Brenda Deroy, secretaria de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, brindó detalles sobre el avance de las causas por intimidación pública en instituciones educativas. Confirmó la realización de allanamientos y el secuestro de teléfonos, aclarando que por el momento no hay personas aprehendidas por orden judicial.
Foto: Ministerio de Educación.
Brenda Deroy dialogó con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana, programa emitido por FM latucumana 95.9, para analizar la ola de amenazas de tiroteo que ha afectado el normal desarrollo de las clases en diversos colegios y escuelas de la provincia.
Durante la entrevista, la funcionaria explicó que, por una decisión institucional, desde el pasado viernes todas las denuncias fueron derivadas a la Unidad de Delitos Complejos, a cargo de la doctora Mariana Rivadaneira. "Ahora actualmente tenemos más de 80 denuncias recepcionadas de distintas instituciones", precisó Deroy al describir la magnitud de una problemática que ha generado una profunda preocupación en toda la comunidad.
La secretaria detalló que el Ministerio Público Fiscal ha practicado diversas medidas que incluyen la intervención en los establecimientos con la colaboración de los directivos para preservar los lugares donde se escribieron las amenazas, generalmente baños o pasillos. Con el apoyo del personal del ECIF, se realizó el resguardo de evidencia fílmica y fotográfica, además de recolectar testimonios de mayores de edad. Deroy confirmó que se llevaron a cabo allanamientos con orden judicial del doctor Federico Moeykens, quien intervino por tratarse de menores de edad involucrados en los hechos. "Se ha direccionado el pedido del requerimiento de la fiscalía a un juez de menores siempre teniendo como norte que se encuentran en juego los derechos de los menores de edad", remarcó en FM latucumana 95.9.
Respecto a la situación de posibles detenciones, la funcionaria aclaró que hasta el momento no se han dictado órdenes de aprehensión por parte de la fiscalía contra progenitores ni menores. Desmintió versiones sobre detenciones formales ocurridas durante el fin de semana, explicando que el caso de un padre que circuló en redes sociales se trató de una demora preventiva policial para averiguación de antecedentes. Sobre las hipótesis que maneja la investigación, Deroy señaló que no se descarta que existan mayores de edad detrás de las intimidaciones o que se trate de un fenómeno de redes sociales. "Se baraja la posibilidad de que sea un reto viral para eso tenemos trabajando personal del ECIF en la investigación de redes abiertas", indicó, mencionando que oportunamente se realizará el peritaje de los teléfonos secuestrados.
Finalmente, la secretaria de Delitos Complejos advirtió que la investigación penal continúa con sigilo y prudencia debido a que los procesos comprometen a menores. Aunque su unidad se especializa en el ámbito penal, recordó que los padres o tutores no quedan exentos de la responsabilidad civil por las acciones de sus hijos. "Lamentablemente esto ha repercutido en el horario lectivo de los chicos en los días normales de clase", concluyó en FM latucumana 95.9, asegurando que la fiscalía continúa trabajando sobre las noticias criminis que se reciben de forma inmediata a través de la policía.