La Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó el recurso de casación de la empresa Tecno Agro Vial, confirmando la nulidad de la concesión otorgada durante la gestión de Germán Alfaro por irregularidades en el pliego y la "irrazonabilidad" del canon económico. El fallo habilita al municipio a realizar una nueva licitación por el servicio.
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La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso punto final a la controversia judicial sobre el Servicio de Estacionamiento Medido y Pago (SEMyP) de la capital al rechazar el recurso de casación interpuesto por la empresa Tecno Agro Vial UTE. Con el voto de los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, el tribunal ratificó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había declarado la nulidad del Decreto N° 4.711/21 y del contrato de concesión suscripto en 2022. La resolución judicial confirma que el proceso de adjudicación estuvo viciado desde su origen, principalmente porque una de las empresas integrantes de la unión transitoria se encontraba en concurso preventivo al momento de presentar su oferta, una condición expresamente prohibida por el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
El conflicto se remonta a julio de 2021, cuando la administración del entonces intendente Germán Alfaro adjudicó el servicio tras dos intentos fallidos de licitación pública. La puesta en marcha del sistema a mediados de 2022 generó un fuerte rechazo social y derivó en un amparo colectivo promovido por el Defensor del Pueblo, la organización de consumidores Fodecus y grupos de cuidacoches. Los demandantes cuestionaron no solo la legalidad de la adjudicación, sino también el impacto del servicio sobre los usuarios y trabajadores informales. El servicio funcionó apenas unos meses antes de ser suspendido por una medida cautelar en agosto de 2022, situación que se mantuvo hasta este pronunciamiento definitivo de la Corte.
El contrato firmado por la gestión alfarista con Tecno Agro Vial UTE, establecía que la firma se llevaba el 85% de lo recaudado, mientras que el 15% restante iba a las arcas municipales.
Uno de los puntos clave del fallo radica en la precisión jurídica sobre el estado concursal de Tecno Agro Vial S.A.. Mientras que la empresa argumentaba que su proceso preventivo había concluido con una sentencia de homologación años atrás, la Justicia determinó que, según la ley de concursos y la jurisprudencia local, la condición de "concursado" solo cesa con la sentencia que declara el cumplimiento total del acuerdo, algo que en este caso ocurrió recién en marzo de 2022, meses después de la firma del contrato. Además, la Corte validó el criterio de que la empresa violó el principio de buena fe al omitir declarar esta situación al momento de ofertar.
Otro aspecto determinante para la anulación del contrato fue la falta de razonabilidad económica en el acuerdo. El sistema preveía que la empresa privada se quedara con el 85% de la recaudación total, dejando solo un 15% para las arcas municipales. Los magistrados señalaron que no existió un análisis técnico previo que justificara que semejante distribución fuera conveniente para el municipio o guardara relación con la inversión empresarial requerida. Esta desproporción fue calificada como una falta de transparencia y razonabilidad en el manejo de los recursos públicos de la ciudad.
Con la confirmación de la nulidad, la actual gestión municipal, encabezada por la intendenta Rossana Chahla, manifestó el año pasado su intención de diseñar un sistema de estacionamiento completamente nuevo. El ahora exsecretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, ─reemplazado a principios de semana por Carlos Arnedo─ anticipó en junio del 2025 que el municipio convocaría a equipos técnicos para trabajar en un esquema apoyado en herramientas tecnológicas que permita ordenar el tránsito de forma ágil y segura. "El objetivo del nuevo proyecto es modernizar el microcentro, reducir la contaminación y formalizar la situación de los sectores que actualmente realizan el cobro de manera informal en las calles", explicó Nieva en una entrevista. La idea del municipio era lanzar una licitación pública transparente, tomando como referencia modelos exitosos de otras grandes ciudades argentinas para evitar repetir los errores jurídicos y económicos que llevaron al fracaso del sistema anterior.