El acuerdo

Vamos a decir las cosas como son: El acuerdo con el Fondo es un mal acuerdo.

Pero también tenemos que decir que estábamos en una situación donde no había una solución buena. Como se dice en el barrio, la cuestión era elegir entre Guatemala y Guatepeor. Había que elegir el menos malo.

Esto no fue por alguna desgraciada casualidad, el préstamo del Fondo a la Argentina (repito, a la Argentina, no a Macri) fue concebido y concedido con tres objetivos:

1) Evitar un default absoluto de la Argentina en el año 2018, es decir, durante el gobierno de Macri, permitiéndole mantener chances de ganar las elecciones presidenciales del 2019.

2) Permitir que los fondos de inversión y los bancos internacionales que habían “invertido” en la Argentina recuperaran los dólares que habían ingresado para beneficiarse de la estafa piramidal que se conoce con el nombre de bicicleta financiera.

3) Mantener controlada la política argentina mediante el chantaje de una deuda impagable para el caso de que su candidato (Macri) perdiera las elecciones.

El primer objetivo se cumplió a medias. Macri pudo terminar su mandato, haciendo muchísimo daño en su retirada y manteniéndose competitivo, a tal punto que obtuvo el 40 % de los votos en el 2019, y acaba de ganar las elecciones de medio término. Éxito increíble para el peor gobierno de nuestra reciente democracia.

Los otros dos se cumplieron acabadamente.

Es cierto que el crédito otorgado es absolutamente ilegal e ilegítimo; tanto por no cumplir los requisitos que nuestra legislación exige al tomador, como la obligación de acuerdo legislativo y las irregularidades del trámite administrativo y por el otro lado tampoco adecuarse a la normativa del prestamista, a la que el mismo Fondo violó de cabo a rabo.

¿Habilita esto a la Argentina a no pagar esta deuda? Desde la teoría sí, es una deuda odiosa e ilegal, absolutamente ilegítima.

Pero desgraciadamente, en las relaciones internacionales el único derecho que cuenta es el de la fuerza.

¿Hay algo más ilegal que el bloqueo por más de 60 años al que somete EEUU a Cuba? ¿O la incautación mediante embargos y sanciones arbitrarias de las reservas internacionales venezolanas y de PVDSA por parte de EUU?

Podemos citar, brevemente otros ejemplos aún más sangrientos de pillaje e ilegalidad por parte de las potencias occidentales: el robo de los cuantiosos fondos de la república de Libia tras el derrocamiento de Kadaffi o la invasión a Irak para apropiarse de su petróleo.

El no pago de la deuda significa el caer en default y el corte de todo crédito, incluido el comercial, a nuestro país. Recordemos además, que Macri pactó cláusulas de extraterritorialidad en todos los contratos, por lo que quedaríamos expuestos a que cualquier juez como Griessa resuelva los juicios en contra de nuestro país.

Nuestra producción, inclusive la agrícola, es fuertemente dependiente del exterior. Contrariamente a lo que sucedía hasta el año 1976, donde había una integración vertical de nuestra industria con más del 90% de componentes nacionales, las industrias se reconfiguraron de acuerdo a los intereses de las multinacionales y hoy el componente nacional está por debajo del 50% en promedio. El corte del crédito comercial y la falta de dólares significan que no solo no podremos importar productos terminados, tampoco podremos producir prácticamente nada con la industria paralizada.

Hay quienes creen que podríamos suplir los componentes con algunos de otro origen, fundamentalmente de China. O incluso producir muchos de ellos localmente. Eso es perfectamente factible, pero lleva mucho tiempo. Cualquiera de estos procesos conlleva largos años de adecuación de la maquinaria y de capacitación de los trabajadores con un elevado costo, además del tiempo.

Otra solución que imaginan algunos es pedir asistencia crediticia a China y Rusia para salir del FMI. Ignoro si se evaluó y exploró por parte del gobierno esta opción, pero los montos involucrados son siderales y nadie regala nada en las relaciones internacionales.

Únicamente Venezuela, y por la visión estratégica de Hugo Chávez, nos sacó del infierno prestándonos diecisiete mil millones de dólares, además de proveernos de todo el combustible que necesitáramos. Un gesto de hermandad latinoamericana que lamentablemente muchos olvidaron.

¿Significa esto que no podemos hacer nada? ¡No! Nuestro gobierno debe denunciar a todos los funcionarios del macrismo e impulsar los juicios en los tribunales nacionales, a los funcionarios del Fondo en los tribunales de EEUU y a todos ellos en los estrados internacionales. Es más, debería haberlo hecho en el mismo momento en que comenzó su mandato.

Esta es una breve descripción de Guatepeor.

¿Y cómo andamos por Guatemala?

Por cierto, falta aún conocer la letra chica del acuerdo, pero de lo que se sabe, el mismo consiste en que el mismo fondo proveerá asistencia crediticia para afrontar cada pago, el pago de la deuda se posterga 2 años y medio, tendremos monitoreo cada 3 meses por diez años y tenemos que disminuir el déficit fiscal, en un principio un 1,5 % del PBI hasta llevarlo a cero en 2025. Eso es ajuste en cualquier lugar del universo. Lo llames como lo llames.

Sería bueno que el presidente nos diga la verdad, que nos cuente que cerró un acuerdo con muchas condiciones gravosas, pero que en comparación con el que firmó Macri es literalmente el paraíso.

El meollo del acuerdo es precisamente ese ajuste, porque aunque siempre es malo, ya que de por sí enfría la economía, puede ser peor si lo pagan y lo sufrimos los de siempre, los pobres y los sectores medios; o menos malo y mucho más justo si lo pagan quienes más tienen, que además son los que se beneficiaron con el gobierno de quién tomó esa monstruosa deuda.

Desde que el FMI es el FMI (el mismo de siempre, no el "bueno" que de vez en cuando nos quieren vender) y sin importar de qué país se trate o cual sea el problema, aplica el mismo manual con las tres o cuatro medidas que, al parecer, sirven para todas las situaciones. Ya sea empacho o desnutrición, la receta es la misma. Y como es de esperar, fracasan invariablemente cada vez que se aplican.

El ejemplo más acabado son los ajustes fiscales vía reducción del gasto público y achicamiento de las funciones del Estado, pues rara vez se les ocurre que se puede conseguir el equilibrio fiscal aumentando los ingresos del Estado, en especial con impuestos que pesen sobre los sectores con mayor capacidad contributiva.

Esta parece ser una de esas raras veces. Entonces; ¿Por qué no hacerlo permanente al impuesto a las grandes fortunas si hasta el fondo dice estar de acuerdo con él? ¿O por qué no aumentar las retenciones si el complejo agro industrial está levantándola en pala y fugándola toda tras las liberaciones que le concedió Macri?

Con los números finales del 2021 en la mano, queda claro que hubo ajuste, cuando se advierte que los ingresos del Estado nacional crecieron, en términos reales, más que sus gastos, también medidos en términos reales (o sea considerando el efecto de la inflación y la sub ejecución presupuestaria). Eso tuvo directa incidencia en el resultado electoral, mal que le pese a Guzmán o a quién diga otra cosa. 

Como pasa siempre, la discusión se da sobre los gastos, y no tanto sobre los ingresos. Si hablamos de gastos públicos del Estado nacional, más del 50 % son jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la AUH; y otra buena parte son los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. O sea que un ajuste por la reducción del gasto que se note, más tarde o más temprano, deberá pasar por ahí, con los costos sociales y políticos asociados.

Poco se lee u oye que se discuta la otra parte del asunto, es decir los ingresos. Y discutir que pasará -en el marco del acuerdo con el FMI- con los ingresos del Estado (sean impuestos, derechos de exportación u otros rubros) significa discutir lo que viene planteando Cristina desde el momento mismo en que Macri arregló con los fondos buitres primero (2016) y pidió el préstamo al FMI después (2018): ¿quién va a pagar esa deuda?

Porque habiendo decidido que se paga la deuda, y habiendo acordado como pagarla falta decidir quienes la pagan, y hasta aquí, de eso no se habla.

El sendero de frenar gastos para mejorar el resultado de las cuentas públicas ya lo recorrimos en el 2021, con los resultados electorales conocidos. Y en el 2023 no se juega solamente la mitad de las bancas del Congreso nacional, sino quien gobierna el país por los siguientes cuatro años, o sea: no hay más lugar para pifiadas, o errores de cálculo.

Lamentablemente, y como lo dice Horacio Rovelli en su nota en el Cohete a la Luna del 23 de enero, el ejecutivo parece haber elegido otro camino.

El Ministerio de Desarrollo Productivo remitió tres proyectos de ley al parlamento y el Poder Ejecutivo pide que se traten desde el 24 de enero de 2022 en que se reinicia la actividad legislativa.

Estos tres proyectos, denominados “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” el primero; “Régimen Especial de cancelación para grandes Inversores Carburíferos” el segundo y “Promoción de la Industria Automotriz” y de “movilidad sustentable” el tercero, van en una dirección absolutamente contraria a lo que prometimos en nuestra campaña electoral.

Les dan beneficios a quienes no los necesitan, pues son los sectores productivos que más se han beneficiado en el país en lo que va de este siglo y antes, más allá de los coletazos de ciertas aristas recesivas y/o de bajas circunstanciales en los precios internacionales. Son sectores fuertemente concentrados y donde no se transparenta la estructura de costos y, con ello, los reales márgenes de ganancia. En el caso de las petroleras y alimenticias se han demostrado graves evasiones fiscales.

Las divisas que necesitaremos para pagar el desastre ocasionado por Macri y sus cómplices deberían surgir de un proyecto productivo verdaderamente integrador, que abandone el extractivismo mediante la incorporación de trabajo argentino en las exportaciones, diversificando las mismas y con un fuerte control sobre ellas y sobre las importaciones para evitar el contrabando y las sobre y sub facturación de las operaciones.

También necesitamos una CONADEX -Comisión Nación de la Deuda Externa- para juzgar el saqueo macrista y nunca más volver a endeudarnos por generaciones. Y que quede claro, quienes votaron a Macri en 2015 Y 2019 son responsables de la inmensa deuda (no sólo con el FMI) que contrajo ese gobierno.

Como decía Don Arturo: "Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende".

 Antonio Leone

29 de enero de 2022