Tucumán desiste de tres expropiaciones para evitar una condena de más de $5.000 millones
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la cancelación de los procesos judiciales sobre estos tres inmuebles estratégicos. La medida busca proteger el patrimonio provincial, evitar condenas millonarias por falta de financiamiento y garantizar los recursos para servicios esenciales.
Imagen ilustrativa.
El Gobierno de Tucumán anunció formalmente el desistimiento de los procesos de expropiación de tres inmuebles clave donde se proyectaban obras de gran envergadura. La decisión, comunicada por el gobernador Osvaldo Jaldo en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, se centra en el Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un proyecto habitacional destinado a 700 viviendas.
La medida responde a la imposibilidad de costear estos proyectos debido a la ausencia de financiamiento nacional e internacional. Según explicó el mandatario, "no están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear". En este contexto, la prioridad del Estado se ha volcado a evitar litigios heredados que amenazaban con derivar en embargos de cuentas públicas y poner en riesgo servicios básicos como salud, seguridad y educación.
Protección del patrimonio
El impacto financiero de esta decisión es determinante para las arcas tucumanas. Jaldo destacó que, al adelantarse a las sentencias judiciales, el Estado evitó una condena superior a los $5.000 millones de pesos. Por su parte, la fiscal de Estado,Gilda Pedicone de Valls, precisó que la suma exacta que la Provincia deba afrontar ascendería a $5.268 millones por estos tres inmuebles sin obras garantizadas.
Además del ahorro por las condenas evitadas, la decisión permitirá que la Provincia recupere cerca de $2.000 millones de pesos correspondientes a fondos que ya habían sido depositados judicialmente. "Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero. "Hemos pedido a la Justicia paralizar los juicios y reintegrar los fondos", detalló la fiscal.
Durante el anuncio, en el que estuvieron presentes ministros de todas las carteras y jefes policiales, el Gobernador vinculó esta medida con una política de Estado de respeto por la propiedad privada. "Es algo elemental y fundamental para quienes quieran realizar inversiones, con el respaldo legal del gobierno provincial", afirmó Jaldo.
No obstante, aclaró que esta postura se complementa con una defensa firme del patrimonio público. En ese sentido, recordó que desde octubre de 2023 la provincia ha llevado adelante un proceso de recuperación de casi 1.000 hectáreas de tierras fiscales que estaban en posesión de personas sin justificación legal.
Finalmente, Pedicone de Valls subrayó un cambio de paradigma en la gestión: a partir de ahora, toda expropiación deberá estar estrictamente justificada por la existencia de una obra concreta y su correspondiente financiamiento. "No antes", sentenció la funcionaria, reafirmando el compromiso de una administración responsable del presupuesto público
