Ante una ola que ya suma cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteos y hechos de violencia, el gobernador Osvaldo Jaldo exigió detenciones y expulsiones inmediatas, mientras el Ministerio de Educación articula estrategias preventivas para evitar la judicialización de los conflictos. El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación de "retos virales".
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La provincia de Tucumán atraviesa una situación crítica en su sistema educativo debido a una reciente oleada de amenazas de tiroteos y actos de violencia en diversos establecimientos, fenómeno potenciado por el uso de redes sociales. Según registros oficiales, ya se han recepcionado más de 80 denuncias en distintas instituciones, lo que ha generado una profunda preocupación en toda la comunidad educativa y ha afectado el normal desarrollo del ciclo lectivo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se manifestó con dureza ante esta problemática, reclamando a la Justicia y a las escuelas actuar con "firmeza y severidad". El mandatario fue tajante al señalar que los alumnos responsables de amenazas o que porten armas en las aulas deben ser detenidos y expulsados de las instituciones de manera inmediata. "No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado", advirtió Jaldo, subrayando que se debe actuar antes de que ocurra un hecho lamentable.
Para respaldar esta postura, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto N° 772/7, el cual autoriza la aprehensión de los alumnos que participen en actos de inconducta y su posterior traslado al instituto de menores Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, la normativa establece la responsabilidad penal y civil de los padres y advierte que las escuelas podrían perder los subsidios estatales si no garantizan el cuidado de los estudiantes. Jaldo criticó casos recientes donde menores que portaban armas blancas o de fuego (como un revólver calibre 38 o una navaja) fueron enviados a sus casas sin mayores consecuencias.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), la secretaria de Delitos Complejos, Brenda Deroy, confirmó que todas las denuncias fueron derivadas a la Unidad de Delitos Complejos, bajo la dirección de la doctora Mariana Rivadaneira. Deroy detalló que se están realizando intervenciones en los colegios para preservar evidencia en baños y pasillos, con el apoyo del ECIF para el resguardo de filmaciones y peritajes de teléfonos secuestrados.
Hasta el momento, aunque se han realizado allanamientos con orden del juez de menores Federico Moeykens, no se han dictado órdenes de aprehensión contra padres o menores. La funcionaria aclaró que una de las principales hipótesis es que se trate de un "reto viral", aunque no se descarta la participación de adultos detrás de las intimidaciones. Asimismo, Deroy recordó que, más allá del proceso penal que involucra a menores, los tutores no están exentos de la responsabilidad civil por los daños causados.
En paralelo a la vía judicial, la ministra de Educación, Susana Montaldo, convocó a especialistas para diseñar estrategias de prevención que aborden el clima escolar desde una perspectiva integral. En una mesa de trabajo que incluyó al subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; y la referente del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI), Marcela Juárez Sánchez, el experto en justicia penal juvenil, Federico Moeykens; y la profesora de la Facultad de Psicología de la UNT, Lic. Silvina Cohen Imach, se planteó la necesidad de evitar la judicialización de los conflictos adolescentes a través de la justicia restaurativa.
El doctor Moeykens propuso un cambio de enfoque: "Debemos pensar a la escuela como embajada de paz", donde el aula sea un territorio para el diálogo y la resolución pacífica. Por su parte, la Lic. Cohen Imach advirtió sobre la gravedad de las formas de comunicación actuales entre jóvenes y la importancia de trabajar con padres y docentes para gestionar la violencia institucional antes de que escale al sistema penal. Como parte de estas acciones, el Ministerio anunció la realización de un congreso para la primera semana de junio, orientado a la formación en convivencia y abordaje de conductas disruptivas digitales y presenciales.