La punta del iceberg

Lo que ocurrió en el Instituto Goretti es repudiable, triste y lamentable. Lo más alarmante es que no es un hecho único, no es aislado.

En el mes de abril del año 2022 se destapó la “caja de pandora”, como la llaman algunos. Yo lo veo más como un episodio extra de la desidia con la cual funcionarios desconocen o hacen la vista gorda a realidades latentes y muy duras.

Para intentar entender cuál es la matriz del problema podemos remitirnos unos años atrás: 

En el año 2020, por el mes de julio, sale a la luz uno de los casos más terroríficos de los últimos tiempos (al menos de los que se hizo público). Estamos hablando de Érica, una niña que fue destratada por el Estado, en un hecho de inacción total, que tuvo un final fatal. En el 2018 Érica fue internada por maltratos en el Hospital del Este y ese mismo año la DINAYF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) de la Provincia toma conocimiento de la situación. Su madre tenía problemas de adicciones. Posteriormente ella y sus hermanas fueron llevadas a la Sala Cuna, donde fueron visitadas por su abuelo materno. La DINAYF le propuso al abuelo hacerse cargo de la niña. Se comprobó que la pareja de su abuelo la obligaba a mendigar. En el 2019, el personal del comedor donde asistía Érica, se presentan a la comisaría 5ta y denuncian que la niña tenía hematomas y signos de maltrato infantil. Se le solicitó a la DINAYF un informe de situación de la niña, esta no fue respondida. Los vecinos habían realizado denuncias telefónicas previas por la situación en la que se encontraba, estas no fueron oídas, no se actuó a tiempo. Érica falleció un 3 de junio tras un fuerte golpe en la cabeza y hematomas de vieja data. Me queda la pregunta si esto podría haberse evitado.

Ante todo esto, desde la comisión que presido, propuse la declaración de la emergencia en el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hasta el 31 de diciembre de 2023. Esto iba a crear una comisión de seguimiento que serviría de contralor externo. Por cuestiones de la política misma, que tanto enoja a la gente con mucha razón, sigue trabado en la discusión de comisiones. Adjunto algunos artículos del proyecto:

En el medio de esto transcurrieron 3 casos igual de alarmantes, con menos exposición pública.

El caso Roció fue de igual manera que el anterior, un hecho que conmocionó a una provincia entera. Había sufrido maltrato por parte de sus progenitores, por lo que ella y sus hermanos fueron “resguardados” en una comisaría. Desde allí los retiró una persona que aseguraba ser su madrina. Desde la comisaría los entregaron sin mucho protocolo previo. Esta misma y su pareja, están imputados por su homicidio. Habrían arrojado los restos de Rocío en un descampado en San Ramón, donde se intentó quemar los restos de la niña. Sobre este hecho se maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Puntualmente hablando del Instituto Goretti, el 23 de Julio de 2020, presenté una denuncia en el ámbito penal, que me llegó de un llamado anónimo a mi oficina, que denunciaba hechos ilícitos en el establecimiento, se habría tratado de menores siendo vulneradas en sus derechos e integridad física. La fuente pidió resguardo, pero relató hechos aberrantes: la presencia del cuerpo de Infantería de la Policía de Tucumán, que ingresó al Instituto ejerciendo violencia, dejando lesiones visibles en el cuerpo. Por otro lado, también mencionaba la existencia de un “chancho”, una habitación de reclusión, donde las niñas habrían sido llevadas a modo de castigo.

Durante el transcurso de estos dos años, hubo citaciones a diversos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, incluido el otro ministro Gabriel Yedlin y la actual titular de la cartera Lorena Málaga, en ese momento Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. Siempre estuvo el afán de justificar, patológico en funcionarios, pocas veces la voluntad de mejorar, cambiar, evolucionar, la acepción que quepa ante semejantes hechos catastróficos.

Avanzamos en materia parlamentaria, donde no tan solo apuntábamos a la creación del órgano contralor, sino también a que exista una figura que vele por la protección, la promoción y efectivo cumplimiento de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Un organismo con independencia funcional y autonomía autarquía. Una Defensoría, una figura del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto tampoco avanzó, quien sabe a qué legislador o funcionario le faltó voluntad para hacer algo y salir del letargo burocrático que se pierde en discusiones vacías.

Espero, después de esto, tras la reflexión de la tragedia, se genere la voluntad para dar marcha a estos proyectos. Los mismos, acompañados con auditorías externas, inversión y una planificación presupuestal donde la seguridad de los niños tenga el mismo peso que la entrega de chapas o bolsones alimentarios, será el camino para que menos niños y niñas padezcan la burocracia y la desidia estatal.