"Esto solo genera odio y resentimiento": investigan las torturas en la comisaría de Yerba Buena

Este lunes por la tarde, el abogado Carlos Garmendia realizó una denuncia penal en función de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En  la misma se afirma que 20 presos fueron sometidos a golpizas con tonfas a la madrugada del lunes 16 de enero, cuando habrían sido sacados del calabozo en el cual dormían para ser arrojados desnudos al patio, obligándolos a apilarse unos sobre otros, y golpeándolos con cachiporras por la espalda. En la misma, se declara que las golpizas habrían sido realizadas por policías de Infantería, de la patrulla motorizada y de la Comisaría de Yerba Buena. En dicha denuncia, también se manifestó un abuso sexual a uno de los detenidos.

El informe de lo sucedido llegó al abogado mediante un informe de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura, otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de Tucumán, a manos de Fernando Korstanje.

Previamente a esta denuncia, se habían presentado dos habeas corpus, de los cuales uno fue elaborado por el abogado José Ginés Araez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, quien dialogó con eltucumano al respecto: “Presenté un habeas de carácter colectivo, pero por la gravedad del caso y por ser un caso penal ya se encuentra superado. Desde el MTE consideramos que en estas cosas hay que fomentar la palabra de los excluidos y los liberados” explicó.

“Gracias a Fernando Korstanje tomamos conocimiento de esto, y lo que queremos es una investigación eficiente, ya que hay una gran diversidad de víctimas y con lesiones constatadas. Nosotros creemos que los humildes y vulnerables tienen todo el derecho a preservar su integridad personal, y creemos que este puede ser un caso testigo de acceso a la Justicia. En mi caso me entrevisté personalmente con una sola víctima de las 20, quien decidió presentar una querella confirmando lo relatado por el señor Korstanje” detalló.

Además, el énfasis se puso en la investigación que se espera de la justicia: “Entendemos que lo lógico es que haya una sanción a los responsables una vez identificados, y para eso esperamos una buena investigación que sea eficiente y rápida”. Una de las primeras dudas ante este caso de denuncia a las fuerzas policiales, tienen que ver con la seguridad de quienes han dado el paso de denunciar. Ante esto, la Justicia Tucumana dispuso separar a los 20 en distintos puntos de detención, lo cual, según Araez, significa un problema importante: “Esto altera los vínculos familiares, es tremendamente dañino para los presos que los manden a lugares lejanos y que la familia no pueda ir a verlos”.

Ramón Castillo es referente a nivel provincial de la rama de liberados, liberadas y familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Tucumán. Castillo, quien lleva 19 años en libertad, trabaja con este grupo a nivel nacional a través de un objetivo específico: la reinserción del liberado a través del trabajo.

En ese sentido, este tucumano plantea que es importante no generar mayores resentimientos en los detenidos que atraviesan condenas específicas, pues eso hace más difícil lograr la reinserción social una vez fuera de los centros de detención: “Creemos y estamos convencidos que con torturas y este tipo de cosas solo se logra el resentimiento del preso, lo hablamos entre nosotros, te genera un odio hacia el afuera, un gran resentimiento, estás marginado, querés salir a trabajar y no tenés oportunidades, menos si tenés antecedentes y menos si te persigue la policía, no se ve futuro al salir, por eso muchos se terminan suicidando al salir porque no le encuentran sentido a su vida, nosotros queremos y apostamos a la reinserción A nivel nacional somos más de 1000 compañeros que no volvimos más a la cárcel, estamos organizados, queremos trabajo” manifestó con eltucumano.

A pesar de que la situación de lo sucedido esta semana ha tomado una gran relevancia a nivel nacional, Castillo es consciente que estas situaciones de violencia son bastate más comunes de lo imaginado en las comisarías y penales: “Mínimo una golpiza te pasa, la policía te agarra y te detiene y te hacen daño psicológico ya de camino a la comisaría. En el camino te pegan por pegarte, aunque vayas quietito. Antes de ingresar al calabozo de nuevo, si estás por robo tenés varios días seguidos de cambios de guardia y te torturan todos los cambios, te ahogan, te ponen bolsas en la cabeza”, reveló, sobre los métodos para que los detenidos revelen si tienen información que involucren a un tercero.

Todos juntos, sin importar el delito

Una de las cuestiones en las que el representante de Liberados hizo hincapié, es en la falta de distinción del tipo de delito al momento de la detención: “Tenés mezclados a todos, hay gente que está por 20 días nada más, mezclada con gente que tiene condenas perpetuas, o la gente detenida por contravenciones simples como estar alcoholizada en la calle, mezclada con otras personas que tienen condenas formales, todos en calabozos de 4x4, de a 20 personas, solo un metro cuadrado para el baño que es un agujero, no tienen agua para que pueda correr eso, y estás todo el día con ese olor ahí. Comes con ese olor ahí, cuando llevan a alguien que levantan de la calle que tiene sarna u hongos ya sabemos que todos nos vamos a contagiar, porque si te autorizan un medicamento la policía no te lo lleva”, reveló.

Sin embargo, estas situaciones serían más comunes y esperables de que la mayoría se imagina, por eso, se suele desistir de la denuncia: “Si como familiar vas a denunciar te derivan de un lugar a otro, primero a la brigada, luego a una comisaría, de ahí a Derechos Humanos, de Derechos Humanos te mandan de nuevo a la comisaría. Hace 19 años que estoy liberado yo, pero por las historias que me llegan, creo que las cosas están empeorando”.

Una de las situaciones con más temor relatadas o temidas por quienes están detenidos, tiene que ver con abuso sexual, algo que, según Ramón, la mayoría no revela puesto que “Un hombre por el mismo orgullo que tiene de hombre no denuncia casi nunca eso. Hace poco un compañero ya liberado contó que le hicieron ‘el barquito’, es decir, lo baldearon, lo ataron, lo esposaron, lo dejaron arqueado y le metían el palo si él no hablaba. En síntesis, le hicieron un abuso sexual. Estas vejaciones son comunes, pero creo que ahora ha saltado a los medios porque la tortura fue a 20 personas juntas en una misma comisaría, en un mismo lugar”.

A sabiendas del gran rechazo que genera este tipo de denuncias en la sociedad, el pedido de Ramón Castillo es el de tener en cuenta que lo sucedido el pasado lunes a este grupo de 20 tucumanos, no solamente incluyó a personas con condena, sino que podría haber involucrado a otros detenidos por contravenciones en la vía pública, algo que considera, debería ser un “llamamiento” a reflexionar que cualquier familiar de cualquier tucumano podría ser víctima de estas torturas: “Piensen que el familiar de cualquiera puede caer preso por una contravención, y piensen que qué hubiera pasado si esto lo vivían uno de sus familiares, porque esa noche les dieron a todos por igual”.

Finalmente, Castillo explicó que, como organización civil, los Liberados quieren tener un papel activo en la reinserción social de los exdetenidos, pues al poder entablar un contacto “de igual a igual”, es posible que haya una receptividad y una comprensión mejor de la situación de crisis que atraviesan los liberados al salir de la cárcel: “En Buenos Aires trabajamos en un barrio en donde ya se reintegró a 130 liberados mediante trabajo genuino, el barrio cambió totalmente”.

Este proceso judicial tomó rápida relevancia porque la denuncia se radicó pocas horas después del evento, al día siguiente ya estaba en trámite y se constataron las lesiones. El siguiente paso de la fiscalía, según trascenció por fuentes judiciales, es el de citar a los policías apenas sean identificados, luego realizar un decreto de apertura e investigación y una acusación formal.

Según manifestaron quienes abogan por una pronta respuesta de la justicia, esto se da en medio de una gran crisis carcelaria en donde existe una notoria falta de espacio para el alojamiento de los detenidos, y es el desborde mismo el que lleva a distintas situaciones que derivan en quejas, protestas y crisis de los detenidos, a lo que consecuentemente se responde en muchos casos con violencia o abandono, teniendo como precedente lo sucedido en Concepción el año pasado en donde murieron 4 mujeres detenidas en la Brigada, o los casos conocidos en el Cerede (Centro de Reunión de Detenidos), o en la Comisaría de Marticol (Yerba Buena).