Denuncian y piden detener al legislador Ledesma, al interventor Díaz y a la ex ministra Málaga por robar $26,7 millones en ayuda social
Una presentación judicial acusa al legislador Hugo Ledesma (cuñado de Carlos Cisneros), al interventor títere José Díaz y a la ex ministra Lorena Málaga de peculado y asociación ilícita. Solicita detención inmediata de ocho personas vinculadas a la organización liderada por Carlos Cisneros, el allanamiento de nueve domicilios —incluidas las sedes de la Caja Popular— y secuestro de celulares para pericias UFED. La denuncia se basa en los Acuerdos del Tribunal de Cuentas que documentaron doce entregas irregulares de mercadería sin convenio ni beneficiarios identificados. El Ministerio Público Fiscal debe decidir si ordena el operativo contra la estructura cisnerista o archiva la causa. Cisneros no figura entre los denunciados, pero su cuñado y su interventor enfrentan hasta diez años de prisión.
Cisneros sonríe: lo flanquean el presidente títere José Díaz, y su cuñado legislador Hugo Ledesma.
"La pelea, profunda y al todo o nada, involucra a un triángulo: tres nombres fuertes en cada punta", escribió La Gaceta el pasado martes 11 de noviembre en su sección Opinión. El análisis firmado por Indalecio Francisco Sánchez describía con precisión geométrica una "puja de poder" en Tucumán, pero evitaba cuidadosamente nombrar a los protagonistas: "Nadie se atreve a ponerle nombre y apellido" al conflicto institucional que "no pasa desapercibido a nadie y en los corrillos del poder no se habla de otra cosa".
Cuatro días después, ese triángulo abstracto tiene nombres, apellidos, DNI y denuncia penal con pedido de detención.
El 15 de noviembre, una ciudadana presentó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una acusación formal contra ocho personas por peculado y asociación ilícita en el desvío de $26.791.604,22 en mercadería social. Entre los denunciados: Hugo Guillermo Ledesma, actual legislador provincial, ex subinterventor de la Caja Popular y cuñado de Carlos Cisneros; José César Díaz, el interventor formal de la CPA que opera bajo la sombra de quien todos en Tucumán identifican como el verdadero poder en esa institución; y Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Juan Manzur que autorizó doce entregas irregulares sin convenio ni beneficiarios identificados.
De las 12 órdenes, 9 ocurrieron entre marzo y mayo de 2023, exactamente durante el período de campaña electoral para legislador provincial del "hijo de Cisneros" Huguito Ledesma.
La presentación judicial, firmada por Claudia Alejandra Álvarez con patrocinio de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, solicita detención inmediata de los ocho imputados, allanamiento de nueve domicilios —incluidas las dos sedes de la Caja Popular— y secuestro de celulares de toda la estructura para pericias forenses UFED que recuperen mensajes borrados.
Captura de la denuncia contra el Cisnerismo de la Caja.
Los delitos imputados prevén penas de hasta diez años de prisión. Y el fiscal debe decidir ahora si ordena un operativo de alto impacto político contra la estructura de poder más enquistada de Tucumán, o si archiva todo confirmando que ciertos nombres permanecen fuera del alcance de la ley.
Captura de la denuncia del Tribunal de Cuentas contra el cisnerismo enquistado en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
El triángulo que La Gaceta describe sin nombrar
"¿Será un triángulo isósceles, escaleno o equilátero?", se preguntaba retóricamente La Gaceta en su análisis del 11 de noviembre. "Mucho tendrá que ver hasta qué punto las autoridades de la Casa de Gobierno y/o de la Legislatura continuarán de observadores".
La pregunta sobre la geometría del poder ya tiene respuesta. Y los tres vértices del triángulo tienen nombre propio.
Primer vértice: el Tribunal de Cuentas. El 10 de noviembre publicó el Acuerdo 5.140 abriendo juicio administrativo contra la cúpula de la Caja Popular y la ex ministra de Jaldo. Estableció perjuicio patrimonial de $26.791.604,22 al Estado. Notificó formalmente al Ministerio Público Fiscal sobre presuntos delitos de malversación y peculado. Notificó al Poder Ejecutivo para que actúe. Un día después, el 11 de noviembre, publicó el Acuerdo complementario 5.184 que detalló con nombres, apellidos y DNI cada una de las doce operaciones irregulares: quién solicitó cada orden de mercadería, quién la retiró, qué contenía.
Segundo vértice: la Justicia penal provincial. El 30 de septiembre, el juez Bernardo Daniel Lerario Babot ordenó allanar siete domicilios vinculados a Cisneros en el caso de los jugadores de Vélez Sarsfield. Las pericias UFED recuperaron conversaciones borradas donde se identificaba a "el de arriba" dando órdenes para "hacer pingo" a la jueza del caso. El magistrado identificó a "el de arriba" como Carlos Cisneros, diputado nacional en ejercicio. Primera vez en décadas que un juez provincial señala judicialmente a un legislador nacional como presunto jefe de organización criminal. Ahora, con la denuncia penal del 15 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal debe decidir si investiga o archiva el desvío de 26,7 millones de pesos en ayuda social.
Tercer vértice: el político. La ex ministra manzurista Lorena Málaga está denunciada penalmente por peculado y asociación ilícita. El Tribunal de Cuentas notificó formalmente al Poder Ejecutivo que debe actuar ante presuntos delitos de malversación ejecutados durante su gobierno. Y la Legislatura debe votar el desafuero del legislador Ledesma si el fiscal lo solicita. Ya no puede mantenerse como "observador", en la exacta expresión que usó La Gaceta. Este vértice se habría resuelto por el abandono de Juan Manzur a su ex ministra y - a su vez- un distanciamiento progresivo de Manzur con Cisneros y los hermanos Pablo y Gabriel Yedlin, sus patrullas israelíes que ensayan por estas horas - con cisneros y su amanuence José Cano- la fórmula Samuel Semrik - José Hugo "el gordo" Saab para la continuidad del cisnerismo en el comando del club santo.
En el centro del triángulo, sin ocupar formalmente ningún vértice pero conectado con los tres: Carlos Cisneros. El nombre que La Gaceta evitó mencionar en sus once párrafos de análisis sobre "pujas de poder" y "triángulos" sin identificar. El nombre que su propia familia fundadora —Germán García Hamilton— denunció públicamente tres días después que la "cúpula" del centenario diario había decidido proteger mediante "sometimiento".
García Hamilton recordó que Carlos Cisneros quemó una edición del diario La gaceta, que habría adquirido a finales de 2024 en su caracter de magnate del Juego en Tucumán.
El triángulo no es isósceles, escaleno ni equilátero. Es un cerco institucional con tres instituciones —Tribunal de Cuentas, Justicia, Poder Ejecutivo— obligadas a definirse respecto de un entramado de poder que operó durante treinta años sin control. Y en el centro, el nombre que todos conocen pero que el medio más importante de la provincia se niega a escribir.
Osvaldo Jaldo encara una reconfiguración del esquema de poder luego de los resultados de las últimas elecciones donde se vislumbró claramente que dirigentes no "pusieron el cuerpo" - como sí lo hiciera el propio Jaldo- y no apoyaron decididamente al gobernador en distritos clave como Yerba Buena, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo.
"No se habla de otra cosa, pero es llamativo el silencio"
"No pasa desapercibido a nadie y en los corrillos del poder no se habla de otra cosa", escribió La Gaceta. Y agregó la frase que resume la paradoja política de Tucumán: "Es llamativo el silencio de oficialistas y de opositores sobre todo lo que está sucediendo entre los tres lados de ese triángulo".
La denuncia penal del 15 de noviembre rompe ese silencio con documentación forense del Tribunal de Cuentas. Y pone nombres completos a lo que La Gaceta prefería mantener en el terreno de la alegoría.
José César Díaz (DNI 21.327.401), interventor de la Caja Popular, solicitó formalmente cuatro órdenes de mercadería social entre abril y mayo de 2023. Hugo Guillermo Ledesma (DNI 22.428.906), entonces subinterventor y actual legislador provincial, solicitó una orden en octubre de 2023. Jorge Alberto Garay (DNI 26.782.299), agente de la CPA y delegado de Actividad Hípica, solicitó cinco órdenes entre marzo y agosto de 2023. Flavio Gerardo Corres (DNI 20.179.052), también agente de la CPA, solicitó una orden en marzo de 2023 y además retiró personalmente mercadería en cinco operaciones diferentes.
En el nivel ejecutivo operaban Luis Enrique Carranza (DNI 27.504.997), quien retiró mercadería en tres operaciones; Julio Bernardo Naser (DNI 39.571.523), una operación; y Carlos Emilio Nallib Budeguer (DNI 36.224.605), cuatro operaciones. Todos actuaban con autorización previa de las autoridades de la Caja Popular.
Y en el vértice político que habilitó institucionalmente todo el esquema: Lorena Luz María Málaga Barros Sosa (DNI 20.218.475), quien como ministra de Desarrollo Social firmó las doce Órdenes de Autorización entre marzo y octubre de 2023 sin exigir jamás la documentación respaldatoria que el Decreto 2348/4-MDS-2010 establece para subsidios en especie.
Estos son los nombres que "en los corrillos del poder no se habla de otra cosa" pero que generan el "silencio llamativo" que La Gaceta denuncia sin atreverse a romperlo ella misma.
La mecánica documentada del saqueo en la Caja Popular
La presentación judicial se sustenta íntegramente en los Acuerdos 5.140 y 5.184 del Tribunal de Cuentas. El primero abrió juicio administrativo y estableció el perjuicio patrimonial. El segundo detalló cada operación irregular con precisión contable.
El mecanismo era directo: la ex ministra Málaga emitía Órdenes de Autorización de Entrega de Mercadería consignando como "beneficiario" a la Caja Popular de Ahorros. Problema: la CPA no tiene competencia legal para recibir ni distribuir ayuda social. Su función institucional es administrar el juego, otorgar préstamos y operar como banco provincial. La asistencia social no figura en su carta orgánica.
Pero Málaga igual autorizaba. Díaz, Ledesma, Garay y Corres igual solicitaban. Carranza, Naser y Budeguer igual retiraban. Y la mercadería —arroz, fideos, harina, leche en polvo, chapas sinusoidales, camas cuchetas, mesas, sillas— desaparecía sin dejar rastro de beneficiarios finales.
El Tribunal de Cuentas constató que no existía convenio entre Desarrollo Social y la Caja Popular que habilitara esta operatoria. Las entregas violaban el Decreto 2348/4-MDS-2010 al carecer de notas de pedido, identificación de beneficiarios en situación de vulnerabilidad y verificación de condiciones socioeconómicas.
El Acuerdo 5.184 mapea con nombres y apellidos el circuito completo. Orden 420477 del 6/10/2023: doscientas unidades de alimentos. Solicitante: Ledesma. Quien retiró: Carranza. Orden 411363 del 22/05/2023: trescientas unidades. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Carranza. Orden 408381 del 19/04/2023: cincuenta chapas. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Corres.
Doce veces el mismo patrón. Funcionarios de la Caja Popular solicitan mercadería social para "la Caja Popular" como beneficiaria. Personas vinculadas a la CPA retiran los bienes del depósito ministerial. Nadie informa destino final.
Total: miles de unidades de mercadería por $26.791.604,22 sin destino acreditado.
"¿Será que están involucrados?": la pregunta que se hace en La Gaceta
"¿Será que unos y otros de alguna forma están involucrados?", preguntaba La Gaceta en su análisis del 11 de noviembre para explicar el "silencio llamativo" de oficialistas y opositores. "Lo que está en juego son nada más y nada menos que las instituciones y valores que son caros a la sociedad".
La denuncia penal responde esa pregunta con documentación del Tribunal de Cuentas.
Los oficialistas involucrados: Lorena Málaga, ministra de Desarrollo Social hasta octubre de 2023, autorizó las doce entregas irregulares. José Díaz, interventor de la Caja Popular designado por decreto del Poder Ejecutivo provincial, solicitó cuatro órdenes. Hugo Ledesma, legislador del unibloque "Lealtad Peronista", solicitó una orden cuando era subinterventor de la CPA.
El silencio de los opositores: ningún bloque de la oposición legislativa presentó pedido de informes sobre las entregas irregulares de mercadería social a la Caja Popular. Ningún dirigente opositor denunció públicamente que el Ministerio de Desarrollo Social estaba desviando ayuda destinada a poblaciones vulnerables hacia una entidad sin competencia para administrarla. El "silencio" no fue solo oficialista.
Y en el centro de la trama, el nombre que conecta oficialismo y oposición, peronismo y radicalismo, poder ejecutivo y poder legislativo: Carlos Cisneros. Diputado nacional por el peronismo que tiene alianzas transversales con todos los sectores políticos de Tucumán. Que financia con pauta de la Caja Popular a medios de todos los espacios. Que según reveló El Tucumano tiene "oficina propia dentro de la CPA, contigua y más amplia que la del interventor", desde donde opera sin firmar documentos.
La pregunta de La Gaceta sobre si "están involucrados" cobra dimensión concreta: Hugo Ledesma es cuñado de Cisneros según fuentes sindicales. José Díaz es su interventor títere según todos los actores políticos. Jorge Garay es delegado de Actividad Hípica de la CPA, cuyo hipódromo está gerenciado por Rubén Moisello, dirigente de La Bancaria y presidente de San Martín que recibió el club de manos de Roberto Sagra, el mismo Sagra que según documentó El Tucumano figuraba como propietario de la mansión de Cisneros en el Country Los Olivos.
El silencio/ miedo de La gaceta no es solo político. Es estructural. Porque nombrar a los ocho denunciados implica nombrar al que no está denunciado pero que todos identifican como el centro del entramado.
Los pedidos explosivos: detenciones, allanamientos y celulares
La denuncia penal no pide informes ni investigación preliminar. Solicita medidas restrictivas inmediatas con argumentos directos sobre riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Primero: detención de los ocho imputados. El fundamento: todos poseen medios económicos para evadirse dado el monto del perjuicio ($26,7 millones), y manejan una estructura con capacidad demostrada de movilización capaz de presionar testigos y obstruir la investigación.
El antecedente que cita es la marcha del 16 de octubre, cuando Cisneros y Ledesma movilizaron cientos de empleadas de La Bancaria bajo consignas feministas para defender al diputado investigado en el caso Vélez. La denuncia reproduce declaraciones de Ledesma en la Legislatura el 2 de octubre: "Nosotros en el gremio bancario somos solidarios y somos combativos y tenemos un lema: nos tocan a uno, nos tocan a todos".
Esa capacidad de movilizar trabajadores estatales para defender a investigados por presunta asociación ilícita demuestra, según la presentación, que existe riesgo concreto de que la organización presione testigos o destruya pruebas.
Segundo: allanamiento de nueve domicilios. Las residencias particulares de Díaz, Ledesma, Garay, Corres, Carranza, Naser, Budeguer y Málaga. Y lo políticamente más delicado: las dos sedes de la Caja Popular de Ahorros (San Martín 469 y 25 de Mayo 149), lo que implicaría irrumpir judicialmente en las oficinas de un ente autárquico provincial.
Tercero: secuestro de celulares personales de todos los denunciados para someterlos a pericias UFED. La misma tecnología forense israelí que en el caso Vélez recuperó mensajes borrados y expuso la coordinación criminal. El objetivo: obtener "datos fundamentales referentes a la coordinación, ideación y ejecución del plan delictivo".
Es decir: buscar en los celulares de Díaz, Ledesma, Garay y los demás las conversaciones —aunque hayan sido borradas— que documenten quién ordenó solicitar mercadería social para la Caja Popular. Buscar al que está en el centro del triángulo pero no figura en la denuncia.
Hugo Ledesma no es un funcionario administrativo cualquiera. Es legislador provincial en ejercicio con fueros constitucionales. Para detenerlo, el fiscal debe primero solicitar desafuero a la Legislatura de Tucumán.
Y aquí cobra sentido pleno la pregunta que formuló La Gaceta: "Mucho tendrá que ver hasta qué punto las autoridades de la Casa de Gobierno y/o de la Legislatura continuarán de observadores".
La Legislatura ya no puede ser "observadora". Si el fiscal pide detención de Ledesma, la Legislatura debe votar su desafuero. Un legislador denunciado penalmente por peculado y asociación ilícita en un esquema que desvió 26,7 millones de pesos en ayuda social documentado por el Tribunal de Cuentas.
La votación dirá más sobre la extensión real del poder de Cisneros en las instituciones que cualquier análisis de geometría política. Ledesma es cuñado de Cisneros. Es "como un hijo para Carlos", según fuentes de La Bancaria. Fue subinterventor de la CPA cuando se ejecutó el desvío. Y el bloque mayoritario de la Legislatura pertenece al mismo peronismo del que Ledesma forma parte.
Si la Legislatura lo desafuera, Cisneros pierde un aliado clave en el poder político. Si lo protege con el argumento de "persecución", el bloque queda formalmente identificado como defensor de un esquema que el Tribunal de Cuentas calificó de irregular y que perjudicó al Estado en casi 27 millones de pesos.
No hay salida limpia. La Legislatura dejó de ser "observadora".
"Mucho tendrá que ver hasta qué punto las autoridades de la Casa de Gobierno continuarán de observadores", aseguró La Gaceta el martes pasado.
Osvaldo Jaldo tampoco puede ser "observador". El Tribunal de Cuentas lo notificó formalmente "ante la presunción de encontrarnos ante los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos": Hoy "su" interventor en la Caja Popular está denunciado penalmente basado en documentos oficiales.
El timing agrava la encrucijada. En mayo pasado trascendió que Jaldo recibió en Casa de Gobierno a Germán Alfaro para negociar su incorporación al frente electoral oficial. Alfaro es esposo de Beatriz Ávila, quien en el debate de candidatos a intendente de abril de 2023 denunció en vivo por La Gaceta Play que el "socio político" de Chahla —Cisneros— "ha quemado una edición de este diario" y "aprieta jueces por la Caja Popular".
Insistentes rumores en el oficialismo dan cuenta que Alfaro sería el reemplazo inmediato del cisnerismo reinante en la CPA.
La Gaceta y su propio silencio
"Es llamativo el silencio de oficialistas y de opositores", escribió La Gaceta. Pero hay otro silencio más elocuente: el del propio centenario diario que denuncia silencios ajenos.
Once párrafos de análisis sobre "pujas de poder", "triángulos", "corrillos donde no se habla de otra cosa". Y ni una sola mención a Carlos Cisneros, el nombre que está en el centro de ese triángulo que La Gaceta describe con tanta precisión como cautela.
Tres días después de ese artículo, Germán García Hamilton —tataranieto del fundador del diario— rompió el silencio familiar en Twitter: "¿Saben qué es lo peor? Que la actual 'cúpula' de La Gaceta ha decidido someterse a la voluntad de Cisneros y ahora es uno de sus grandes defensores".
La conexión es directa. En noviembre de 2024, el diario Contexto Tucumán —parte del ecosistema mediático de Cisneros— publicó que el empresario Gustavo Olarte estaba "cerrando la compra" de CCC, el cable que transmite los programas de La Gaceta. El artículo revelaba: "Es sabido en el mundo de negocios que La Gaceta se encuentra en venta".
Según fuentes gubernamentales, Jaldo suspendió toda la pauta oficial a La Gaceta durante cinco meses cuando se enteró de la operación. La pauta después se reactivó. Pero algo cambió en la línea editorial: silencio sobre los allanamientos a Cisneros en el caso Vélez, silencio sobre el juicio del Tribunal de Cuentas, silencio sobre la denuncia penal contra Ledesma, Díaz y Málaga.
La Gaceta denuncia "silencios llamativos" en un artículo que es, él mismo, el silencio más llamativo de todos: analizar una "puja de poder" sin nombrar al protagonista central. Citar el refrán "quien nada debe, nada teme" sin mencionar a quien su propia familia fundadora acusa de haber ordenado en el año 2000 quemar una edición completa del diario.
Lo que el fiscal de turno debe decidir sobre la organización cisnerista
La denuncia está presentada. El Tribunal de Cuentas notificó delitos. Los Acuerdos 5.140 y 5.184 están publicados con toda la evidencia documental. Los nombres están sobre la mesa.
El fiscal de la Unidad de Decisión Temprana enfrenta tres opciones.
Primera: archivar. Significaría contradecir al Tribunal de Cuentas que estableció perjuicio patrimonial, violación de normativa y falta de acreditación del destino de bienes públicos. Insostenible.
Segunda: investigar sin medidas restrictivas. La estrategia tibia de "pedir más informes" cuando el TC ya reunió todas las pruebas documentales.
Tercera: pedir autorización judicial para allanar los nueve domicilios, secuestrar los celulares, detener a los ocho imputados y solicitar desafuero de Ledesma. Requiere convencer a un juez. Requiere que la Legislatura vote. Requiere coordinar un operativo simultáneo. Y requiere estar dispuesto a enfrentar la presión de una estructura que demostró el 16 de octubre su capacidad de movilización.
La decisión del fiscal responderá la pregunta que La Gaceta dejó abierta: "¿Será que unos y otros de alguna forma están involucrados?"
Si archiva o investiga tibio, confirma que el poder real está por encima de las instituciones. Si pide los allanamientos, pone a prueba si existe justicia independiente en Tucumán.
Se cierra el triángulo que describe La Gaceta
La Gaceta tenía razón: "Lo que está en juego son nada más y nada menos que las instituciones y valores que son caros a la sociedad, como la independencia de los poderes, el respeto por la Constitución y la búsqueda del bienestar general por encima de los intereses particulares".
El triángulo está completo. No es isósceles, escaleno ni equilátero. Es un cerco institucional que obliga a tres poderes a definirse.
El Tribunal de Cuentas ya se definió: abrió juicio, estableció perjuicio patrimonial, notificó delitos.
La Justicia penal debe definirse ahora: investiga o archiva.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya no pueden ser "observadores": deben actuar o quedar identificados con el esquema.
Y en el centro del triángulo, el nombre que La Gaceta evita escribir pero que todos conocen. El nombre que conecta los tres vértices. El nombre al que su propia familia fundadora acusa de haber "sometido" al centenario diario.
Nadie se atreve a ponerle nombre y apellido, escribió La Gaceta.
El Tucumano sí. Carlos Cisneros.
Y la sociedad tucumana registra todos los silencios. Los de oficialistas y opositores. Los de legisladores y gobernador. Y también el del diario que denuncia "silencios llamativos" mientras guarda el más elocuente de todos.
"Quien nada debe, nada teme", citó La Gaceta.
Los ocho denunciados tienen ahora la oportunidad de demostrar que son inocentes y que la estructura liderada por Cisneros no es una mafia paraestatal con negocios e intereses disfuncionales.
Y las instituciones —incluidos los medios de comunicación— tienen la oportunidad de demostrar si están a la altura de los valores que dicen defender.
Fuentes documentales: Denuncia penal ante UFDT (15/11/2025) | Acuerdo TC 5.140 | Acuerdo TC 5.184 | La Gaceta: "Silencios llamativos" | Orden judicial caso Vélez | Twitter Germán García Hamilton | Contexto Tucumán: venta de medios | La Nación 2000: ataque a La Gaceta | Debate La Gaceta Play
