La extorsiva demanda con la que La Caja Popular de Ahorros busca apretar y silenciar a eltucumano

En las últimas horas, muy altas fuentes judiciales de Tucumán, adelantaron a eltucumano que será notificado ─aún no fue notificado formalmente─ por una demanda millonaria y extorsiva en su contra, por parte de la Caja Popular de Ahorros.

Esta denuncia contra el medio solo confirma que Carlos Cisneros ─el empleado bancario con licencia sindical que se convirtió en magnate y es dueño de medio Tucumán sin dar explicación de semejante enriquecimiento─ acaba de ordenar su contraataque más desesperado contra eltucumano, único medio que se animó a exponer su red criminal con documentación judicial irrebatible.

Cisneros, el hombre a punto de caer preso por trata y explotación sexual de Lourdes Parache y que controla desde 1995 el monopolio provincial del juego y las apuestas, que movilizó USD 9.500 millones en tres décadas sin auditoría pública, que mandó a quemar La Gaceta con los hermanos Ale en el 2000 y hoy la controla, que compró el Grupo Los Balcanes con sus tres ingenios (La Florida, Cruz Alta y Aguilares) que muelen el 25% de la caña de Tucumán, la Universidad San Pablo T, el Hotel cinco estrellas Catalinas Park, Tendencia Noticias, y que conecta todos los sótanos del poder mafioso en Tucumán: desde el clan Ale, los turbios negocios del fútbol, la financiación de campañas políticas y el control de los medios y sectores judiciales— ordenó hace 6 días atrás a la Caja Popular de Ahorros a demandar a este diario por "daño a la marca" y al "buen nombre" de la institución que maneja el negocio de la ludopatía en Tucumán a través del juego, las apuestas, las maquinitas tragamonedas y las apps de apuestas online (el nuevo mega negocio que capta adolescentes en todo el mundo).

La demanda no especifica monto, pero detalla cómo calcularlo: propone que un perito estime escenarios de "fuga de clientes" del 5%, 10% y 15% sobre la cartera de la ART, proyectados a 12 meses, con un "costo de oportunidad financiero" del 30% anual. Un modelo diseñado para inflar cualquier cifra hasta donde convenga. Si la ART PopulART tiene 141.000 afiliados y maneja miles de millones en primas, el cálculo puede dispararse a voluntad del demandante. Una cifra indeterminada que funciona como amenaza. Por ley, litigar le sale gratis a la Caja Popular cisnerista, mientras pretende desgastar en honorarios y gastos procesales a la empresa controlante del diario para intentar someterla.

Acorralado por las pruebas judiciales en su contra, Cisneros ordenó que el organismo estatal que controla hace 30 años demande millonariamente a eltucumano por el daño que supuestamente le habría causado a la reputación de la Caja Popular que nuestro diario haya publicado la denuncia de viudas y huérfanos que reclaman indemnizaciones y seguros que la Caja Popular se niega a abonarles a sus propios asegurados estatales.

Captura de la nota publicada por eltucumano.com

Anatomía de un apriete mafioso disfrazado de demanda civil millonaria

La demanda enumera ocho supuestas "falsedades" publicadas por eltucumano. Ninguna lo es.

eltucumano reprodujo textualmente la posición de los abogados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena, quienes representan a más de 50 familias de empleados estatales fallecidos durante la pandemia. Les dio voz a viudas y huérfanos que reclaman indemnizaciones. También publicó la versión del interventor José Díaz.

La doctrina "Campillay" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que un medio no es responsable por reproducir información atribuida a fuentes identificables. Eso es exactamente lo que hizo eltucumano.

La CPA demanda igual. Porque el objetivo no es ganar. El objetivo es castigar.

Las "falsedades" cisneristas contra eltucumano se derrumban una por una. La CPA se victimiza y afirma que eltucumano la acusó de "extorsión": falso, el diario reprodujo la acusación de los abogados de las familias. Dice la CPA que "las familias no reclamaron nunca": falso de toda falsedad, las demandas presentadas confirma que los cisneristas no saben leer. Niega Díaz, el presidente de Cisneros en la CPA, negligencia COVID por parte de la CPA: eltucumano citó la posición de los abogados representantes de las familias afectadas por el incumplimiento de la CPA. La demanda millonaria contra eltucumano confirma que Tucumán no adhirió a la ley 27348 y que por eso debe pagar a los familiares aunque apele: exacto, entonces ¿por qué no paga la caja a los deudos de los asegurados? ¿Dónde va el dinero público de todos los tucumanos que maneja el cisnerismo junto a La Bancaria?

El problema jurídico es insalvable: la CPA no prueba que lo publicado sea falso. No adjunta sentencia que declare fraudulenta la denuncia de las familias. No aporta evidencia de que los dictámenes médicos fueron obtenidos ilegalmente.

El apriete judicial que le sale gratis al agresor

La demanda es un caso de manual de lo que en derecho se conoce como "demanda estratégica contra la participación pública": acciones judiciales diseñadas no para ganar sino para agotar, intimidar y silenciar a quien publica información incómoda para el poder.

El mecanismo es perverso y simple: La CPA no paga tasa de justicia por su condición de organismo estatal. El formulario de ingreso marca "Exenta de pago". Un ente público usa recursos públicos para demandar a un medio por publicar información de interés público. A Cisneros, el litigio le sale gratis. A eltucumano le cuesta abogados, tiempo, energía y la incertidumbre de una cifra millonaria indeterminada.

Además, la demanda cita jurisprudencia de casos emblemáticos: "Banco Galicia c/ Perfil", "Artear c/ Ediciones Sarmiento". Omite que en la mayoría de esos casos la Justicia protegió a los medios. La cita no es para ganar. Es para asustar.

El contexto financiero de la CPA es demoledor. El Tribunal de Cuentas dictaminó que los estados contables de la CPA "NO presentan razonablemente la información". Detectó desvíos por $26,7 millones en mercadería —la misma que se usó para la campaña "Huguito Legislador" de Hugo Ledesma, cuñado de Cisneros—. Documentó una deuda de $3.381 millones con el SIPROSA.

La CPA debe miles de millones al sistema de salud y en medio de ese derrumbe, destina recursos públicos para hostigar a un medio que publica a viudas y huérfanos que reclaman indemnizaciones que le corresponden por imperio de la Ley.

El "buen nombre" que Díaz dice proteger es la fachada de una organización que movilizó USD 9.500 millones en tres décadas sin auditoría pública y pretende gobernar de facto la provincia mediante el apriete como método.