El anuncio del "Gemelo Digital Social" del Gobierno nacional llegó sin decreto, sin resolución y sin ley: un experto tucumano analiza por qué eso importa y qué riesgos legales y constitucionales plantea para los datos de millones de argentinos.
El viernes 22 de mayo, el Ministerio de Capital Humano anunció en X con un video institucional difundido también por el Presidente el «Gemelo Digital Social»: un sistema que, según la cartera, integrará datos de millones de argentinos para «simular, anticipar y optimizar» políticas públicas. No hubo decreto. No hubo resolución en el Boletín Oficial. No hubo ley del Congreso. Hubo un video. Lo confirma el propio oficialismo: según fuentes oficiales, «el desarrollo técnico se encuentra todavía en una etapa preliminar» y el anuncio «busca marcar el inicio conceptual y político del proyecto más que presentar una herramienta ya operativa». Ésa es la primera información que el ciudadano debe tener clara: lo que existe hoy del Gemelo Digital Social es un anuncio, no una norma.
Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema real alimentada por datos en tiempo real. Se usa desde hace años para infraestructura, fábricas. La novedad mundial del caso argentino es que el sistema real a replicar son las personas: el propio anuncio oficial explicita que el modelo seguirá a cada habitante «desde la primera infancia hasta la autonomía», cruzando en una sola base unificada lo que hoy vive separado en salud, educación, programas sociales, jubilaciones y registros judiciales. Tras la repercusión, la ministra Sandra Pettovello salió a aclarar en X que «no se van a usar datos personales», sino «datos generales y estadísticos, y anonimizados». Esa aclaración, precisamente, es donde la Ley de Protección de Datos Personales entra de lleno a jugar.
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales está plenamente vigente. Su artículo 2° define al dato personal como «información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables». La palabra clave es determinables: en bases tan ricas como las que el Gemelo se propone unificar, la reidentificación a partir de información supuestamente anonimizada es trivial — basta cruzar tres o cuatro atributos, como barrio, edad, sexo y prestación recibida, para individualizar a alguien concreto y surge un perfilamiento digital. La promesa ministerial de «anonimización» no exime al sistema de la ley. A ese piso legal se suma, además, un techo constitucional reciente: el 30 de abril de 2026, en «Torres Abad», la Corte Suprema declaró inconstitucionales el artículo 5°, punto 2, inciso b y el artículo 11°, punto 3, incisos b y c de la 25.326 — exactamente los que habilitaban al Estado a ceder datos entre organismos sin consentimiento. La regla, hoy, es la contraria: los datos sólo pueden usarse para el fin con el que fueron entregados y debió haber prestado su consentimiento. Quien dio su DNI para cobrar la jubilación no consintió alimentar un modelo predictivo. Quien fue atendido en un hospital público no autorizó que esa historia clínica formara parte de un retrato analítico del Estado.
Lo que el anuncio no dice es más relevante que lo que dice. No se conoce el proveedor tecnológico. No se conoce dónde se almacenarán los datos ni bajo qué jurisdicción. No hay evaluación de impacto algorítmico publicada. No hay intervención visible de la Agencia de Acceso a la Información Pública. A eso se suma una cuestión de soberanía digital: el video institucional muestra el logo de Amazon Web Services, y una norma estadounidense de 2018, el CLOUD Act, obliga a las empresas tecnológicas con presencia en Estados Unidos a entregar los datos que custodian a las autoridades de ese país, esté donde esté el servidor. Conviene preguntarse, además, por el génesis y el propósito de fondo de proyectos como éste. Hace pocas semanas, junto con la lingüista María S. Taboada, publicamos en La Gaceta una columna sobre el avance de lo que pensadores como Nick Land, Curtis Yarvin y Peter Thiel llaman «Ilustración oscura»: una corriente que postula reemplazar la democracia por una «gov-corp», una sociedad gestionada como empresa donde los ciudadanos pasan a ser «residentes» o «clientes» administrados por inteligencia artificial. No es una hipótesis abstracta: Peter Thiel, dueño de Palantir y referente intelectual de esa corriente, vive hace meses en Buenos Aires y se reunió en la Casa Rosada con el Presidente. Un sistema que se propone modelar a cada habitante «desde la infancia hasta la autonomía» no es un detalle técnico de gestión social: es el instrumento operativo de esa lógica. Sin marco legal, el Gemelo Digital deja de ser una herramienta de política pública y pasa a ser una infraestructura ideológica.
Modernizar el Estado con inteligencia artificial es deseable y, en muchos casos, necesario. El problema no es la herramienta: es el orden en que se construye. Primero la ley, después el sistema. Primero las reglas, después el video. El «Gemelo Digital Social» hace exactamente lo inverso. Antes de que el sistema funcione, antes de que se firme el primer contrato, antes de que un solo dato más se mueva, el Congreso, la Agencia de Acceso a la Información Pública y la sociedad civil tienen el deber de exigir lo único que la Constitución exige y que el anuncio omite: una ley, un control y un responsable. Un Estado que se anticipa al futuro no es el que se filma anticipándolo. Es el que primero se somete a la ley.
Investigando la IA, su relación con el Derecho y las actividades productivas. Profesor de Taller III en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Tucumán.
Project Management I.A. Abogado. Diplomado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral; Diplomado en Derecho 4.0, Universidad Austral; Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral (T.P); Posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho, I.A.L.A.B, U.B.A. Posgrado en Metaverso, U.B.A. Programa (IA) Universidad Austral. Magister en Inteligencia Artificial Centro Europeo de Posgrado. Programa MIT en desarrollo y diseño en productos y servicios en IA con Insignia de Asignación Ejemplar. Bootcamp internacional inteligencia artificial aplicada al Derecho. Programa MIT Machine Learning in Business. Program MIT Inteligencia Artificial Agéntica para la Transformación Empresarial. Actualmente, cursando Maestría en Ciencias de Datos, Universidad Austral.