Cinco mujeres tucumanas rompen el silencio y denuncian a funcionarios del Estado
violencia de género
Tras la denuncia por presunto abuso sexual contra José Alperovich, cinco mujeres se animaron a contar sus experiencias de abuso, acoso y violencia con funcionarios de los poderes Ejecutivo y judicial.
En noviembre de 2019, una sobrina de José Alperovich que trabajó para su campaña electoral, denunció al ex gobernador por abuso sexual y desató en la provincia un escándalo de alcance nacional.
La denuncia de la joven fue el impulso con el que otras mujeres se atrevieron a denunciar hechos de violencia, acoso y abuso por parte de funcionarios del poder político y judicial de la provincia. Sin embargo, los funcionarios denunciados siguen ocupando sus cargos mientras las investigaciones avanzan a peso lento. Distinta fue el caso de Alperovich, quien se tomó licencia de su cargo para asumir su defensa en la causa en la que fue denunciado.
En un informe presentado en tn.com.ar, los periodistas Lorena Maciel y José Inesta presentaron los testimonios de cinco mujeres que se animaron a declarar a sus presuntos agresores tras la bomba que estalló con la causa Alperovich.
Lupe
Lupe (nombre ficticio) tiene 26 años y dos hijas. Tras sufrir un episodio de violencia de género en 2019 por parte de su ex pareja, se acercó a Fuerza Republicana, el partido fundado por el genocida Antonio Domingo Bussi, para pedir trabajo. Allí le gestionaron, indican los periodistas, una Asignación Familiar por Hijo y le encomendaron tareas administrativas. De acuerdo a su denuncia, en 2020 descubrió que su nombre figuraba como titular de una cuenta bancaria donde se habían depositado 600 mil pesos.
Según consta en la denuncia, fue al despacho del legislador Ricardo Bussi en marzo de ese año para aclarar esta situación.
”Primero me ofreció dinero y después me insinuó que tenía que tener relaciones con él para solucionar el tema. Le dije que no iba a acceder a su pedido pero se me vino encima, me tiró sobre su escritorio y me violó”, relató la mujer. La causa todavía no tiene avances en la justicia.
Ingrid
Ingid era pareja del actual intendente de Las Talitas, Carlos Najar. En 2018, mientras cursaba su embarazo, comenzó a sentir que la situación de convivencia se tornaba tensa cuando ella quería llevar a la casa que compartía con Najar a los dos hijos que tenía con un matrimonio anterior.
“Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir. A partir de ese hecho de violencia comenzó una convivencia que cada vez se volvía más insoportable. Nunca aceptó a mis hijos y los trataba de ‘negritos de mierda’. Me hacía sentir que mi opinión no contaba y que yo era inferior. Todo fue una pesadilla, más aún cuando la violencia verbal paso a ser física”, recordó la mujer.
Finalmente, decidió denunciar al intendente el 24 de marzo de este año. “Hacia unos días nos habíamos contagiado de covid y él había estado internado, cuenta la mujer. El 23 de marzo le dieron el alta y volvió a casa. Un día después discutimos nuevamente porque yo no podía estar con mis hijos. Cansada de tanto insulto me animé a decirle que si seguía negándose a aceptarlos lo iba a dejar”, relató. La respuesta de Najar, según consta en la denuncia, fue tomarla del cuello con violencia. “Se dio cuenta que estaba al borde de matarme, me dejó tirada en el suelo y empezó a hacer las valijas para irse de la casa. Yo aún no podía respirar y aprovechó para empujarme afuera, dejando en la galería al intemperie y separada de mi beba que no paraba de llorar sentadita en el suelo del living donde me había ahorcado”.
Tras el episodio, el intendente abandó la casa y la mujer corrió a la comisaría a realizar la denuncia. Luego se dirigió a un hospital para que los forenses constataran los golpes que había recibido.
Elvira
Elvira trabaja hace más de 10 años en el palacio de Justicia de Tucumán. Casada hace más de 20 años y con tres hijos, esperaba la confirmación de un ascenso que le correspondía por su antigüedad. Tras un largo tiempo de espera, decidió averiguar por su cuenta los motivos de la demora de este reconocimiento.
Fue entonces cuando un empleado judicial le indicó que su expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán. Pidió una audiencia para tener celeridad en el trámite y, según relató, este la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”. Elvira rechazó la propuesta y realizó la denuncia ante la Corte por la vía administrativa correspondiente.
Sin embargo, la denuncia, lejos de traer alivio, le generó nuevas complicaciones. “Se me han cerrado todas las puertas, Se hizo imposible seguir ahí, pedí trabajar en otra área”, le dijo a TN.
La denuncia que presentó Elvira por “acoso sexual y otras graves inconductas” fue presentada en la Corte Suprema el 24 de septiembre del 2020 y se sustenta en la “Convención de Belem Do Para” y la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Si bien la Corte Suprema tucumana no dio curso a la denuncia, la mujer señala que los vocales que decidieron archivar la misma nunca tuvieron en cuenta que anteriormente estaba presentada la querella criminal en contra de Estofán, que hoy está en plena investigación.
Romina
Romina tiene 36 años y es farmacéutica desde 2015. Por entonces había conocido a Bruno Gabriel Romano, de 37. Los primeros contactos fueron en el gimnasio donde ella entrenaba y él practicaba boxeo.
Al poco tiempo comenzaron una relación y se fueron a vivir juntos. Según relata la mujer, los maltratos comenzaron cuando quedó embarazada. Sin embargo, hubo un episodio en marzo de 2018 que fue el detonante de la denuncia. “Ese día me golpeó cuando yo tenía a mi hijita de ocho meses en brazos. Pero yo ya venía sufriendo violencia desde que éramos novios. No me animaba a denunciarlo. Por miedo y por las influencias políticas que él tenía en ese momento”, recordó Romina.
Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, pese a que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.
“Él tiene una causa todavía en curso porque violó la perimetral que la justicia le había impuesto en noviembre de 2019 cuando me amenazó frente a tribunales. Cuando radiqué la denuncia él no era concejal, se postuló sabiendo que estaba procesado. Fui a la junta electoral a poner esto en conocimiento, porque tampoco me pasaba los alimentos para mi hija”, agregó la denunciante.
“Deciden bajarlo porque certifican que aunque no estaba en el padrón de padres deudores, yo tenía todos los papeles para demostrarlo. Pero el presentó un amparo y permitieron que se presente en las elecciones, salió electo y no pudo asumir hasta no resolver la situación. Y de un día para el otro la justicia decidió que podía asumir y todo quedó en nada. Siendo concejal durante el 2020 el cursó todo el juicio con un total descaro e impunidad”, finalizó la mujer.
Érica
Érica es contadora. Con ese título ingresó al Poder Judicial para administrar presupuestos del Ministerio Público Popular de la Defensa. Al poco tiempo, el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. En 2020, cuenta, comenzaron los episodios de acoso.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda.
“Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.
Tras negarse a la propuesta, Erica se quedó sin trabajo, de un día para el otro. Entonces decidió realizar la denuncia . “Tuve tanto miedo que finalmente me envalentoné. Presenté la denuncia con documentación y testigos. Navarro Dávila no tiene cara para decir que es mentira, pero se ampara en sus fueros y sus contactos políticos. Lo único que espero es que le saquen los fueros, que sea condenado y destituido. No es justo que el siga en su cargo como si nada y yo en la calle sin trabajo”, concluye.
