Acusan a dos empleados de Catastro municipal por una supuesta coima de $300.000

El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanza en una causa que involucra a dos empleados de la Dirección de Catastro y Edificación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, quienes son acusados de exigir un pago de $300.000 a cambio de no aplicar una multa en una obra en construcción. La investigación, que se encuentra bajo la supervisión de la fiscal Mariana Rivadeneira, surge a partir de una denuncia presentada por el propietario del inmueble afectado, quien asegura haber sido víctima de un pedido de coima por parte de los acusados.

El hecho tuvo lugar el 15 de marzo, en una obra ubicada en calle Florida al 300, de la capital tucumana. Según los testimonios recabados, los dos empleados de la repartición municipal se presentaron en el lugar para notificar sobre la falta de permisos municipales correspondientes. Uno de los albañiles que se encontraba en la obra informa al encargado sobre la situación, transmitiendo el teléfono al inspector, quien confirma la irregularidad y lo cita a una reunión en una estación de servicio ubicada en avenida Roca y 9 de Julio.

Minutos después, el encargado de la obra se dirige al bar de dicha estación, donde lo esperan los dos acusados. En ese encuentro, le solicitan un pago de $300.000 para evitar la imposición de una multa y permitir la continuación de la obra. Ante esta solicitud, el responsable de la construcción informa al propietario del inmueble, quien decide denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

Audiencia a los imputados de 50 y 56 años. (Foto: MPF)

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF tomó intervención en el caso imputando a los empleados de Catastro por el delito de concusión en perjuicio de la administración pública. En una audiencia posterior, la fiscal Rivadeneira solicita al tribunal la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de 180 días. Estas medidas incluyen la promesa de los imputados de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación en curso, la obligación de fijar y mantener su domicilio (ambos en la localidad de San Javier), y la prohibición de realizar cualquier acto que pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o afectar el curso de la ley.

La jueza interviniente en el caso autorizó las medidas propuestas, destacando la importancia de garantizar la continuidad de la investigación sin interferencias. En tanto que Rivadeneira destacó que estas medidas son necesarias para asegurar que los acusados permanezcan a disposición del tribunal y se presenten a todas las citaciones que se les formulen durante el proceso judicial.