Diputados debate este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares con el foco en la minería

Este miércoles 8 de abril, la Cámara de Diputados sesionará con el objetivo de tratar como tema único la reforma de la Ley de Glaciares. Tras obtener dictamen de mayoría el día previo con el apoyo de gobernadores de provincias mineras, el oficialismo espera alcanzar una victoria legislativa con una base de entre 135 y 140 votos a favor. La sesión se anticipa tensa desde el inicio, ya que la oposición planea plantear cuestiones de privilegio por el caso Adorni y buscará tratar sobre tablas un proyecto para reafirmar la neutralidad argentina ante conflictos en el Medio Oriente.

El proyecto de ley propone una redefinición del artículo 1° de la normativa vigente, precisando que la protección se centrará en los glaciares y geoformas que "cumplan funciones hídricas" como reservas estratégicas o recarga de cuencas. Un punto clave de la reforma es la delegación de facultades a las provincias: las autoridades ambientales locales serán quienes verifiquen si las geoformas poseen dichas funciones y determinen, mediante evaluaciones de impacto ambiental, si las actividades industriales o mineras alteran de forma relevante la condición natural del recurso.

En este marco, la representación de Tucumán toma un rol activo en la previa del debate. El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión de trabajo el pasado lunes con los diputados nacionales del Bloque Independencia: Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla. El objetivo del encuentro fue analizar minuciosamente el impacto que la nueva normativa tendría sobre la economía y los recursos naturales de la provincia.

Durante la reunión, los legisladores y el mandatario provincial evaluaron los alcances de la ley, buscando definir una postura que resguarde los intereses de Tucumán y acompañe el crecimiento de las economías regionales. El diputado Javier Noguera destacó que la norma busca "merituar la inversión minera" y delegar potestades de uso del agua en los gobiernos locales, mientras que la diputada Gladys Medina subrayó la importancia de haber seguido de cerca las exposiciones a favor y en contra en las comisiones para tomar una decisión responsable en el recinto. Según indicaron, la definición final del voto del bloque se terminaría de consensuar en las horas previas a la sesión, manteniendo una mirada puesta en el desarrollo productivo provincial.

Más poder a las provincias

La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.