Concepción: clausuran una reconocida fábrica de papas fritas y crece la tensión por más de 70 puestos de trabajo
Vecinos autoconvocados denuncian contaminación ambiental y problemas de salud, mientras la empresa, advierte por trabajadores en riesgo.
En la intersección de Matienzo y San Lorenzo, en la ciudad de Concepción, un grupo de vecinos autoconvocados intensificó su reclamo para lograr el cierre definitivo de una fábrica de papas fritas, a la que acusan de generar contaminación ambiental y afectar su calidad de vida. El conflicto escaló en los últimos días tras la clausura de la empresa Snack Cracks, lo que también abrió un fuerte debate por el impacto en el empleo local.
Los vecinos aseguran que la planta, instalada hace aproximadamente un año, provoca emanaciones de gases, olores intensos y partículas que afectan tanto la salud como las propiedades de quienes viven en la zona.
Gustavo Rocchia, uno de los vecinos autoconvocados, expresó en un vivo de Vientos Tucumanos: “Venimos a pedir a que tengamos un medio ambiente sano, como corresponde. Acá estamos contaminados con aceite, con las partículas, no se puede abrir las ventanas. Es una contaminación general de hace un año. Hace un año que venimos reclamando y pidiendo apoyo a la municipalidad. Vivo a 50 metros de la fábrica. Nos perjudica en el día a día, en el olor, en las partículas que nos mancha la ropa, los vehículos, los techos quedan con capas de aceite. No estamos en contra de los empleados, de la fabricación. Estamos a favor del medio ambiente y de la calidad de vida que tenemos que tener nosotros”.
En la misma línea, Ana María Leones remarcó el impacto sanitario y ambiental que, según denuncian, genera la actividad industrial: “Nosotros queremos que no sigan contaminando el aire, el suelo, las casas, nuestras propiedades. Esta fábrica nos perjudica sobre todo la salud. Esta fábrica se instaló hace un año y a partir de ese momento hemos empezado a tener problemas en todos los órdenes. Lo que nosotros queremos es que no nos sigan contaminando. Si se tienen que ir y reacomodarse, eso ya lo verán las autoridades competentes que estén a cargo de esto”.
Además, agregó: “Entre los problemas, el olor por la emanación de gases es tremendo, las partículas que por ahí a simple vista no son visibles pero las vemos pegadas en el auto, en el techo de la casa, en la ropa. A los que viven pegados a la fábrica, directamente hablen con ellos porque no pueden estar. Se les calientan las paredes a los vecinos que viven al lado. Tengo entendido que manejan un aceite con una temperatura de 200 grados y tengamos en cuenta que hay una estación de servicio a pocos metros”.
Mientras crecen los reclamos vecinales, la Municipalidad avanzó con la clausura de la empresa Snack Cracks, propiedad del joven empresario Juan Pablo Romero, de 28 años, lo que generó preocupación por el futuro de más de 70 trabajadores.
Según explicó Romero, tras una primera clausura se le exigió a la firma la instalación de un sistema de filtrado con carbono activado, inversión que ya fue concretada. Sin embargo, denunció que no se les permitió poner en funcionamiento el equipo y que se dispuso una nueva clausura sin plazo definido.
Desde la empresa sostienen que la medida genera incertidumbre y sospechas de una posible presión para que la firma abandone la ciudad, al no recibir respuestas claras por parte del municipio.
Ante este escenario, intervino el director de Comercio Interior, Manuel Canto, quien recibió al empresario junto a su representante legal, el abogado Franco Lucena. En ese encuentro se analizó el caso y se confirmó que el funcionario gestionará la apertura de un diálogo institucional con el intendente y el Concejo Deliberante, además de trasladar la situación al gobernador Osvaldo Jaldo y al ministro Regino Amado.
En ese marco, Canto exhortó a las autoridades locales a buscar una salida que contemple todas las partes involucradas. Planteó la necesidad de alcanzar una solución que equilibre el reclamo ambiental de los vecinos con la continuidad de la empresa y llamó a los concejales, en especial a su presidenta Mercedes Benítez, a involucrarse activamente para destrabar el conflicto.
Desde el ámbito provincial reconocieron la validez de los reclamos por olores, pero advirtieron que utilizar clausuras para forzar el traslado de una empresa resulta grave, especialmente en un contexto económico donde el empleo es una de las principales preocupaciones.
En paralelo, trascendió que otras ciudades como Aguilares y Monteros estarían dispuestas a recibir la inversión, lo que alimenta la preocupación en Concepción por una eventual pérdida de actividad económica y fuentes laborales.








