"En cinco días": ahora, el nuevo revés judicial para el gobierno de Javier Milei
El Poder Judicial ordenó la divulgación de un sensible documento que involucra al ministro de Economía, Luis Caputo.
Este sábado se dio a conocer un nuevo revés judicial para el gobierno nacional de Javier Milei: el juez federal de Dolores, Martín Bava, hizo lugar al pedido de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ordenó que el Ministerio de Economía entregue, en el término de cinco días, el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, señaló el juez en la resolución.
El pedido conjunto del CAIP y el CELS fue presentado el pasado 27 de junio mediante un recurso de amparo contra el Estado Nacional. Allí alegaban la "ilegalidad de la conducta desplegada por la demandada en sede administrativa" y pedían que se brinde la información pública sobre todo el expedente completo relacionado al decreto que aprobó las operaciones con el Fondo.
“Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Francisco Verbic, ordenando al Ministerio de Economía de la Nación a que, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública procedan, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo “EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”, dice la resolución.
La información sobre el acuerdo con el FMI fue ocultada incluso a los diputados nacionales, que a libro cerrado aprobaron el acuerdo anunciado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, violando la "ley Guzmán", impulsada en 2021 por el gobierno del ex presidente Alberto Fernández. En esa ley, aprobada por el Congreso de la Nación, se establecía que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” acordado con el FMI, así como también “cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”, requieren aprobación del Parlamento. Ese DNU contó con el aval de la Cámara Baja y ni siquiera necesitó pasar por el Senado. Fue en marzo de este año, cuando el gobierno de Milei tuvo que pedir un salvavidas al Fondo Monetario, que le otorgó esa ayuda a cambio de una modificación en el régimen cambiario: Milei había anunciado dos meses antes que el peso se devaluaría un 1% mensual (crawling peg) respecto al dólar y luego de ese acuerdo pasó a la "flotación entre bandas cambiarias".
