"No quieren investigar": el enigma por la muerte de Gabriel Salomón y el calvario de sus padres en la búsqueda de justicia

Pasaron siete años desde que Carlos Alberto Salomón y Myriam Elizabeth Ruiz realizaron una denuncia para que se investigara la muerte de su hijo, Gabriel Salomón, en el sistema público de salud de la provincia. Durante dos años, el matrimonio recopiló historias clínicas como pruebas y presentó la denuncia ante la Justicia. La causa fue asignada a la Fiscalía Federal N° 1, donde el entonces fiscal Carlos Alfredo Brito era titular.

Posteriormente, los padres de Gabriel presentaron una denuncia penal contra Brito, acusándolo de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según las denuncias, el fiscal habría incurrido, dolosa y reiteradamente, en actos contrarios a sus funciones específicas, ya sea por acción u omisión. Este martes por la mañana, Carlos Salomón habló con Ana Pedraza en FM Latucumana 95.9 sobre las denuncias y afirmó que, hasta ahora, no se ha hecho justicia.

En primer lugar, Carlos relató que, dos años después del fallecimiento de su hijo, decidieron denunciar al SIPROSA, argumentando que Gabriel nunca recibió tratamiento para su enfermedad “a pesar de haber sido diagnosticada”. Durante ese tiempo, Carlos y su esposa visitaron frecuentemente la Fiscalía “para ver cómo avanzaba la causa”. Sin embargo, expresó: “No podíamos entrar, nos negaban el acceso a la fiscalía. Apelamos la decisión del fiscal de sobreseer a los imputados, pero el abogado nos mentía constantemente diciendo que no había tiempo para presentar los agravios”.

Según su relato, al darse cuenta de que el abogado que se había presentado como querellante les había mentido, el sobreseimiento ya había quedado firme debido a la falta de presentación de los agravios. En ese contexto, denunció que “existe una protección entre abogados, fiscalías y jueces”: “Es increíble la Justicia de Tucumán; se cuidan entre ellos”, afirmó.

Carlos explicó que la primera denuncia para investigar la muerte de su hijo se realizó en 2016, pero la causa fue archivada por incompetencia federal. En 2017, volvieron a presentar la denuncia, que también fue archivada. Sin embargo, tras un recurso de casación, se resolvió que sí correspondía a la jurisdicción federal.

Entre 2017 y 2019, la pareja visitó frecuentemente la fiscalía para consultar por la causa, pero no obtuvieron novedades. Carlos contó que, debido a una enfermedad que lo afectó durante tres meses, se ausentó de las gestiones hasta marzo de 2020, cuando volvió y descubrió lo que sería motivo de la denuncia contra el fiscal Brito: “La causa la tenía el fiscal Brito escondida; nunca la subió al sistema. Aparentemente había realizado una pericia médica”, señaló.

Relató que, al solicitar el expediente en marzo de 2020, los empleados de la fiscalía mostraron sorpresa y reticencia a entregarlo. Finalmente, con la ayuda de un empleado, accedió al documento. “Cuando abro el expediente, veo muchas fotocopias escaneadas de la primera pericia médica que había hecho en la provincia, que estaba mal hecha, y donde se denunciaba a esos peritos médicos”, relató. Añadió que también encontró un escrito del fiscal Brito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que este aseguraba que la causa aún estaba en casación. Sin embargo, según Carlos, esto era falso: “Brito mintió para evitar que la CIDH se enterara de lo que había pasado con la causa, que estaba mal instruida”.

Carlos afirmó que, al regresar con su esposa para revisar la causa nuevamente, los documentos escaneados habían desaparecido. En su lugar, encontraron una “pericia médica presentada en febrero y realizada en diciembre del año anterior”, la cual, según ellos, no había sido hecha por un médico perito, sino por abogados: “El informe no hablaba solo de medicina, sino que citaba leyes sobre salud pública”, explicó.

Sobre las denuncias realizadas, Carlos aclaró: “Tenemos cinco casaciones, de las cuales en cuatro vamos en queja. En las resoluciones de casación señalan todo lo que hicieron mal, incluso indican a la Cámara de Apelaciones cuáles fueron sus errores”.

De esta manera, añadió que, desde hace tres meses, el expediente está en la Cámara de Apelaciones de Tucumán para determinar qué fiscal y juez intervendrán en la causa, pero hasta el momento no ha habido avances. “No sé si confiar en esta Cámara de Apelaciones. Sé que volveremos a casación, que nos dará la razón, pero esto seguirá así durante años. Desde 2017 hasta ahora ya pasaron fácilmente siete años y seguimos en lo mismo. Es increíble; no quieren investigar porque son funcionarios públicos los denunciados”, manifestó. Asimismo, denunció nuevamente la existencia de “un sistema de protección entre fiscales y jueces”.

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