Tras la polémica suspensión de la Asamblea Universitaria por parte de una Junta Electoral que responde al histórico secretario general de la UNT, José Hugo Saab, el Rectorado convoca a una reunión extraordinaria para imponer una nueva fecha de elección, mientras la fórmula Cabrera - Abdala, denuncia un plan sistemático para desobedecer a la Justicia y perpetuar un esquema de poder que lleva décadas en las sombras.
Sergio Paganise encuentra inhabilitado por la Justicia para competir por un tercer mandato. Foto Medios UNT.-
Lo que debía ser la culminación de un proceso democrático se transformó en un escándalo que mancha a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La suspensión de la Asamblea Universitaria, que estaba prevista para este miércoles 20 de mayo, no fue un accidente administrativo, sino el resultado de una calculada estrategia de atrincheramiento por parte del sector liderado por el histórico secretario general, José Hugo "El Gordo" Saab, quien busca por todos los medios evitar que el poder se le escurra de las manos.
La escalada de tensión alcanzó su punto máximo este lunes 18 de mayo. La fórmula opositora, compuesta por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, decidió pasar a la ofensiva legal y radicó una denuncia penal contra los tres miembros de la Junta Electoral: Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández. La acusación es contundente: desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la oposición, la Junta no se limitó a cumplir la cautelar de la Cámara Federal, sino que la "tergiversó" para paralizar todo el proceso y beneficiar al oficialismo.
El conflicto se originó cuando los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones —Fernando Luis Poviña, Ricardo Mario Sanjuan, Marina Cossio y Patricia Marcela Moltini— emitieron una medida cautelar que prohibió a la UNT oficializar fórmulas con candidatos que ya hubieran cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado. Esta decisión alcanzó directamente al actual rector, Sergio Pagani, quien buscaba ilegalmente un tercer período (tras ser vicerrector y luego rector), una figura expresamente vedada por los principios de alternancia republicana.
Sin embargo, en lugar de permitir que la elección continúe con la única fórmula legalmente habilitada —la de Cabrera-Abdala—, la Junta Electoral presidida por Valdez emitió las resoluciones 5763 y 5766. A través de estos instrumentos, suspendió provisoriamente todos los trámites vinculados a las candidaturas y aplazó la Asamblea Universitaria, remitiendo el asunto al Consejo Superior para que "adecue" el cronograma electoral.
Para los denunciantes, esto representa un "desvío de poder", ya que la Junta se arrogó atribuciones para alterar plazos que ya están precluidos por el Estatuto. Minutos después de la decisión de la Junta Electoral, Abdala dio una entrevista en FM La Tucumana 95.9, donde expresó: "Estoy bastante sorprendida porque me llama mucho la atención. Nosotros hemos venido sosteniendo un proceso electoral absolutamente limpio, legítimo, transparente desde hace meses para encontrarnos hoy con que nos han suspendido los trámites vinculados a nuestras candidaturas como si nosotros estuviéramos observados de alguna manera", expresó Abdala. Para la candidata, el accionar del organismo electoral cruza límites institucionales preocupantes: "Realmente creemos que lo que hace la Junta Electoral pasa todo el límite... es insólito. Yo estoy muy enojada".
La figura de Fernando Valdez aparece en el centro de la polémica. Señalado como un "pupilo directo" de Saab, su pasado en la universidad y en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) —donde fue investigado junto al exrector Cerisola por presuntas irregularidades en la venta de lingotes de oro y sobreprecios— alimenta las sospechas de la oposición sobre su parcialidad. Según los opositores, Valdez actúa como el "brazo ejecutor" de un esquema que ha controlado la millonaria caja de la UNT durante 30 años y que ahora se ve amenazado por el control judicial.
Por su parte, Pagani mantiene un discurso de aparente normalidad. En declaraciones recientes a La Gaceta, defendió su postulación asegurando que "no violaba ninguna norma" y confirmó que convocará al Consejo Superior a una sesión extraordinaria para este martes. Para Pagani, las fórmulas oficializadas "siguen vigentes" y el Consejo debe simplemente redefinir las fechas. No obstante, el tiempo se agota: el artículo 192 del Estatuto Universitario exige que el Rector sea electo en la segunda quincena de mayo. Si la Asamblea no se celebra este miércoles, la UNT caerá técnicamente en acefalía institucional, lo que abriría la puerta legal a una intervención federal por parte del Ministerio de Educación de la Nación.
El escenario de cara a la sesión extraordinaria del Consejo Superior es de máxima incertidumbre. Mientras el servicio jurídico del Rectorado presentó un "insólito y temerario" pedido de nulidad contra el fallo de la Cámara Federal —argumentando una supuesta invasión a la autonomía universitaria que la Corte Suprema ya ha descartado en casos similares—, la oposición advierte que no permitirá que se violen las reglas del juego para salvar a un candidato. La pregunta que recorre los pasillos de la UNT es si los consejeros superiores se prestarán a validar una maniobra de dilación que pone en riesgo la estabilidad de la institución o si finalmente se acatará lo dispuesto por la Justicia Federal.