El Gobierno Nacional imputó a empresas de alimentos por generar desabastecimiento
PRECIOS MÁXIMOS
Desde la Secretaría de Comercio Interior informaron que una decena de grandes empresas fueron imputadas por bajar la producción y no entregar alimentos a los supermercados para satisfacer la demanda durante la cuarentena. De acuerdo a la acusación, las empresas incumplieron con la normativa que establecía el congelamiento de precios.
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, imputó a empresas de alimentos por generar desabastecimiento en las góndolas de supermercados. Las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian fueron denunciadas por bajar la producción en algunos casos y no entregar productos a los supermercados en otros.
De acuerdo a lo informado por voceros de la secretaría, la acusación se formuló tras comprobar que dichas empresas habían incumplido con la Ley de Precios Máximos, que intimaba a las empresas productoras de alimentos a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”. Dicha norma fue establecida por la resolución 100/2020 en el marco de la emergencia sanitaria, y tenía por objetivo proteger a los consumidores de los incrementos abusivos en los precios.
Durante una serie de inspecciones, inspectores de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Ante esta situación, las inspecciones se trasladaron a las oficinas de estas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre, diciembre y enero.
En los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que incumplen con lo establecido en la resolución 100, las imputaciones intiman a las empresas para que en 5 días hábiles acrediten ante la SSADC haber dado cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020.
De acuerdo a lo informado por voceros de la secretaría, la acusación se formuló tras comprobar que dichas empresas habían incumplido con la Ley de Precios Máximos, que intimaba a las empresas productoras de alimentos a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”. Dicha norma fue establecida por la resolución 100/2020 en el marco de la emergencia sanitaria, y tenía por objetivo proteger a los consumidores de los incrementos abusivos en los precios.
Durante una serie de inspecciones, inspectores de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Ante esta situación, las inspecciones se trasladaron a las oficinas de estas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre, diciembre y enero.
En los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que incumplen con lo establecido en la resolución 100, las imputaciones intiman a las empresas para que en 5 días hábiles acrediten ante la SSADC haber dado cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020.
