Tras una serie de reveses administrativos y el cerco del Tribunal de Cuentas, la nueva intervención de la CPA fulminó la designación en planta permanente del exinterventor José César Díaz ─realizada por el exsubinterventor de la CPA, Hugo Ledesma a pedido del exgobernador Juan Manzur─, señalando un "vicio en la finalidad" y una "desviación de poder" para asegurar su estabilidad tras dejar el cargo político, acumulando dos sueldos por un monto mensual de $30 millones mensuales. En paralelo,avanza una investigación interna por la percepción de haberes de Díaz durante una dudosa licencia por salud mental aunque sigue ejerciendo la abogacía de forma privada, defendiendo los intereses de las hijas del diputado nacional, Carlos Cisneros, ante un pedido de censura contra las notas de eltucumano.com que mostraban su millonario patrimonio. La Gaceta lleva dos semanas sin mencionar el caso a sus lectores.
José Díaz. Foto Faceboo/Caja Popular de Ahorros.-
La nueva intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán dictó la nulidad absoluta e insanable del nombramiento de José César Díaz en la planta permanente del organismo, ante los acuerdos publicados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia por manejos irregulares de fondos públicos y una arquitectura legal diseñada para perpetuar el poder del "cisnerismo" dentro de la entidad de todos los tucumanos.
La Resolución de Intervención N° 339/26, fechada el 19 de mayo, deja sin efecto la Resolución N° 494/23 del 21 de junio de 2023, en la que Ledesma —quien es cuñado de Cisneros y hoy ocupa una banca en la Legislatura—, designó a su propio jefe, José Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía: Subgerente General Adscripto (Nivel 3).
Este cargo, reservado para empleados de carrera con años de antigüedad y acceso por concurso, fue otorgado a dedo bajo instrucciones directas del entonces gobernador Juan Manzur, días después de retomar la gobernación tras su paso por la Jefatura de Gabinete de la Nación. La jugada fue doblemente irregular: en el mismo acto donde se lo nombraba, se le concedía una "licencia política" para que pudiera seguir siendo interventor, dejando el cargo de planta "materialmente inactivo" pero reservado para su futuro.
El fundamento de la medida tomada por la actual conducción de la CPA radica en lo que la administración califica como una "desviación de poder". Según los considerandos de la resolución, el acto original no buscaba satisfacer el interés público ni las necesidades operativas de la Caja, sino asegurar un puesto de estabilidad en la carrera administrativa para el beneficiario una vez que cesara en sus funciones políticas. Además, se detectó que el subinterventor carecía de las facultades para firmar dicho nombramiento, ya que su competencia era subrogante y condicionada a la ausencia del interventor, circunstancia que no estaba acreditada y que, de hecho, configuraba un conflicto de intereses flagrante al beneficiar directamente a quien debía controlarlo.
Este desplazamiento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC), que en los últimos seis meses emitió tres pronunciamientos críticos sobre la gestión de la Caja Popular. El detonante final es la apertura de comprobaciones sumariales —ordenadas mediante los Acuerdos N° 1708 y N° 1709— para investigar una posible percepción indebida de haberes por parte de Díaz y de otra funcionaria clave, Patricia Neme.
Quiénes son Díaz y Neme en la Caja Popular
José César Díaz fue Interventor de la Caja Popular durante el último ciclo de conducción cisnerista. De ese rol pasó a ocupar la Asesoría Jurídica del organismo con un estatuto cuya regularidad observó por primera vez el Tribunal en febrero. La progresión institucional se cerró en abril, con la nulidad de su designación en planta permanente.
Patricia Neme, matrícula 9331, ocupa la Asesoría Letrada de la Caja en carácter de A/C. Es además la abogada cuya conducta dentro de la causa instruida contra cuatro jugadores de Vélez Sarsfield motivó la imputación federal por instigación al falso testimonio y adulteración de prueba digital. La derivación al fuero federal fue ordenada por el juez Augusto José Paz Almonacid en su resolución del 30 de diciembre de 2025. El juez federal Guillermo Díaz Martínez, que tomó la pesquisa, elevó al Congreso de la Nación el pedido de desafuero del diputado nacional Carlos Cisneros por su presunta intervención en aquellos hechos. La causa, en lo que concierne al diputado, espera hoy tratamiento parlamentario.
La licencia psiquiátrica de Neme arrancó el 3 de marzo, semanas después de esa derivación federal y mientras la querella de Lourdes Parache preparaba la apelación del sobreseimiento de los jugadores. La licencia psiquiátrica de Díaz arrancó el 25 de marzo, cuatro días antes del Acuerdo N° 1348 que declararía la nulidad de su designación.
La situación de Díaz es particularmente comprometedora: La Caja Popular le otorgó una licencia por enfermedad psiquiátrica de largo tratamiento durante más de cincuenta días corridos, entre el 25 de marzo y el 15 de mayo de este año, percibiendo la totalidad de su salario. Sin embargo, el órgano de control verificó que, durante ese mismo periodo de supuesta incapacidad, Díaz ejerció activamente la profesión de abogado de manera privada. El Sistema de Administración de Expedientes del Poder Judicial y publicaciones periodísticas registran su participación en causas privadas, destacándose su intervención como patrocinante en la tutela autosatisfactiva de censura promovida por las hijas del diputado nacional Carlos Cisneros.
En síntesis: el ex Interventor Díaz cobró durante cincuenta días el salario de la Caja Popular —presuntamente por incapacidad psiquiátrica— mientras intervenía como abogado privado en una acción de censura promovida por las hijas del diputado nacional que controla esa misma Caja Popular, contra el medio que viene documentando el patrimonio del diputado nacional.
Dos semanas después, La Gaceta sigue ocultando a sus lectores el caso de extrema gravedad institucional
El 11 de mayo esta serie publicó "Una semana de encubrimiento", una pieza que documentaba el silencio de La Gaceta durante los siete días siguientes al Acuerdo N° 1348 del Tribunal de Cuentas. Diez días más tarde, y a dos días de la Resolución de Intervención N° 339/26 que ejecutó esa nulidad y desplazó formalmente a José César Díaz del cargo que ocupaba materialmente desde junio de 2023, el centenario diario sigue sin publicar una sola línea.
Según el propio sistema de etiquetas de La Gaceta, la última nota bajo "Caja Popular de Ahorros de Tucumán" data del 5 de abril. En los cuarenta y seis días transcurridos desde entonces, el Tribunal de Cuentas dictó el Acuerdo N° 1348, la Intervención de la Caja Popular emitió la Resolución N° 339/26 declarando la nulidad absoluta, se abrieron las Comprobaciones Sumariales ordenadas por los Acuerdos N° 1708 y N° 1709 contra Díaz y Patricia Neme, y se documentó el ejercicio privado de la abogacía durante las licencias psiquiátricas otorgadas a ambos funcionarios. El centenario diario no informó sobre ninguno de estos hechos.
Tampoco informó sobre la intervención de Díaz, el 20 de abril y en plena licencia psiquiátrica financiada por el erario, como patrocinante en la tutela autosatisfactiva de censura que las hijas del propio diputado nacional Carlos Cisneros promovieron contra eltucumano.com. La acción —rechazada el 22 de abril por la jueza Andrea Viviana Abate— fue dirigida específicamente contra las notas que documentan el patrimonio del legislador. El silencio editorial de La Gaceta sobre un funcionario en licencia médica patrocinando una acción de censura contra el medio que documenta al jefe del entramado del que ese funcionario forma parte tampoco encontró espacio en sus páginas.
La fórmula con la que el 3 de abril el secretario de Redacción del diario, Federico Van Mameren, justificó la cobertura limitada de los casos vinculados a Cisneros —"Hasta que no haya una sentencia, no la vamos a meter en este quilombo"— no se sostiene frente a este cuadro: el Acuerdo N° 1348 y la Resolución N° 339/26 son actos administrativos firmes de órganos constitucionales de control, no procesos penales sometidos a sentencia pendiente. La doctrina editorial que invoca el centenario diario para encubrir a la mafia paraestatal sigue sin regir para el resto de sus contenidos.