El doble sueldo "fantasma" de José César Díaz no es un episodio aislado. El Tribunal de Cuentas de Tucumán lo declaró nulo con calificación de "desviación de poder", lo cuantificó en un perjuicio fiscal estimado superior a $700 millones y derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público". La Gaceta —principal destinatario provincial de la pauta publicitaria de la Caja Popular y de las instituciones que conduce Carlos Cisneros— no publicó una sola línea en la semana siguiente al Acuerdo N° 1348. El silencio es la pieza más reciente del dispositivo que el diputado nacional y conductor de La Bancaria montó sobre la Caja Popular durante casi tres décadas: designaciones discrecionales sin concurso, primas multimillonarias por seguros sin póliza mientras se negaba la cobertura a familias de empleados muertos por COVID, sueldos pagados sin trabajo realizado, mercadería social desviada hacia campañas políticas, vínculos con la red histórica del juego ilegal junto a la familia Ale y al empresario Roberto Sagra, y una operación de hostigamiento al periodismo que documenta —cuatro acciones SLAPP contra eltucumano, pancartas callejeras y la marcha del 7 de mayo de La Bancaria con consignas dirigidas a periodistas y al juez Paz Almonacid, ninguna contra los acusados de la denuncia que la marcha decía defender—. La definición clásica de mafia describe una organización criminal jerárquica que opera con código de silencio, vínculos de parentesco, infiltración en la economía legal y en la política, y uso de la intimidación contra quienes la documentan. El cuadro que esta serie viene registrando reúne todos esos elementos. El doble sueldo de Díaz que La Gaceta hoy oculta a sus lectores es uno más.
Díaz, al centro, recibe indicaciones del "líder" de la mafia paraestatal y dueño de La Gaceta.
A una semana de que el Tribunal de Cuentas (TC) emitiera el Acuerdo N° 1348, el histórico diario La Gaceta no publicó una sola nota sobre las irregularidades que el organismo de control sacó a la luz. El diario más influyente de Tucumán evitó mencionar lo que el TC define como una "nulidad absoluta e insanable" en la Caja Popular de Ahorros (CPA): la designación irregular de José César Díaz en la planta permanente, una maniobra diseñada para blindar su futuro laboral tras su paso por la gestión política y que costó a todos los tucumanos un perjuicio fiscal estimado superior a $700 millones.
El documento, firmado por los contadores Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, contiene todos los elementos de una noticia de portada: nulidad absoluta declarada, perjuicio fiscal millonario, derivación al Ministerio Público Fiscal, dos funcionarios identificados —uno de ellos legislador en ejercicio y cuñado del diputado nacional Carlos Cisneros— y una cadena de mandos que llega al ex gobernador Juan Manzur.
El 21 de junio de 2023, el entonces subinterventor de la CPA (hoy legislador y cuñado del sindicalista empresario Carlos Cisneros) Hugo Guillermo Ledesma firmó la Resolución N° 494/23 para nombrar a su propio jefe José Díaz como Subgerente General Adscripto (Nivel 3). Según el Tribunal, esta acción fue una "desviación de poder" que buscaba asegurar un beneficio personal por encima del interés público, utilizando facultades administrativas para fines ajenos a la ley.
El punto más grave del Acuerdo —y el que explica por qué la "vacancia automática" se convirtió en eje de la auditoría— es lo siguiente. El Artículo 9° de la Constitución de Tucumán es claro:
"Ningún funcionario o empleado de la Provincia puede acumular dos o más empleos a sueldo dentro de la administración pública. La aceptación del segundo cargo produce la vacancia automática del primero."— Constitución de la Provincia de Tucumán, Art. 9°
Al aceptar la designación como Subgerente General Adscripto el 21 de junio de 2023, Díaz dejó legalmente de ser interventor de la CPA. Sin embargo, continuó firmando resoluciones, manejando fondos públicos y tomando decisiones institucionales hasta enero de 2026, cuando la cúpula cisnerista fue desplazada por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El silencio tiene precedentes documentados
En mayo del año 2000 se produjo la quema de una edición completa de La Gaceta. El actual diputado nacional Carlos Cisneros admitió su rol en una entrevista con el portal TDN reproducida entonces por el diario La Nación. La operación tuvo a la familia Ale como protagonista directa. En aquella declaración, Cisneros lo formuló así:
"Yo estaba con los trabajadores. Yo estaba con los trabajadores, pero no era el único involucrado apoyando a los canillitas. (...) Los canillitas confiaban tanto en mí que cuando se firmó el acuerdo para mantener el statu quo, la paz social con los trabajadores y todo lo demás, los canillitas me delegaron la responsabilidad a mí, al administrador del diario en ese momento, al doctor José Ricardo Falú y al ex gobernador Julio Miranda."— Carlos Cisneros · entrevista con TDN
El propio José Ricardo Falú, entonces administrador del diario, admitió que la quema había sido pergeñada por Cisneros. Es decir: la víctima institucional del ataque identificó nominalmente al instigador del ataque. El operativo se extendió por doce horas ininterrumpidas contra la libertad de prensa, con los hermanos Ale —después condenados por asociación ilícita y lavado de activos— como ejecutores. Lejos de quebrar al diario, ese episodio "disciplinó" su línea editorial: desde entonces, La Gaceta consolidó una relación de tolerancia hacia el sindicalista que admitió haber operado contra ella. La cadena que une 2000 con el silencio actual tiene un nombre intermedio documentado: el empresario Roberto Sagra, socio histórico de los Ale en la red de tragamonedas según documentación de 2006, propietario del Grupo Los Balcanes, vinculado patrimonialmente al diario por aproximadamente USD 70 millones.
La trayectoria de la cobertura editorial de La Gaceta sobre Cisneros muestra que esta relación permitió al sindicalista —que controló la CPA durante casi tres décadas y hoy es propietario de medios en la provincia— blindar su imagen frente a graves acusaciones.
Incluso el secretario de Redacción del diario, Federico Van Mameren —señalado por la prensa local como enlace histórico entre la conducción del diario y los gobiernos provinciales sucesivos—, admitió en una entrevista con Carlo Cazón reproducida por El Federalista el 3 de abril de 2026 que el déficit estructural del diario en materia de investigación está documentado por él mismo:
"El déficit que tenemos hoy en La Gaceta es que no estamos investigando muchas cosas en profundidad. Hay una renovación estructural dentro del diario que hace que no tengamos un departamento específico de investigación ni gente que tenga el tiempo para investigar. Investigar significa dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, posiblemente tres artículos por año."— Federico Van Mameren, secretario de Redacción de La Gaceta · entrevista en Política x Cazón
La Gaceta tiene el deber de informar sobre los asuntos públicos a los lectores que aún confían en ella
La política editorial que Van Mameren declara —"hasta que no haya una sentencia, no la vamos a meter en este quilombo"— no es opción autónoma del centenario diario. La Gaceta percibe pauta publicitaria sustancial del Estado provincial y de las instituciones que ese Estado controla, incluida la propia Caja Popular de Ahorros que el Acuerdo N° 1348 audita. Esa condición altera la naturaleza del deber periodístico: lo que para un medio privado sin financiamiento estatal podría discutirse como criterio editorial, para un medio sostenido en parte significativa por fondos públicos es función pública delegada. La función pública delegada está reglada por doctrina constitucional, jurisprudencial y convencional.
La Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció hace cuatro décadas que la libertad de expresión tiene una doble dimensión: el derecho individual a expresarse y el derecho social a recibir información de interés público. Cuando un medio con la penetración de La Gaceta omite informar sobre una denuncia del Tribunal de Cuentas contra un legislador en ejercicio y un exinterventor de la Caja Popular —denuncia derivada a sede penal—, no ejerce su derecho a no publicar: bloquea el derecho de los lectores a recibir información que les pertenece como sociedad. Esa es la dimensión social que la OC-5/85 protege.
La jurisprudencia argentina sobre publicidad oficial confirma el principio. En "Editorial Río Negro c/ Neuquén" (2007) y "Editorial Perfil c/ Estado Nacional" (2011), la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la pauta oficial no puede usarse para premiar coberturas complacientes ni para castigar coberturas críticas. La doctrina implica su reverso: un medio que percibe pauta sustancial del Estado provincial y silencia sistemáticamente las denuncias de irregularidades de ese mismo Estado y de sus organismos no puede invocar neutralidad editorial. El flujo de pauta y la continuidad del silencio se acreditan mutuamente.
Hay además un dato decisivo sobre la naturaleza del documento silenciado. El Acuerdo N° 1348 no es información sensible, ni especulativa, ni sometida a sentencia penal pendiente. Es la resolución firme de un órgano constitucional de control —el Tribunal de Cuentas de Tucumán— que declaró la nulidad absoluta de un acto administrativo, identificó nominalmente a los responsables, cuantificó un perjuicio fiscal estimado superior a $700 millones, y derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por delitos contra la administración pública. Su publicación en un medio que percibe pauta oficial de la propia institución auditada no es opción editorial: es función institucional.
El cierre normativo lo aporta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción —ratificada por Argentina mediante Ley 26.097—, que obliga al Estado a proteger expresamente "la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción" (art. 13). Los medios que reciben pauta pública son parte central de esa arquitectura de transparencia. Su silencio sobre denuncias documentadas y firmes de corrupción no es discreción periodística: es falla del sistema de transparencia que el propio Estado financia con fondos públicos.
La pregunta, entonces, no es si La Gaceta tiene derecho a no publicar. La pregunta es por qué un medio que percibe pauta de la Caja Popular de Ahorros no publica una resolución del Tribunal de Cuentas que declara ilegales actos sobre esa misma Caja Popular, identifica al cuñado del jefe del gremio que la conduce, cuantifica un perjuicio millonario a todos los tucumanos y deriva las actuaciones a la Justicia. La respuesta —que esta serie viene documentando— está en la categoría editorial bajo la cual estos hechos se ordenan: encubrimiento.
Quiénes publicaron, quiénes no
Al cierre de esta edición, el relevamiento de la cobertura provincial del Acuerdo N° 1348 muestra la asimetría:
| Medio | Cobertura del Acuerdo 1348 | Mención de Díaz / Ledesma | Derivación al MPF |
|---|---|---|---|
El silencio del centenario diario sobre el Acuerdo 1348 lo coloca, esta semana, en la misma columna que el multimedios del propio Cisneros. El paralelismo no necesita comentario adicional.
Un dato más, no menor: el artículo que documenta la entrevista a Van Mameren y reconstruye la alianza La Gaceta–Cisneros está firmado por Germán García Hamilton, Editor General de El Federalista. El nombre figura entre los tres blancos identificados con foto, nombre y categoría penal en las pancartas de la marcha que La Bancaria —el sindicato que conduce el propio Cisneros— desplegó el 7 de mayo. La fórmula con la que el operativo lo identificó en la calle fue: "Odiador serial de mujeres". La investigación que cierra la trazabilidad del pacto se publica en el mismo lapso en que su autor es escrachado por la organización del pacto. La coincidencia, también, queda registrada.
El próximo lunes, cuando La Gaceta vuelva a los kioscos, el lector podrá verificar si el Acuerdo N° 1348 del Tribunal de Cuentas, la designación ilegal de José César Díaz, el perjuicio estimado en $700 millones a la Caja Popular y la derivación de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal aparecen, o no, en sus páginas como se espera de un diario serio no vinculado a mafias paraestatales. La serie de eltucumano registrará cada aniversario del encubirmiento de la conducción del otrora prestigioso diario de los tucumanos.
Las últimas publicaciones de La Gaceta sobre el exinterventor José Díaz, La Caja Popular de Ahorros y Tribunal de Cuentas:
Esta nota incorpora el Acuerdo N° 1348 del Tribunal de Cuentas de Tucumán, la Resolución N° 494/23 de la Caja Popular de Ahorros, la entrevista a Federico Van Mameren realizada por Carlo Cazón y publicada por El Federalista el 3 de abril de 2026 en el artículo "Crónica de la alianza La Gaceta-Cisneros y las consecuencias para Tucumán" firmado por Germán García Hamilton, la entrevista a Carlos Cisneros en el portal TDN, y publicaciones previas de la serie Mafia Paraestatal.