La semana pasada, el Observatorio MuMalá difundió lo registros de femicidios en nuestra provincia, que ya tiene más casos contabilizados que todo el 2022.
El pasado 11 de junio se renovaron las autoridades provinciales en Tucumán y los números dejaron algunos resultados esperanzadores: más de un 20% de las autoridades elegidas son mujeres. Se trata de un hecho histórico, ya que no sólo ocuparán cargos, sino que serán los de mayor importancia: tal es el caso de Rossana Chahla, quien será la primera intendenta de San Miguel de Tucumán. A ella se suman siete mujeres más que serán ejecutivas municipales en los principales distritos. Además, muchos concejos deliberantes tendrán paridad en cuanto a la relación hombres-mujeres, incluso habrá algunos en los que por primera vez alguien del colectivo femenino ocupará sus bancas. Lo ocurrido podría tomarse como un hecho alentador, que se suma a una serie de avances históricos obtenidos sobre esta última década.
Sin embargo, más allá de los indicadores, hay otros número que son mucho más preocupantes: en lo que va del 2023, según un relevamiento realizado por el Observatorio MuMalá, Tucumán tuvo 5 femicidios en contraposición al año pasado, cuya cifra terminó en 3, lo que había vuelto a la provincia como la tercera ciudad con menos cantidad con este tipo de crímenes en el país. "En lo nacional exigimos la declaración de la Emergencia Ni Una Menos y en lo local nos interpela a ahondar esfuerzos para abordar de otra manera está realidad, ya que como provincia habíamos dado un paso importante en el 2022, siendo el año con menos femicidios registrados" había señalado Yanina Muñoz, referente de MuMaLá Tucumán.
La provincia tiene una tradición patriarcal bastante resistente que a veces puede ser más fuerte que muchos derechos obtenidos por el colectivo femenino, sobre todo a partir del 3 de junio de 2015 cuando se realizó a nivel nacional la primera marcha de Ni Una Menos para poner fin a la violencia machista que se cobra la vida de cientos de mujeres por año.
En una provincia, donde a diferencia del resto de la Argentina no se aplica la Ley de Paridad de Género para los cargos públicos- algo que fue una promesa de campaña de Osvaldo Jaldo cuando ocupe el cargo de gobernador a partir de octubre-, con una tardanza de casi 16 años para adherir a la Ley de Educación Sexual Integral y con muchos políticos con una agenda que toma a la desigualdad de género y a las necesidades de las mujeres simplemente como un gasto innecesario que se debe reducir. Lamentablemente, esto también se replica en algunas mujeres que tienen cargos de poder y, que desde su lugar de privilegio, cuestionan a quienes no tienen sus mismas posibilidades. Si bien esos discursos -que representan todo un retroceso en los triunfos obtenidos por el colectivo- son más comunes en una derecha antiderechos, existen en todos los espacios políticos.
Lo vimos en Tucumán con los casos de funcionarios y candidatos denunciados o procesados por abuso sexual. A tal punto que el Observatorio Feminista de la provincia en conjunto con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) hicieron una campaña para que no haya candidatos con denuncias por violencias de género en los pasados comicios.
No obstante, todo lo obtenido no es suficiente. Nuestra provincia tuvo 22 intentos de femicidios aunque solo se perpetraron 5 y en Argentina hubo 213 muertes violentas de mujeres travestis-trans. A pesar de ser un país pionero en derechos sociales como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Brisa -que busca resarcir a hijos de víctimas de femicidios- o la Ley Micaela- que capacita a los tres poderes del estado en perspectiva de género, las mujeres continuamos siendo ciudadanas de segunda y ganamos un 27,7% que los hombres.
El norte tiene una de las grandes batallas. Históricamente es un territorio donde la impunidad y la violencia machista se cobran vidas de cientos de mujeres sin discriminar edades ni clases sociales. Pasaron los femicidos de Maria Soledad Morales en Catamarca y Paulina Lebbos en Tucumán, ambos vinculados a hijos del poder. Lo mismo se repite en estos días en Chaco donde exigimos que nos digan qué hicieron con Cecilia Strzyzowski, mujer desaparecida desde junio y en cuyo caso está implicada la familia Sena, de tradición política en la provincia. Fueron algunas de estas mismas tierras norteñas las que el año pasado encabezaron el ranking nacional de ciudades con más femicidios.
Más allá de todos los embates que pueda recibir el colectivo, las mujeres sabemos que no hay ni un paso atrás y que si bien logramos conseguir algunos avances aún faltan saldar algunas deudas históricas con nuestro colectivo. Será imposible sin el trabajo conjunto todas las arcas del estado, los medios de comunicación -que deberán comprometerse en generar un contenido que no violente la imagen ni la integridad de las mujeres y disidencias- y la sociedad en general.