Tucumán contestó la demanda de Vidal por el Fondo del Conurbano
La Provincia presentó su defensa ante la demanda iniciada por Buenos Aires, cuestionando el carácter de terceros que se le asignó en la causa a las provincias.
Daniel Leiva, Fiscal de Estado de Tucumán. Foto Secretaría de Comunicación.-
Tucumán contestó el pasado viernes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la demanda inciada por Buenos Aires en reclamo a una actualización del Fondo del Conurbano, para elimiar el tope de $650 millones establecido en los 90.
El fical de estado de la provincia, Daniel Leiva, explicó de qué se trato la respuesta presentada ante la corte: "Nación solicitó la incorporacion de la provincias como terceros en los procesos. Lo que lo torna difícil de entender ante la actitud asumida por el estado nacional", señaló el letrado que cuestionó el apoyo de Mauricio Macri al pedido de María Eugenia Vidal.
"Estamos hablando de competencia que le son propias al Congreso. Ahora, cuando Nación contesta se produce una especie de allanamiento sabiendo que existe una norma consitucional en su sentido opuesto a lo que pretende, que es judicializar la cuestión y tratar de abreviar pasos a través de un lugar que no corresponde", señaló Leiva.
"Las particularidades que tiene el proceso es que no tenemos una plena capacidad para defendernos y no estamos siendo defendidas (las provincias) por Nación. Hemos pedido rol pleno como parte para deferdernos. La Nación lo que hizo es allanarse en una sola parte y el presidente sale a avalar esa postura. Esto es grave. Esto deja al resto de las provincias en un estado de desprotección", aseguró el fiscal de estado
Por último el funcionario indicó que Tucumán presentó pruebas para que se observen las asimetrías de los recursos que reciben las provincias, algo que Buenos Aires y Nación tratan de impedir. "Conforme pretendia provincia de Buenos Aires y Nación, trataron de darle un tramite expedido en que ambos coinciden en que debe tratarse la cuestión de puro derecho, lo que hace que no se puedan presentar pruebas. Sólo son conjeturas, palabras, ya que no hay hechos para que prospere una medida cautelar que le costaría a Tucumán unos 3.500 millones de pesos", cerró Leiva.








