Eugenia Ponce, pedagoga y directora del Servicio de Integración Escolar del Centro Educativo Terapéutico CETINNE, expuso un cuadro de situación crítico en el sector de profesionales que trabajan en el área de discapacidad. Pagos atrasados, aranceles bajos y una creciente precarización son las consecuencias más palpables del desfinanciamiento. “Los chicos pierden estimulación, contenidos y avances".
Eugenia Ponce en los estudios de La Tucumana FM.
La situación de las personas con discapacidad en Argentina atraviesa un momento crítico pese a la sanción, el año pasado, de la Ley de Emergencia que prometía mejorar las condiciones del sector. Así lo advirtió Eugenia Ponce, pedagoga y directora del Servicio de Integración Escolar del Centro Educativo Terapéutico CETINNE, en una entrevista con La Tucumana FM 95.9. La profesional señaló que, en la práctica, la normativa “no se materializó” y que los avances esperados no se ven reflejados en la realidad cotidiana.
Según explicó, persisten los pagos atrasados y aranceles bajos que afectan directamente a los profesionales del sector. Esta situación, aseguró Ponce, genera renuncias, pérdida de calidad en las prestaciones y una creciente precarización del sistema, donde cada vez resulta más difícil sostener equipos especializados. “Se van profesionales y se reemplazan por personas con menos experiencia”, fustigó, marcando el impacto directo en la atención de los pacientes.
El cuadro se agrava si se contempla, además, la demora en la aprobación de tratamientos por parte de las obras sociales. Mientras que en años anteriores los procesos se resolvían hasta el mes de febrero, actualmente muchas familias siguen esperando la autorización de las terapias. Como consecuencia, numerosos niños no acceden a tratamientos esenciales o dependen de que sus familias puedan costearlas de manera particular.
La falta de cobertura también afecta al transporte y al acompañamiento escolar, dejando a muchos chicos directamente fuera del sistema educativo. El impacto de estas demoras es profundo, enfatizó Ponce. La interrupción de terapias durante meses implica retrocesos significativos en el desarrollo de los niños.
“Son chicos que pierden estimulación, contenidos y avances. Después es muy difícil recuperar ese tiempo”, explicó la pedagoga, quien también señaló la falta de articulación con algunas instituciones educativas, lo que profundiza la exclusión.
En paralelo, el nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional genera preocupación en el sector. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la posible eliminación del nomenclador que regula las prestaciones, la exigencia de reempadronamiento para acceder a pensiones y la incompatibilidad entre estas y el empleo formal. Para Ponce, estas medidas no solo restringen derechos, sino que además instalan una mirada que pone en duda la legitimidad de las personas con discapacidad, “como si tuvieran que demostrar constantemente su condición”.
Finalmente, la especialista advirtió sobre un problema más profundo: la falta de conciencia social. Señaló que las personas con discapacidad siguen siendo invisibilizadas y que el desgaste de años de lucha comienza a sentirse entre profesionales y familias. “Hay cansancio y desilusión, pero seguimos porque es una tarea que implica vocación y compromiso”, sostuvo. En ese sentido, hizo un llamado a la sociedad a involucrarse y reflexionar sobre la importancia de garantizar condiciones dignas, inclusión real y calidad de vida para una población altamente vulnerable.
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