Lo que siguió fue una sucesión de omisiones fatales: el buffet dejó vencer los términos legales sin contestar la demanda y omitió plantear la falta de competencia territorial del tribunal de Quilmes, permitiendo que un caso tucumano se juzgara en Buenos Aires sin oposición alguna. Cuando el escándalo interno estalló, la respuesta de Iezzi fue tan lacónica como inverosímil: se trató de un "error involuntario", una excusa que las actuales autoridades, Guillermo Norry y Antonio Bustamante, calificaron de "muy rara e irregular".
Este "error" no fue un hecho aislado, sino que contó con un blindaje interno del que fue partícipe la Dra. Patricia Neme, abogada de confianza de Cisneros y de la Asociación Bancaria. El 12 de diciembre de 2025, Neme emitió el Dictamen 31351, una pieza jurídica de antología dedicada a normalizar la desprotección. En lugar de denunciar la mala praxis de Iezzi y Varone que ya se proyectaba una condena de $1.400 millones, Neme minimizó el daño recomendando simplemente "ajustar los controles en lo sucesivo". Con una frialdad administrativa pasmosa, la abogada —hoy imputada federal por trata de personas y asociación ilícita— excluyó de su análisis la verificación de la póliza de Arregui, alegando que era una "cuestión comercial" ajena a su competencia, a pesar de que la inexistencia de ese contrato era la llave para ganar el juicio.
El dictamen tiene cuatro movimientos que merecen leerse en secuencia. Primero: Neme declaró que la dimensión comercial y económica del caso estaba fuera de su competencia. La pregunta de si el jugador tenía cobertura —la única que podía detener el juicio— es una pregunta comercial. Neme la excluyó por declaración expresa, no por ignorancia. Segundo: recomendó continuar la defensa. Sin urgencia, sin instrucción específica sobre la ausencia de póliza, sin marcar el problema de fondo que el informe de noviembre ya había descripto. Tercero: sobre la indefensión generada por el estudio Iezzi y Varone al no contestar la demanda, Neme aconsejó "ajustar los controles en lo sucesivo". Una recomendación de mejora futura para un daño ya consumado que había dejado a la CPA sin defensa ante un juicio de $1.400 millones. Cuarto: explicó la brevedad del análisis. La gestión le había sido remitida "unos días antes de la referida audiencia" —casi con certeza la audiencia del 23 de diciembre en el caso Parache— y no había tiempo suficiente para un análisis profundo. El expediente Arregui llegó a su escritorio cuando tenía la cabeza en otra causa. Cerró la carpeta del juicio mayor de la CPA con la frase "es mi opinión" y una firma.
El entramado se cierra con la figura de Rubén Bautista Moisello, quien durante este período ocupaba dos cargos incompatibles: era Coordinador General del Casino de Tucumán —designado por Cisneros y Díaz— y simultáneamente presidente del Club San Martín, la entidad que impulsaba las demandas de sus jugadores contra la Caja. Bajo esta estructura de "doble agente", el 3 de mayo de 2024, el lateral izquierdo Santiago Tomás Basualdo —categoría 2004, formado en San Martín, con contrato profesional desde 2023— sufrió una lesión compleja de rodilla. Se abrió el Siniestro N° 104525 en la ART de la CPA. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinó una Incapacidad Permanente Parcial Definitiva del 7,20%. El Departamento de Prestaciones calculó la indemnización. La Gerencia Financiera tomó conocimiento del monto. La Asesoría Letrada de la institución emitió su dictamen en mayo de 2025:
No se verificó si el jugador figuraba en la nómina de asegurados. No se pidió el contrato de cobertura. No se consultó al club. La Asesoría Letrada —cuyo firmante está identificado en el expediente físico— no encontró objeciones. Se pagó.
Ocho meses después de dar luz verde al pago de Basualdo, en enero de 2026, el actual presidente de San Martín, Oscar Mirkin, presentó una declaración jurada ante la CPA que parecía poner fin a la controversia: "NUNCA se incorporó a los Futbolistas ni Integrantes de Cuerpo Técnico" a la cobertura de la institución, ya que estos poseen su propia póliza a través de la AFA. "(...) La institución que represento celebró con vtra institución a los fines de brindar la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo a nuestro personal registrado. En tal sentido se acordó la cobertura del personal que desempeña tareas normales y habituales en las instalaciones tanto en el Estadio como en el Complejo Deportivo de nuestra propiedad. Pero NUNCA se incorporó a los Futbolistas ni Integrantes de Cuerpo Técnico que representan al Club en los distintos campeonatos en que participamos por cuanto tienen su propia cobertura a través de la institución madre del Fútbol Argentino. A efectos de demostrar dicha situación acompañamos DDJJ F 931 de ARCA, por los periodos 06/2.018 a 12/2023 en formato PDF y DDJJ F 931 por los periodos 01/2024 a 12/2025 con sus correspondientes nóminas de personal capitado, que coinciden con el personal declarado como beneficiarios de la cobertura contratada. Asimismo desde el próximo periodo les haremos llegar junto con el F 931 Arca, la nómina de los beneficiarios que mes a mes gozaran de cobertura (...)", expresó Mirkin en su descargo.
Oscar Simón Mirkin — Presidente Club Atlético San Martín AC — Declaración jurada ante la CPA — 26 de enero de 2026.-
El jugador que cobró $11,2 millones nunca estuvo asegurado. El hombre que presidía el club al momento del siniestro era empleado de la institución pagadora. Cuando ese hombre se fue y llegó uno ajeno a la red, la verdad que ningún área de la CPA había verificado quedó documentada bajo juramento en veintiséis días.
Para marzo de 2026, la capitulación de la CPA era total. Informes internos firmados por gerentes de la gestión anterior, como Francisco Concilio y Jorge Gómez, diagnosticaban una "sentencia condenatoria inminente" y, ante la indefensión generada por Iezzi y Varone, recomendaban una medida inaudita: preparar las previsiones para un "embargo voluntario" de los fondos públicos provinciales para pagarle a Arregui. La Caja Popular se disponía a autoembargarse para pagar una deuda inexistente a un futbolista que tras su paso por San Martín llegó a jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima de Perú, mientras alegaba un 45% de incapacidad ante los tribunales.
La inacción tuvo fecha de vencimiento externa. El sábado 4 de abril de 2026, eltucumano.com publicó la primera investigación sobre el esquema. El lunes 6 de abril, el interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante presentaron la denuncia penal por asociación ilícita ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. El caso Basualdo se había pagado en mayo de 2025 sin denuncia. El expediente Arregui había llegado a marzo de 2026 con propuesta de embargo voluntario, sin denuncia. La denuncia llegó cuarenta y ocho horas después de la publicación periodística. El abogado patrocinante de la Caja, Gonzalo Guerra, fue categórico al señalar que se denunció un entramado que parte del jugador Arregui con la "connivencia de personas que están dentro de la administración y también por fuera".
Las personas "dentro de la administración" tienen nombre en los documentos. Neme firmó el Dictamen 31351 sobre el caso Arregui. Díaz recibió la comunicación personal de Neme sobre la relevancia del juicio. Moisello coordinó el Casino y presidió el club. Iezzi y Varone no contestó la demanda. Y el informe del 28 de noviembre de 2025 estaba en fojas 166 cuando Neme revisó el expediente. Nadie usó lo que tenía para cambiar el curso.
El próximo 24 de abril, la CPA se presentará a la audiencia de alegatos en Quilmes, pero esta vez no para ofrecer un embargo voluntario, sino para impugnar el "error" de Iezzi y Varone que pretendió convertir un seguro fantasma en un escandaloso saqueo judicial a las arcas tucumanas.