"90 días para desocupar": se apropiaron de la vereda y afectaron el servicio de agua potable en Lomas de Tafí

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2, a cargo del fiscal Diego Hevia y con la actuación de la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás, consiguió que se ordene la restitución provisoria de un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas América y Francisco de Aguirre, en Lomas de Tafí. En ese lugar se habría producido una usurpación que afectó directamente el servicio de agua potable.

La causa tiene a cuatro personas imputadas por usurpación por despojo parcial, turbación de la posesión y entorpecimiento de un servicio público, en concurso ideal, en perjuicio de SAT-SAPEM.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 21 de abril de 2025, cuando los imputados impidieron el ingreso de un empleado de SAT-SAPEM que debía realizar controles en un pozo de agua. Para ello, habrían utilizado construcciones levantadas sobre parte de la vereda municipal, bloqueando por completo el acceso al predio. Además, la fiscalía sostuvo que, aprovechando la falta de controles permanentes, los acusados se habrían apropiado de parte de la vereda, afectando tanto la posesión municipal como la provisión de agua potable a la comunidad.

Tras escuchar a todas las partes, la jueza dio por formalizada la investigación penal preparatoria, rechazó la oposición de las defensas y validó la formulación de cargos contra los cuatro imputados en calidad de coautores. También ordenó la restitución provisoria del inmueble a la SAT, otorgando a los acusados un plazo de 90 días corridos para desocupar voluntariamente. En caso de incumplimiento, se autorizó un allanamiento con auxilio de la fuerza pública, que deberá realizarse de manera pacífica y con la participación de organismos de protección de menores y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, debido a la presencia de niños en el domicilio.

Como medidas cautelares por seis meses, la magistrada dispuso la obligación de someterse al proceso judicial, no obstaculizar la investigación, fijar y mantener domicilios, asistir a todas las citaciones y respetar la prohibición de acercarse al inmueble en un radio no menor a 200 metros. Además, los imputados fueron intimados a permitir el acceso irrestricto al personal de SAT-SAPEM para realizar tareas de cloración, limpieza, mantenimiento y control del pozo de agua, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.