Cuáles son los cambios en el proyecto que aumentarían las chances del aborto legal

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación que en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la pregunta que decantó, tanto entre quienes apoyan como entre quienes rechazan la norma, es cuáles son las posibilidades reales de que en esta oportunidad la iniciativa tenga éxito, considerando que en el 2018 el proyecto obtuvo media sanción en Diputados pero fue rechazado en la Cámara de Senadores.   

En el Congreso las discusiones están centradas en dos puntos sensibles del proyecto que tienen poder para torcer la decisión de aquellos que están de acuerdo con la legalización del aborto, pero con límites más estrictos. El debate gira puntualmente sobre el número de semanas de gestación contempladas (14 o 12) y a las atribuciones del personal del sistema de salud -ya sea que se desempeñen en el ámbito público como privado- en torno a la objeción de conciencia, es decir, a la posibilidad de negarse a practicar un aborto, una vez aprobada la ley.

Sectores que apoyan la legalización de la IVE apuestan a que flexibilizando estos dos aspectos del proyecto sea factible conseguir las mayorías que necesitan, -sobre todo en la Cámara Alta-, para lograr la sanción del aborto en 2020. En este sentido, confían en que la iniciativa del Ejecutivo atiende también las demandas complementarias de una injerencia más fuerte del Estado en prevención de embarazos no deseados, fundamentalmente en la adolescencia, y de acompañamiento a las mujeres durante la gestación y los primeros años de vida de sus hijos. 

En palabras del Presidente, el proyecto que enviará el oficialismo en los próximos 10 días contempla la legalización del aborto "en el tiempo inicial del embarazo", lo que permite pensar en un límite máximo de 12 semanas, en vez de 14. Durante su discurso, el mandatario también apuntó que se pondrá en marcha "un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado" y se enviará al Congreso "un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida".

El proyecto presentado en 2018, que respondía a las demandas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito, proponía el acceso a la IVE hasta las 14 semanas de gestación (3 meses y medio). Con la disminución a 12 semanas, la normativa se ajustaría estrictamente al primer trimestre de gestación. 

"Si son 14 o 12 semanas y el tema de la objeción de conciencia para las instituciones privadas que así lo dispongan podría terminar de inclinar la balanza a favor de la ley", evaluó un senador oficialista, según reproduce La Nación.

Con todo, nada está asegurado en el Senado de la Nación, una Cámara compuesta mayoritariamente por hombres y con prácticamente nula representación de la juventud, el sector que tomó a cargo el reclamo por el aborto legal en las calles y frente a las instituciones. Si bien esta configuración en Senadores favorece a los “celestes”, el hecho de que esta vez el proyecto sea impulsado por el Gobierno Nacional y que la vicepresidenta Cristina Kirchner –quien en 2018 cambió su voto a favor de la legalización- presida el debate abre expectativas entre los “verdes”. 

Otro punto que podría hacer la diferencia en la Cámara Alta es el de la objeción de conciencia. Sobre este tema, el Presidente no hizo ninguna mención en el tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa, a pesar de que voceros oficialistas se encargaron de anticipar que garantizará esa posibilidad para las instituciones privadas y confesionales.

Según informó La Nación, en el Frente de Todos especulan que la cuestión de la objeción de conciencia podría tener mayor injerencia en los votos en ambas cámaras legislativas, incluso más que el proyecto de los "1000 días". Sin embargo, debido a que la legalización del aborto responde más a convicciones personales, morales y/o religiosas de cada legislador más que a la pertenencia a un determinado espacio político, el oficialismo deberá vérselas con detractores de manera transversal. 

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), por ejemplo, ratificó su postura contra el aborto al sentenciar que “si el Presidente quiere legalizar el aborto, debería modificar la Constitución”. "La Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes protegen la vida desde la concepción, cualquier proyecto que no sostenga esto es inconstitucional. El Presidente lo sabe porque es jurista", afirmó en diálogo con La Nación.

Desde la oposición, en tanto, Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) y Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), llevan la delantera en la defensa 'celeste'. Recientemente, la tucumana negó enfáticamente que haya ‘negociaciones’ en el ámbito del Congreso para aprobar la legalización del aborto a cambio de otras leyes. "La defensa de la vida no admite ningún tipo de moneda de cambio", afirmó la excandidata a la gobernación de la Provincia en diálogo con el sitio parlamentario.com. 

“Una ley que garantice contención social y económica a las mujeres embarazadas más vulnerables va a recibir el apoyo de todos los sectores”,  dijo en referencia al Plan de los 1000 días, “pero bajo ningún punto de vista puede pensarse que con eso se va a negociar el apoyo a la legalización de la muerte de los niños por nacer”, afirmó Elías de Pérez. “Hace dos años hemos dado un debate muy amplio. La ciencia ha demostrado que hay vida desde la concepción, y todo nuestro ordenamiento jurídico está orientado en ese sentido. No puede ser un derecho terminar con la vida de otro”, recordó y aventuró que los diputados y senadores que se opusieron a la legalización del aborto en 2018 no van a aceptar que se cambie el sentido de su voto por otros proyectos. “El rechazo al aborto no será negociado”, resaltó en los días previos al discurso de Alberto Fernández, cuando se rumoreaba que el anuncio del envío del Proyecto IVE sería el ‘plato fuerte’ de la apertura de sesiones. 

Una vez que se concretó el anuncio, el domingo pasado, la senadora utilizó sus redes para condenar la decisión del Presidente. "Hay que terminar con los eufemismos. Aborto es terminar con la vida de una persona, y eso no puede ser un derecho. Mientras el presidente propone el aborto, somos muchísimos los argentinos que decimos Sí a la Vida", escribió en Twitter, en donde abrió un 'hilo' para expedirse sobre el tema. "Distinguir entre personas deseadas y personas no deseadas, y a estas segundas negarles la vida, es una de las acciones discriminatorias más fuertes. No podemos justificar el asesinato. Todo nuestro marco normativo protege la vida desde la Concepción. Esa es la mirada de nuestra Constitución Nacional, de los tratados internacionales y de nuestras leyes", sentenció.