La Municipalidad exige una sentencia de fondo en la causa por el estacionamiento privatizado en San Miguel de Tucumán

En agosto de 2022, una medida cautelar frenó la implementación del servicio de estacionamiento privatizado impulsado por la gestión del exintendente Germán Alfaro, que otorgaba a la empresa Tecno Agro Vial unos $5.000.000 por día, al llevarse el 85% de las ganancias de lo recaudado. Un año y medio después, el fiscal de Estado Conrado Mosqueira solicitó una sentencia de fondo al señalar que "se encuentra vencido el plazo probatorio" en la causa que se tramita en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Luego de que la causa judicial que suspendió el estacionamiento privatizado sumó planteos y resoluciones, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo no hizo lugar al requerimiento de “hecho nuevo” que había presentado el Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán (Fodecus), uno de los demandantes en este proceso: pedían sumar al expediente una entrevista en Buen Día (LG play) con un representante de la empresa Tecno Agro Vial UTE.

Los vocales María Felicitas Masaguer y Ana María José Nazur, determinaron que “el hecho nuevo en cuestión fue denunciado el 7 de noviembre de 2022, es decir, mucho antes -y no después, como lo exige la norma procesal- de que sea contestada la demanda”.

El 19 de marzo, el fiscal municipal había elevado un escrito para advertir que en este proceso “se encuentra vencido el plazo probatorio”. Este planteo no había sido resuelto debido a que aún estaba pendiente la cuestión del hecho nuevo denunciado por Fodecus, un trámite que ya cuenta con sentencia.

De esta manera,  quedó pendiente de definición un pedido reciente concretado por la Fiscalía Municipal a cargo de Mosqueira para que se dicte la sentencia de fondo en el marco de esta acción de amparo colectivo.

No es la primera vez que la Capital solicita una definición en este proceso. En octubre de 2024, el municipio había impulsado la declaración “de puro derecho” de la causa, algo que no prosperó.

La Fiscalía Municipal ya había advertido sobre el perjuicio económico que representa para el erario la suspensión por tiempo indefinido de este sistema, implementado durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro.

Un negocio de $5.000.000 por día para una empresa foránea

El 18 de julio de 2022, el por entonces intendente Germán Alfaro puso  en marcha el cobro del estacionamiento en el cuadrante comprendido por avenida Avellaneda-Sáenz Peña, Roca, Próspero Mena-Lucas Córdoba e Italia. La medida fue suspendida un mes más tarde: dejaba tan sólo el 15% de lo recaudado al municipio, mientras que el 85% era para la empresa UTE Tecno Agro Vial, encargada del desarrollo de la app.

Durante los días que funcionó, se estimó que el dinero que se obtenía eran unos $5.000.000 diarios (con un dólar blue por entonces en $296).

Su interrupción ocurrió un mes después, luego de que la Justicia de la Provincia diera lugar a la acción de amparo colectivo impulsada por la organización de usuarios Fodecus, por la Defensoría del Pueblo y por un grupo de “cuidacoches”.

La Fiscalía Municipal reclama su facultad para volver a implementar el sistema de estacionamiento pago en la Capital tucumana. Mosqueira advirtió que “no se acredita cuál sería el perjuicio”, dado que este sistema no se aplica en toda la ciudad, sino en el sector de mayor circulación vehicular.

“Es decir, existen lugares con estacionamiento libre y gratuito”, manifestó el fiscal municipal, y recordó que este sistema se utiliza “en muchas ciudades argentinas y del mundo para gestionar el uso del espacio público”.

“Su objetivo principal es regular la disponibilidad de lugares de estacionamiento en zonas con alta demanda, fomentar una rotación eficiente de los espacios y reducir la congestión vehicular”, enumeró.

El fiscal municipal enfatizó que la cautelar por la cual se suspendió este servicio, “está perjudicando la recaudación de recursos genuinos” de la Capital. “La prolongación indefinida del presente proceso de amparo colectivo, que en los hechos lo acerca a un proceso ordinario, afecta nuestra autonomía económica”, insistió.

El letrado se refirió luego a la cuestión de “si la empresa Tecno Agro Vial se encontraba concursada o no al momento de presentarse en el proceso licitatorio o de adjudicación directa”, y aseguró que “la confusión reinante se debe a su propia y exclusiva responsabilidad”. “(El municipio) es el único perjudicado en este proceso”, agregó.