Fin de los intermediarios y querellante: la decisión de Jaldo tras el secuestro de mercadería en Manantial Sur

Luego de que la Policía de Tucumán hallara miles de kilos de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social en una vivienda de Manantial Sur, en el marco de una denuncia por violencia de género, el Gobierno de Tucumán decidió importantes cambios a la hora de entregar asistencia a los tucumanos que más lo necesitan. 

Acompañado del ministro Federico Masso, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció ayer miércoles que a partir de los primeros días de enero "se eliminarán todos los intermediarios del gobierno de la provincia para la asistencia a los beneficiarios", que el Estado les otorga un módulo alimentario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

Por lo tanto, el mandatario explicó que “la asistencia será directa del gobierno a la familia beneficiaria, que son 93 mil familias y a través de eso instrumentaremos una tarjeta a través de la caja o el macro a cada beneficiario se incluirá los beneficios que hoy están recibiendo a través de diferentes organizaciones. Se podrá percibir en cualquier banco de la provincia”.

"Con esto eliminamos todo tipo de intermediación (entre el Gobierno y los beneficiarios) y el control se reduciría a la mínima expresión, con la identificación, cruce de información con organismos provinciales y nacionales tomaremos todos los recaudos necesarios con esta decisión muy fuerte", agregó Jaldo, destacando que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo financiero y es una inversión, pero que realmente debe llegar al beneficiario y la mejor manera es la tarjeta personal a cada uno de los beneficiarios para que perciban en tiempo y forma.

El gobernador Osvaldo Jaldo junto al ministro Federico Masso y Eugenio Agüero Gamboa.- 

En ese sentido, Jaldo  confirmó que "somos los más interesados que se esclarezca lo antes posible por lo que la Fiscal de Estado (Gilda Pedicone de Vals) se presentó como querellante en la causa para seguirla de cerca para aportar los elementos necesarios llevar inquietudes que la provincia tenga sobre este caso”, e insistió: “la decisión es que se vaya a fondo, se descubra todo lo que tenga que ver para poner en blanco y negro”.

Según los argumentos del Poder Ejecutivo, la legitimación del Estado para intervenir en esta causa judicial está justificada en distintas razones. “Estos bienes (por la mercadería) no solo forman parte del patrimonio estatal, sino que además su destino estaba claramente fijado para la atención de necesidades sociales específicas”, indica el escrito. Además, se menciona la defensa del interés público como función del Estado. “La sustracción de bienes destinados a sectores vulnerables constituye una violación no solo del patrimonio estatal, sino también de los derechos sociales más básicos”, añade el escrito presentado. Además, alude al artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, referido a la obligación de garantizar el bienestar de la población.

“Hay que determinar los responsables hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga. Sabemos escuchar a la gente y estas cosas nos tienen que servir de experiencia para mejorar el sistema de distribución y mecanismos de control en la asistencia para las familias que no tienen beneficios nacionales, provinciales, directos, de módulos alimentarios”, advirtió en otro tramo de la conferencia de prensa brindada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Por último,  el Primer Mandatario respaldo al ministro de Desarrollo Social Federico Masso, que fue criticad y apuntado por la oposición tras el hallazgo de la mercadería: “Quien tiene la facultad exclusiva de designar y remover ministros es el gobernador por lo que ratifico al ministro de desarrollo social Federico Masso y le pediría a algunos legisladores (que pidieron la dimisión del funcionario) que se dediquen a legislar”.

En el escrito judicial, el gobierno puso el foco en un dirigente social que ya había sido mencionado en el expediente. Su identidad surgió porque, en el operativo que derivó en el secuestro de los alimentos, los efectivos de la seccional 15° se incautaron de una orden de entrega de alimentos que llevaba su nombre y DNI. El listado consignado en ese remito incluye 216 unidades de productos que componen los módulos alimentarios del gobierno (aceite de girasol, arroz, azúcar, fideos, harina de trigo, lentejas, puré de tomates y yerba”. En el recibo, sellado el 20 de noviembre pasado en el centro de logística de Hacha de Piedra, se indica como beneficiario al Movimiento Provincial Tucumán (MPT), con domicilio -según el Gobierno- en Alderetes. Un dato que llamó la atención de los investigadores, además de las anotaciones propias de la comercialización, es que en el lugar había mucha más comida que la indicada en el remito. Por ello, en el gobierno no descartan que se haya tratado de un acopio de al menos dos organizaciones barriales.