Inteligencia Artificial hoy: "Un juez decidió que tu chatbot puede declarar en tu contra"

Un juez federal de Nueva York acaba de resolver algo que cambiaría las reglas del juego para cualquiera que use inteligencia artificial para pensar su defensa legal: lo que le decís a un chatbot puede terminar siendo prueba en tu contra. No lo dijo un fiscal en un alegato. No fue una opinión académica. Fue una resolución judicial dictada desde el estrado por el juez Jed S. Rakoff, del Distrito Sur de Nueva York, el 10 de febrero de 2026, en el caso United States v. Heppner, No. 25 Cr. 503 (Debevoise & Plimpton). Es la primera decisión de un tribunal federal en estos tiempos que aborda directamente si el privilegio abogado-cliente se aplica a materiales generados mediante una plataforma de IA consumer (Baker Botts). La respuesta fue no.

Los hechos son simples. Bradley Heppner, ex CEO de Beneficient, fue acusado de fraude de valores y fraude electrónico vinculado al colapso de GWG Holdings. Después de recibir un grand jury subpoena y ya con abogados contratados, Heppner usó Claude, la herramienta de IA de Anthropic, en su versión consumer (es la que usa cualquier persona que se registra gratis o paga la suscripción individual), para preparar reportes con su estrategia de defensa y argumentos legales. Generó 31 documentos. Los mandó por email a sus abogados. Cuando el FBI allanó su casa, agentes federales secuestraron los dispositivos electrónicos que contenían esos documentos. La defensa invocó privilegio abogado-cliente y protección de work product (Es una protección legal estadounidense distinta del secreto profesional (attorney-client privilege), aunque se confunden mucho. Work product son los materiales que un abogado o su cliente preparan en anticipación de un litigio.

El gobierno pidió al juez que declarara que esos documentos no estaban protegidos. El juez Rakoff estuvo de acuerdo: "No veo remotamente ninguna base para cualquier reclamo de privilegio abogado-cliente" (Sher Tremonte).

El razonamiento del juez tiene tres patas, y las tres son demoledoras. Primera: una herramienta de IA no es un abogado. No tiene matrícula, no debe tener lealtad ni confidencialidad, y no está sujeta a regulación profesional (Jones Walker / National Law Review). Hablar de temas legales con un chatbot es, jurídicamente, como contarle tu caso a un desconocido en la calle. Segunda: la política de privacidad de Anthropic establece expresamente que los prompts del usuario pueden ser divulgados a autoridades regulatorias gubernamentales y usados para entrenar el modelo. El juez concluyó que no existe expectativa razonable de confidencialidad. Tercera: los documentos no fueron preparados por abogados ni a instrucción de abogados, sino por el acusado por iniciativa propia (Leech Tishman). Mandarle después esos archivos a tu abogado no les pone un manto protector retroactivo, del mismo modo que si Heppner hubiera hecho búsquedas en Google y se las hubiera impreso a su letrado, esos registros tampoco serían privilegiados (Falcon Rappaport & Berkman).

Ahora viene lo elemental de la resolución: el tema del waiver, la renuncia involuntaria al privilegio. Heppner no solo usó la IA para pensar en voz alta: alimentó el chatbot con información que sus propios abogados le habían transmitido confidencialmente, generó 31 documentos de prompts y respuestas, y luego los envió a sus letrados (Jones Walker / National Law Review). El gobierno argumentó —y el juez Rakoff aceptó— que compartir comunicaciones privilegiadas con una plataforma de IA de terceros puede constituir una renuncia al privilegio sobre las comunicaciones abogado-cliente originales. Esto significa que no solo se pierden los 31 documentos generados por la IA: potencialmente se pierde la protección de todo lo que el abogado le dijo al cliente en privado y que el cliente después volcó en un prompt. El privilegio es del cliente, pero el deber de cuidarlo también.

¿Qué significa esto para Argentina? La lógica del juez Rakoff se apoya en un principio universal: si entregás voluntariamente información confidencial a un tercero que no tiene obligación de guardar secreto, perdés la protección. Nuestro derecho no es ajeno a ese razonamiento el art. 156 del Código Penal y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales estructuran el secreto profesional y el deber de confidencialidad, pero su protección opera dentro del vínculo profesional específico. 

En Argentina, el secreto profesional protege la relación entre abogado y cliente, pero ese blindaje tiene un espacio: la relación con tu abogado. Cuando le pedís consejo legal a una app que ni sabe tu nombre y le rinde cuentas a sus accionistas, no estás consultando a un profesional. Estás publicando. 

El estándar que aplicó Rakoff, la divulgación voluntaria a un tercero sin deber de confidencialidad destruye el privilegio, podría ser análogo a la doctrina argentina de los actos propios?, nadie puede invocar una protección que sus propias acciones desvirtuaron. 

Hay un matiz que el propio fallo deja abierto y que importa mucho para la práctica: no toda IA es igual ante el privilegio. Las plataformas empresariales que contractualmente garantizan que los inputs no serán usados para entrenamiento y mantienen cláusulas de confidencialidad podrían recibir un análisis diferente, de modo que su uso con materiales privilegiados debería respaldar mejor los reclamos de privilegio (Debevoise & Plimpton). La diferencia entre un plan consumer y un contrato enterprise no es solo una cuestión de precio: puede ser la diferencia entre mantener o perder la protección legal sobre información sensible. Las organizaciones deberían asegurarse de que sus contratos empresariales de IA aborden explícitamente estos puntos. 

La regla que deja Heppner es simple: asumí que todo lo que escribas en un chatbot público puede ser leído en voz alta en un tribunal. Si sos abogado, advertile a tu cliente explícitamente que cualquier cosa que ingrese en una herramienta de IA puede ser descubrible y casi con certeza no está protegida por el privilegio. Si sos cliente, antes de pegarle tu situación legal a la IA, llamá a tu abogado. Y si sos un estudio jurídico o una empresa, auditá tus políticas de uso de IA desde la óptica del privilegio, porque pocas abordan las implicancias que este caso pone en evidencia (Baker Botts). La inteligencia artificial llegó para quedarse en la práctica del derecho; el desafío es usarla sin que tus secretos profesionales se conviertan en evidencia de cargo. Fuente: United States v. Heppner, No. 25 Cr. 503 (JSR), S.D.N.Y., resolución oral del 10 de febrero de 2026. 

Por Alejandro Urueña: Abogado. Diplomado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral; Diplomado en Derecho 4.0, Universidad Austral; Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral (T.P); Posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho, I.A.L.A.B, U.B.A. Posgrado en Metaverso, U.B.A. Programa (IA) Universidad Austral. Magister en Inteligencia Artificial Centro Europeo de Posgrado. Programa MIT en desarrollo y diseño en productos y servicios en IA con Insignia de Asignación Ejemplar.  Bootcamp internacional inteligencia artificial aplicada al Derecho. Programa  MIT Machine Learning in Business. Program MIT Inteligencia Artificial Agéntica para la Transformación Empresarial. Actualmente, cursando Maestría en Ciencias de Datos, Universidad Austral.