¿Goza Felipe "El Militar" Sosa de una protección de facto de las familias Sanjuan y Poviña en la justicia federal y provincial?

"Reiteramos —como ya fue informado oportunamente— que Felipe Sosa no registra antecedentes penales".

La frase pertenece a Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, abogados defensores de Felipe "El Militar" Sosa, acusado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez. La escribieron en un comunicado difundido el 24 de febrero de 2026 y la han reiterado en presentaciones judiciales, convirtiéndola en la pieza central de una estrategia orientada a mejorar las condiciones de detención de un hombre imputado por matar a una joven de 25 años cuyo cuerpo apareció envuelto en bolsas de consorcio en el basural de Manantial Sur.

No es una fórmula decorativa. El artículo 246 del Código Procesal Penal de Tucumán establece que, al definir el régimen de alojamiento y tratamiento carcelario de un detenido preventivo, deben ponderarse, entre otros factores, sus antecedentes penales. Un preso sin antecedentes puede reclamar separación de los condenados, un régimen menos rígido y condiciones más benignas. Y Sosa, que en audiencia pidió al juez que le permitiera "tener contacto con otros internos", depende de que esa frase siga siendo jurídicamente defendible.

Sosa —en cuya casa de Frías Silva 1336, Yerba Buena, la policía encontró un montaje de cultivo de cannabis con numerosas plantas, un invernadero con clima controlado, una prensa con gato hidráulico, balanza digital, decenas de frascos y flores compactadas, según describen actas y crónicas judiciales— es el mismo hombre que, de acuerdo a la declaración de Justina Gordillo ante el fiscal Pedro Gallo, "hacía más de tres años estaba muy descontrolado y comercializaba pastillas en las fiestas electrónicas", y al que la hermana de Érika ubica con "bolsas con pastillas" en su domicilio. Pese a ese cuadro y a múltiples denuncias previas por violencia de género y amenazas formuladas por su ex pareja —sobre las que medios nacionales señalan que fue beneficiado con sobreseimientos—, hoy se presenta procesalmente ante la justicia provincial como alguien sin antecedentes penales firmes.

Ese "borrón" tiene un autor: el juez federal José Manuel Díaz Vélez.

Pero también tiene guardianes institucionales. Y al menos dos de esos núcleos de poder llevan el apellido Sanjuan y el apellido Poviña.

El juez Díaz Vélez: un topo federal con criterio pro narco

Un trabajo de este diario reconstruyó con detalle la decisión de Díaz Vélez en la causa de drogas de Sosa, contrastándola con otro expediente por cultivo de cannabis que el mismo juez resolvió de manera diametralmente opuesta. En el caso de la familia Campos Bringas, el magistrado dispuso la prisión preventiva por unas pocas decenas de plantas y algunos frascos; trece meses más tarde, sobreseyó a Sosa frente a una estructura mucho más robusta: cultivo indoor con varias decenas de plantas, flores procesadas en forma de tabletas, prensa hidráulica, balanza digital y decenas de frascos vacíos.

En las 22 páginas del fallo, Díaz Vélez argumentó que no surgían "constancias tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna" y que el montaje podía explicarse en el marco de un autocultivo medicinal autorizado, pese a que la cantidad secuestrada excedía holgadamente los parámetros habituales de ese régimen. La prensa hidráulica industrial no probaba comercio; los frascos vacíos no probaban comercio; las bolsas para fraccionar no probaban comercio. La conducta, concluyó, "carece de lesión al orden, moral o salud públicas", y sostuvo que el proceso no debía afectar "el buen nombre y honor" de Sosa.

El juez no sólo cerró el expediente: ordenó devolver la prensa, la balanza, los frascos, las lámparas y el resto del equipamiento, consolidando procesalmente la idea de que Sosa no tenía antecedentes penales. El fiscal federal Agustín Chit apeló esa resolución en abril de 2025, señalando que "la cantidad de estupefacientes secuestrados resulta más que considerable" y que la infraestructura desplegada excedía con creces la de un mero autocultivo medicinal, y pidió que la Cámara Federal de Apelaciones revisara el sobreseimiento.

Han pasado más de diez meses. La Cámara todavía no se expidió.

Si la apelación prosperara y el fallo de Díaz Vélez se revocara, el sobreseimiento caería y Sosa pasaría a cargar con un antecedente penal que sus defensores hoy niegan. Y aquella frase de "no registra antecedentes penales" perdería el valor estratégico que tiene hoy en el expediente de Érika.

La pregunta que flota en los pasillos es simple y, a la vez, incómoda: ¿a quién beneficia que la Cámara no se pronuncie?

Los Sanjuan, ¿connivencia judicial con el Narco?

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán está integrada por cinco vocales: Marina Cossio, Patricia Moltini, Fernando Poviña, Mario Leal y Ricardo Mario Sanjuan. Son ellos quienes deben resolver la apelación de Chit contra el sobreseimiento de Sosa dictado por Díaz Vélez.

Ricardo Sanjuan —apodado "el Perro" en ámbitos judiciales— presidió la Cámara en distintos períodos y construyó un perfil público ligado al combate del narcotráfico: firmó, junto a otros jueces federales del NOA, documentos que reclamaban políticas más firmes contra el narco, declaró que "el tráfico de drogas viene incrementándose" y participó de comisiones interpoderes para coordinar el trabajo del fuero federal con el provincial en materia de narcomenudeo. En esas mismas mesas de trabajo aparecen los nombres de los fiscales federales que hoy litigan en la causa de Sosa, entre ellos el propio Chit.

Ese camarista que durante años se mostró como una voz de alerta frente al avance del narcotráfico integra el tribunal que, a más de una década de aquellos pronunciamientos, aún no dijo si corresponde revisar un sobreseimiento dictado en una causa donde se secuestró un invernadero de cannabis de escala significativa.

El segundo plano de esta trama se despliega en la justicia provincial. El fiscal que instruye el expediente donde Felipe Sosa aparece como supuesto proveedor de pastillas de éxtasis se llama José Alejandro Sanjuan Quirós. Es fiscal penal subrogante de la Capital y ocupa una de las fiscalías específicas de narcomenudeo, cargo para el cual fue propuesto en un pliego aprobado por la Legislatura en noviembre de 2022. Es, además, hijo de Ricardo "el Perro" Sanjuan.

Según reconstruyó La Gaceta, en abril de 2024 la Policía Federal desarticuló un grupo dedicado a vender éxtasis en fiestas electrónicas que ellos mismos organizaban, y en ese expediente fueron procesados César Fernández Fazio y Mariano Valdez. En la causa tramitada ante la fiscalía de Sanjuan Quirós "aparecería 'El Militar' como supuesto proveedor de la sustancia" que circulaba en esos eventos, lo que coincide con testimonios que lo ubican como vendedor de pastillas en el circuito de fiestas.

Las fuentes consultadas por ese diario describen que varios testigos tenían miedo de declarar por temor a represalias, y los relatos de Gordillo y de la hermana de Érika coinciden en presentar a Sosa como alguien que suplía pastillas y se movía con mucha plata en ese ambiente. El nombre de Sosa aparece en al menos tres expedientes vinculados a la comercialización de éxtasis y flores de marihuana. Pese a ello, hasta ahora no se conocen imputaciones formales ni medidas procesales de peso dirigidas específicamente contra él en ese expediente.

El mapa institucional es claro: el padre integra el tribunal que debe decidir si Sosa tendrá o no antecedentes penales en el fuero federal; el hijo conduce la fiscalía que tramita una causa donde su nombre aparece asociado a venta de drogas sintéticas en el fuero provincial. Que estos dos cargos estratégicos estén ocupados por miembros de la misma familia no es una sospecha ni una interpretación: es un dato verificable en los organigramas del Poder Judicial de la Nación y en los pliegos oficiales de la Legislatura de Tucumán.

El "perrito" SanJuan, un fiscal extasiado

La trayectoria reciente de José Alejandro Sanjuan Quirós agrega un elemento de peso al análisis sobre quién tiene en sus manos la causa de éxtasis que roza a Sosa.

En diciembre de 2024, Sanjuan Quirós se presentó a un concurso del Consejo Asesor de la Magistratura para cubrir un cargo de juez en el Colegio de Jueces Penales de Concepción. El reglamento interno prohibía usar durante el examen cualquier plataforma distinta a las autorizadas —Zoom, SiGeCAM y exam.net—, pero el acta oficial del Consejo, replicada por medios locales, dejó constancia de que el postulante tenía abiertas su cuenta de Gmail y páginas de medios de comunicación, y que del historial de navegación surgían búsquedas en Google y accesos a YouTube durante la prueba, vinculadas a temas jurídicos concretos: "abuso sexual arrepentimiento de la víctima", "pudendas", un PDF titulado "Género" y un archivo Word llamado "Sentencia Gianfelici".

Frente a la constatación, Sanjuan Quirós alegó que había ingresado a esas páginas antes del inicio del examen o en un receso y dijo desconocer las limitaciones del reglamento, pero finalmente renunció al concurso. No perdió, sin embargo, su cargo como fiscal de narcomenudeo, desde el cual sigue siendo el funcionario responsable de impulsar —o no— las investigaciones donde se menciona a Felipe Sosa como eventual proveedor de éxtasis.

Que el funcionario que debe empujar esa causa haya sido sorprendido usando herramientas no autorizadas en un examen para juez y que, pese a ello, se mantenga al frente de una fiscalía clave, agrega una capa más de fragilidad institucional a un caso ya atravesado por sospechas de indulgencia.

Los Poviña: una familia federal en la trama

La presencia de la familia Poviña en torno a la causa de Sosa introduce un segundo entramado de vínculos familiares y conflictos de interés, esta vez concentrado en la cúspide de la justicia federal tucumana.

Fernando Luis Rodolfo Poviña fue juez federal N.º 2 de Tucumán hasta que en 2023 el Senado lo designó como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones; hoy es su presidente. En esa condición integra el tribunal llamado a revisar, junto con Sanjuan y los demás camaristas, el sobreseimiento de Sosa dictado por Díaz Vélez.

Poviña se apartó de ese expediente invocando su intervención previa como juez de primera instancia. Es la causal formal. Pero nunca se excusó por un conflicto de interés que salta a la vista: mientras condujo la investigación contra Sosa como juez federal N.º 2, su padre ya litigaba como abogado de empresas del imputado y su madrastra ya lo representaba en causas civiles. Participó en toda la instrucción sin declarar esos vínculos y recién se apartó al llegar a la Cámara, invocando una causal técnica que encubre la familiar. Los antecedentes públicos muestran que su familia ya había sido objeto de observaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil por la forma en que se solapan roles judiciales y tareas de defensa privada. La plataforma JUSTA documentó que Fernando Poviña padre, abogado, litigó en causas donde su hijo actuaba como juez, incluyendo una denuncia de corrupción en obra pública y una causa de enriquecimiento ilícito en la que defendió al entonces gobernador Juan Manzur ante el juzgado a cargo de Poviña hijo. Según esa misma fuente, Poviña padre siguió litigando en el ámbito de su hijo y el camarista "se apartó de una denuncia de corrupción con obras públicas hídricas por el hecho de que su progenitor se presentó como abogado del funcionario cuestionado".El octogenario Fernando "el indio" Poviña y Dolores Remis, padre y madrastra del actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Poviña padre litiga como abogado de empresas vinculadas a Sosa y la esposa de este, la abogada Dolores Remis —madrastra del presidente de la Cámara—, representa al exmilitar en al menos dos causas civiles: Distintas fuentes señalan que Poviña padre también representa a empresas relacionadas con Felipe Sosa, pero el camarista nunca invocó esos vínculos como causal de apartamiento. A ese conflicto se suma otro: la esposa de Poviña padre, la abogada Dolores Remis —flamante madrastra del presidente de la Cámara—. En efecto: la esposa del presidente de la Cámara, la abogada Dolores Remis -la abogada ha litigado en casos de femicidio de alto perfil, representa a Sosa en al menos dos causas civiles, una iniciada por su ex pareja por violencia de género y otra promovida por el hermano de ella por amenazas, tramitadas en fueros no penales pero íntimamente ligadas al mismo entramado de hechos.

De baile: Dolores Remis, madrastra del presidente de la Cámara Federal de Tucumán y abogada de "El militar" Sosa.

Según reveló El Federalista, la ex pareja de Sosa había denunciado previamente episodios de violencia y amenazas, y en audios incorporados al expediente advirtió a la justicia que temía un desenlace fatal similar al que luego sufrió Érika Álvarez. Es en esas causas civiles —por violencia de género y por amenazas promovidas por ella y por su hermano— donde Dolores Remis actúa como abogada de Sosa, lo que enlaza directamente al entorno familiar del presidente de la Cámara Federal con el historial previo de agresiones del imputado.

El resultado es un cuadro poco frecuente: el presidente de la Cámara se apartó invocando su intervención previa como juez, pero omitió declarar que su padre defiende a empresas del imputado y que su madrastra lo representa en procesos civiles conexos. El expediente queda igualmente en manos de colegas con lazos cruzados con los otros frentes judiciales del mismo acusado. La inhibición, en vez de disipar todas las dudas, apenas desplaza el foco.

La cadena de decisiones en favor de "El militar" Sosa

Visto en secuencia, lo que ocurre con Sosa en la justicia tucumana traza una cadena coherente:

Fernando Poviña, como juez federal N.º 2, intervino en los primeros tramos de la causa por drogas contra Sosa. Al ser promovido a la Cámara Federal en 2023, su juzgado quedó vacante; la competencia en materia de estupefacientes pasó a Díaz Vélez, que juró su cargo prometiendo combatir "el flagelo de la droga" y destacando que llevaba "30 años" poniendo "atención en este gran flagelo".

En abril de 2025, ese mismo juez firmó el sobreseimiento de Sosa, consideró que el invernadero y el equipamiento secuestrado no demostraban una finalidad de comercio y ordenó devolver todo.

El fiscal Chit apeló y la Cámara Federal recibió la causa a fines de abril de 2025.

Poviña junior, ya como presidente de la Cámara, se apartó formalmente del expediente alegando su intervención previa como juez de primera instancia. No invocó como causal los vínculos de su padre y de la esposa de este con el imputado

Ricardo Sanjuan y los demás vocales quedaron en posición de resolver la apelación; al día de hoy, no lo hicieron.

Fernando Poviña, a la izquierda, preside la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

En paralelo, la fiscalía de narcomenudeo a cargo de Sanjuan Quirós tramita una causa donde Sosa aparece vinculado a la provisión de éxtasis y tampoco avanzó sustantivamente sobre él.

Al mismo tiempo, en el fuero civil, Dolores Remis representa a Sosa en procesos derivados de denuncias de violencia de género y amenazas de su ex pareja y del hermano de ella, lo que extiende la red de vínculos entre el imputado y el entorno familiar del presidente de la Cámara.

Mientras tanto, en el caso Érika, la defensa de Sosa destaca una y otra vez que su cliente "no registra antecedentes penales" para reclamar un régimen carcelario menos riguroso, incluyendo la posibilidad de mayor contacto con otros reclusos, acceso a libros y tratamiento psiquiátrico fuera del penal.

Cada decisión —el sobreseimiento de Díaz Vélez, la demora de la Cámara, la inhibición de Poviña, la pasividad de la fiscalía de Sanjuan Quirós, la representación civil de Remis en causas íntimamente ligadas al historial de violencia de Sosa— puede explicarse aisladamente. Leídas en conjunto, configuran un circuito institucional donde dos familias concentran posiciones clave sobre el destino procesal de un mismo imputado.

Protección judicial de facto

No hay, hasta donde se conoce públicamente, evidencia de un pacto escrito o de un acuerdo clandestino entre Sosa y los integrantes de las familias Sanjuan o Poviña. Atribuirles un compromiso formal de protección sin pruebas sería temerario desde el punto de vista ético y jurídico.

Sí hay, en cambio, una serie de hechos verificables en fallos, expedientes, pliegos y actas que permiten formular una hipótesis razonable de protección de facto:

Un juez federal que, pese a la magnitud del secuestro, sobresee a Sosa, afirma que su conducta no lesiona el orden público y dispone la devolución íntegra del equipamiento.

Una Cámara Federal que, transcurridos más de diez meses desde que recibió la apelación del fiscal, no ha decidido si ese sobreseimiento fue correcto o no.

Un presidente de Cámara que se aparta invocando su intervención previa como juez, pero que omite declarar los vínculos familiares con el entorno empresarial y jurídico del imputado —su padre abogado de las empresas de Sosa, su madrastra abogada civil de Sosa—, dejando el caso en manos de colegas, entre los que se encuentra el padre del fiscal que maneja la causa de éxtasis a nivel provincial.

Un fiscal de narcomenudeo —hijo de ese camarista— que tiene en su despacho un expediente donde Sosa figura como presunto proveedor de pastillas de éxtasis y que, hasta ahora, no muestra avances concretos contra él.

El mismo fiscal fue sorprendido usando Gmail, Google y YouTube durante un examen para juez y, pese a ello, conserva su función en una fiscalía clave.

Dolores Remis, esposa de Poviña padre y madrastra del presidente de la Cámara, representa a Sosa en causas civiles ligadas a denuncias previas de violencia de género y amenazas —causas en las que, según reveló El Federalista, la ex pareja de Sosa advirtió a la justicia que temía un desenlace fatal—, es decir, en controversias que forman parte del mismo telón de fondo de riesgo que terminó con el femicidio de Érika.

Una protección de facto no requiere un acuerdo formal ni un intercambio de favores documentado. Puede construirse a partir de decisiones que, en la práctica, evitan que un imputado acumule antecedentes, combinadas con demoras que neutralizan los recursos destinados a revertir esas decisiones y con estructuras de conflicto de intereses donde familiares de jueces representan a ese imputado o a sus empresas.

En ese sentido, el conjunto de hechos que rodean a Felipe "El Militar" Sosa es compatible con la existencia de un entramado de protección informal dentro de la justicia federal y provincial tucumana: un sobreseimiento que no se revisa, una apelación que no se resuelve, una causa por éxtasis que no avanza, causas civiles de violencia y amenazas patrocinadas por la esposa del presidente de la Cámara y dos familias cuyos miembros ocupan simultáneamente posiciones desde las que podrían —si quisieran— acelerar o frenar el curso de esas investigaciones.

¿Y Érika?

Felipe Sosa está detenido en el penal de Benjamín Paz, en una celda individual. Sus abogados describen lo que consideran un "régimen de aislamiento social extremo": 23 horas de encierro, comidas en soledad, una salida diaria de quince minutos con fuerte custodia en "formación diamante", prohibición de recibir libros y contacto con la defensa bajo acrílicos y supervisión permanente. Alegan que su salud psíquica se deteriora y que el trato es desproporcionado frente a su situación procesal.

En todas esas presentaciones, repiten la misma frase: "Sosa no registra antecedentes penales". Esa afirmación se apoya en el sobreseimiento firmado por Díaz Vélez, se mantiene viva por la falta de decisión de la Cámara Federal donde Sanjuan integra el cuerpo que debe resolver, y no ha sido aún desafiada desde la fiscalía de narcomenudeo a cargo de Sanjuan Quirós, que tiene bajo su órbita la causa donde Sosa aparece como proveedor de éxtasis, ni desde el fuero civil donde Dolores Remis —madrastra del presidente de la Cámara que se apartó sin declarar ese conflicto— lo representa en litigios vinculados a denuncias previas de violencia y amenazas.

Mientras los apellidos que se repiten en las oficinas y despachos de Tribunales ordenan los tiempos, hay otro apellido que espera respuestas en un barrio de Tucumán: el de Érika Álvarez. La joven estudiante de enfermería fue encontrada muerta en un basural, envuelta en tres bolsas de consorcio atadas con nudos de estilo militar, con la mandíbula luxada y fracturas en el cráneo, según describen las crónicas y la acusación fiscal.

A Érika nadie le preguntó si quería "registrar antecedentes".Un perro en la puerta de la sede Federal de (In) Justicia de calle Las Piedras. Foto eltucumano.com.-

Notas relacionadas

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Fuentes documentales

• Fallo de sobreseimiento, Juzgado Federal Nº 2, expediente 8672/2023, 10/04/2025.
• Resolución Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, expediente 1213/2024, 30/04/2025.
• Resolución Cámara Federal rechazando devolución de elementos secuestrados, 14/04/2025.
• Pliego legislativo designación José Alejandro Sanjuan Quirós, La Gaceta, 01/11/2022.
• Acta del Consejo Asesor de la Magistratura, examen 12/12/2024. Publicada por Diario Cuarto Poder, 22/12/2024.
• "Una Justicia vaciada para llenar otras (más poderosas)", JUSTA – ACIJ.
• "No sé qué es lo que están esperando que pase": la ex mujer de Sosa anticipó a la justicia el trágico final de Érika, El Federalista, 31/01/2026.
• Comunicación del presidente de la Cámara Federal de Tucumán, Centro de Información Judicial, CSJN.
• Artículo 246, Código Procesal Penal de Tucumán.