Solicitan la indagatoria de Carlos Cisneros y se activa el pedido de desafuero en Diputados
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó formalmente la indagatoria del diputado nacional y magnate de medios Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia, bajo la acusación de liderar una organización criminal que utilizó a Lourdes Parache como instrumento de una trama extorsiva. Mientras el juez federal Díaz Martínez ya notificó al Congreso sobre su situación, el también sindicalista contraatacó acusando a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, de "panfletear" la causa en su contra.
Foto Facebook/La Bancaria
El cerco judicial sobre el diputado nacional y jefe de La Bancaria, Carlos Aníbal Cisneros, comienza a cerrarse y toma dimensión institucional, luego de que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitara formalmente su declaración indagatoria, junto a la de la abogada Patricia Neme y el presunto operador Federico Petraglia, por considerarlos supuestos autores del delito de trata de personas con fines de explotación.
El pedido, que incluye medidas de coerción y la prohibición de salida del país, se fundamenta en el giro de la denominada "causa Vélez", donde la Justicia de la Provincia sobreseyó a los cuatro futbolistas acusados de violación en manada y dio paso a una investigación judicial por una presunta "cama extorsiva" orquestada desde el entorno del parlamentario, capo de La Asociación Bancaria y magnate de medios en Tucumán.
La hipótesis de la Fiscalía Federal N°1, plasmada en el Dictamen 269/2025, sostiene que el delito de trata no se vincula al encuentro sexual con los futbolistas, sino al proceso posterior de sometimiento de la voluntad de la denunciante, Lourdes Parache.
Según el fiscal Vehils Ruiz, el proceso de captación se habría producido cuando la joven, inmersa en una situación de fragilidad emocional y dependencia laboral como empleada de la Caja Popular de Ahorros, fue privada de su capacidad de autodeterminación mediante coerción y abuso de autoridad.
Para la fiscalía, Parache fue instrumentalizada para sostener un relato falso con fines ajenos, lo que configura una forma de explotación laboral y funcional.
Las pruebas que sostienen este pedido son los 530 megabytes de evidencia digital recuperados mediante tecnología israelí UFED, donde la propia Parache confesaba a sus amigas: "fui prisionera... cumpliendo órdenes sin preguntar ni chistar". Además, se acreditó que la organización operó para destruir evidencia, incluyendo un plan para simular el robo del celular de la joven y reemplazarlo por un iPhone nuevo comprado por Cisneros para ocultar audios comprometedores.
Los mensajes recuperados por UFED no dejan margen para la ambigüedad. Lourdes escribió a su amiga Rosario Molina:
En un momento dije que no me habían tocado. Después empiezo a hablar que me manipuló y ahí lo hago pingo a Sosa. Jajá. LA ABOGADA ME HIZO DAR CUENTA QUE HABÍA SIDO ABUSADA.— Lourdes Parache, mensaje recuperado por pericia UFED · ver nota
La "abogada" es Patricia Neme, la letrada de la Caja Popular puesta por Cisneros. Lourdes no "resignificó" espontáneamente su experiencia. Fue "hecha dar cuenta" de que "había sido abusada". El informe psicológico de la Lic. Natalia Alba Mendieta del SIPROSA —matrícula 912, fechado 27 de diciembre de 2024— lo confirma técnicamente: detecta una "reinterpretación retroactiva" del encuentro sexual. El propio abogado de la querella, Patricio Char, lo admitió involuntariamente en la audiencia del 19 de diciembre al reconocer que el caso era de "resignificación sexual —darse cuenta después—". La diferencia entre "chocha" y "violada" es Carlos Cisneros, Patricia Neme, La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros.
El pedido de desafuero y la posible detención
Dada la gravedad del delito investigado —que prevé penas de cinco a diez años de prisión debido al agravante de ser funcionario público— y el riesgo acreditado de entorpecimiento, la querella de José Florentín solicitó la inmediata detención y el desafuero de Cisneros. El juez federal Guillermo Díaz Martínez ya notificó oficialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre la sustanciación de la causa 23/2026 y la "hipótesis razonable" del delito de trata.
La solicitud de desafuero busca remover el obstáculo constitucional para que la justicia pueda avanzar con medidas de coerción personal que resultan incompatibles con la inmunidad de arresto. Según los escritos presentados, la inmunidad parlamentaria no debe ser interpretada como un mecanismo de impunidad, especialmente cuando existen indicios de que Cisneros pone sus recursos e influencias a disposición de una "empresa criminal".

La nota del juez federal Guillermo Díaz Martínez al presidente de la Cámara de Diputados.-
La defensa de Cisneros y el ataque contra Martín Menem
Ante el avance del cerco federal, Carlos Cisneros, a través del sitio Tendencias de Noticias —el mismo donde confesó ser dueño del multimedio Enterate Noticias— salió al cruce y rechazó las acusaciones, vinculándolas a una persecución política. El diputado acusó directamente al presidente de la Cámara, Martín Menem, de "panfletear" información inexacta sobre un pedido de desafuero que, según el legislador, aún no ha sido formalizado en el cuerpo legislativo.
"Es una vergüenza que el presidente panfletee de esa manera, yo no me voy a ningún lado y cuando me citen me presentaré", afirmó Cisneros, quien además denunció la existencia de "mala fe" por parte de portales que supuestamente reciben pauta del Gobierno provincial. No obstante, el oficio judicial enviado al Congreso es claro al detallar que el diputado kirchnerista se encuentra bajo investigación federal por infracción a la Ley 26.364 de Trata de Personas.
Con el pedido de indagatoria y el proceso de desafuero en marcha, la justicia Federal busca determinar si la estructura que hasta enero controlaba la Caja Popular de Ahorros operó por encima de la ley para destruir la vida de cuatro futbolistas y esclavizar la voluntad de una joven empleada.

Requerimiento presentado por el fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz.-








