"En un plazo de 30 días": Jaldo inició sumarios a más de 900 estatales tucumanos que percibían el Potenciar Trabajo

El Gobierno provincial, a través de un decreto, inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada en relación con la percepción ilegítima de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo.

Con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, el instrumento legal surge en respuesta al Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, por la cual se suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa "Potenciar Trabajo", de los cuales 956 corresponden a Tucumán.

Estos beneficiarios fueron señalados en la investigación por incompatibilidades en la percepción de los beneficios del programa con las remuneraciones de empleados estatales en 14 provincias.

La investigación, iniciada en el ámbito de Tucumán, busca deslindar responsabilidades por las supuestas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales, y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). Los 956 presuntos casos de incompatibilidad contemplan diversas instancias gubernamentales.

El decreto reza: “Corresponde señalar que las incompatibilidades en la percepción de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29/10/2023".

A través del instrumento legal, el Gobierno de Tucumán instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, eleve las Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de Cargos. Asimismo, los Ministros de Educación y Seguridad tienen la misma instrucción respecto al personal de sus dependencias.

El decreto también especifica que la eventual aplicación de sanciones puede ir desde un Apercibimiento hasta la Cesantía.

Federico Masso, ministro de Desarrollo Social de la Provincia, explicó ayer miércoles en FM La Tucumana 95.9, que esto inicio con una "investigación que inició el fiscal Marijuan luego de una denuncia sobre personal que estaba en actividad y con trabajos formales que seguían percibiendo el Potenciar Trabajo". "Cuando un beneficiario encuentra un trabajo, lo puede cobrar hasta el tercer mes, pero lo que se ha encontrado es que había personas cobrando con trabajos en la administración pública provincial y algunos de la parte privada. Esto obedece  a una negligencia del Ministeio de Desarrollo Social que cruza todos los meses los datos. Nosotros como provincia ya tenemos detectados esos 956 beneficiarios y en el dia de hoy el gobernador va a sacar un decreto para iniciar las acciones legales correspondientes y determinar qué medida le corresponde a cada uno", señaló.

En cuanto a las responsabilidades individuales en el caso, Masso dijo que a eso "lo va a determinar la Fiscalía de Estado de la Provincia. Lo que puedo decir es que hay una negligencia del ministerio de Desarrollo Social por no hacer los cruces y una especulacion de parte de la persona que lo percibía".

El funcionario dió más detalles de la regularidades detectadas y explicó que datan de la anterior gestión de gobierno: "Había 408 personas que dependían directamente del gobierno de la provincia y el resto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Toda la adjudicación de estos planes datan de la gestión anterior. Al margen de eso, nosotros vamos a tomar los recaudos para instruir a la ficalia de estado para que inicie una investigación administrativa para ver la sanción para cada uno de los empleados".

El inicio de la causa

Todo comenzó cuando el fiscal Guillermo Marijuan cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias. Fue así como, desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se tomó la determinación de dar de baja a las personas que, según esa investigación, recibían una contraprestación, además del beneficio de Potenciar Trabajo.

A través de la Resolución 17/2023, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntadas: se trata de un listado de 418 páginas.

Los trabajos judiciales arrojaron que "luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan".

Las 14 provincias investigadas, hasta el momento, fueron Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.