Causa Vélez: la querella cisnerista necesitó dos días para exponer dos de tres puntos y el debate del sobreseimiento pasa para la próxima semana

Durante las jornadas el pasado jueves 7 y viernes 8 de mayo, el Tribunal de Impugnación de Tucumán llevó a cabo las audiencias de impugnación para voltear el sobreseimiento dictado en diciembre del año pasado por el juez Augusto Paz Almonacid a los exjugadores de Vélez, acusados de violación en manada. La querella cisnerista de María de Lourdes Parache centró su exposición en los dos primeros ejes de su recurso: el pedido de nulidad de la pericia UFED y la exclusión probatoria de elementos clave del expediente. Sin embargo, la estrategia no logró agotarse; todavía queda pendiente el tercer punto del escrito, referido específicamente a la impugnación del sobreseimiento de los cuatro futbolistas, por lo que las audiencias continuarán la próxima semana.

Desde la defensa de los deportistas —Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla— aclararon que el proceso se desarrolla como una apelación estándar y que la causa siempre permaneció abierta, dado que la resolución de 2025 se encuentra técnicamente en suspenso hasta que se agoten todas las instancias de revisión. Para que el caso se considerara cerrado, el sobreseimiento debería haber quedado firme, algo que depende ahora de lo que resuelva el Tribunal tras escuchar los argumentos restantes.

El cisnerismo volvió a utilizar a "Luli" y la lucha feminista

Mientras en el recinto se debatían tecnicismos legales, el jueves 7 de mayo, en las calles del centro de San Miguel de Tucumán y con transmisión en vivo de Enterate, cerca de un centenar de mujeres de la Asociación Bancaria que responden a Carlos Cisneros marcharon desde la sede gremial al Tribunal de Cuentas de la Provincia, el órgano que el 29 de abril declaró nula la designación de José César Díaz en un cargo jerárquico de la Caja Popular de Ahorros, y quien es uno de los dos abogados que firma la impugnación que se debatía a metros, en el Tribunal de Impugnación.

 En la marcha había pancartas que identificaron tres blancos, ninguno de ellos uno de los cuatro acusados de "violación en manada" en la denuncia que la marcha decía defender. El juez Augusto José Paz Almonacid, caracterizado como "CÓMPLICE". Julio Valenzuela, director de eltucumano, caracterizado como "EL QUINTO VIOLADOR". El periodista Germán García Hamilton, caracterizado como "ODIADOR SERIAL DE MUJERES". Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla no aparecieron en una sola pancarta.

La movilización también incluyó números performáticos a cargo de artistas cooptadas por el cisnerismo: se realizó una representación simbólica en la que denunciaron hechos de corrupción, simulando la entrega de bolsos con dinero a las autoridades del Ministerio Público Fiscal, señalando directamente al ministro fiscal Edmundo Jiménez. También hubo música a cargo de Nancy Pedro, vinculada al legislador cisnerista Hugo Ledesma, quien nombró ilegalmente a Díaz en planta permanente de la Caja y que derivó en una denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas.

El pasado 16 de diciembre, días antes del fallo de Paz Almonacid, la abogada "feminista" Soledad Deza fue quien denunció la "espectacularización" que hizo el cisnerismo de la Causa Vélez: "Yo lamento mucho lo que está viviendo esa denunciante, lamento que ella no haya tenido abogados feministas que la protejan que luchen o que peleen dentro de un proceso para que haya un acceso efectivo a Justicia efectivo, eficaz y oportuno", planteó en multimedio Enterate —propiedad de Carlos Cisneros—, donde no volvió a ser invitada.

"La espectacularización de los casos no le hace bien a ninguna denunciante", insistió. El cisnerismo le organizó un tour mediático en la prensa porteña a Lourdes para que vuelva una y otra vez a narrar su versión de los hechos; la expuso y la utilizó para realizar una falsa denuncia millonaria contra los exjugadores de Vélez con quienes mantuvo un encuentro que el juez calificó como "consentido".

Impugnación por los bordes: la debilidad dogmática

El recurso de la querella busca derribar un fallo judicial fundamentado en una pericia técnica de 530 megabytes con un escrito de apenas 13 páginas que evita enfrentar el contenido probatorio central. El análisis dogmático revela una estrategia periférica que recurre a errores de fuente y lógica, tales como la invocación de las "Miranda Rules" estadounidenses, el uso del principio aristotélico de no contradicción para cuestionar distinciones legales básicas y la pretensión de invertir la carga de la prueba, exigiendo que sea la defensa quien pruebe el consentimiento.

El escrito llegó al Tribunal con la firma de los abogados Patricia Neme y José César Díaz, cuya situación laboral y judicial generó un escándalo público. Ambos son agentes de la Caja Popular de Ahorros y gozan de licencia psiquiátrica por "tratamiento prolongado" desde el 9 de marzo de 2026. Bajo este estado de supuesta incapacidad, perciben sueldos que superan los trece millones de pesos mensuales cada uno, mientras ejercen de forma privada la defensa de Parache por instrucción de Cisneros. Además, Neme se encuentra coimputada en la justicia federal por trata de personas, acusada de instigar falsos testimonios y adulterar evidencia digital en esta misma causa.

Lo que sigue: el debate del fondo y la sombra federal

La próxima semana será determinante para el futuro de los acusados. Una vez que la querella finalice su exposición sobre el sobreseimiento, el Tribunal deberá decidir si confirma el fallo de Paz Almonacid o si hace lugar a los reclamos de la querella.

Independientemente de la resolución en sede provincial, la causa federal por trata de personas (Exp. 23/2026) continúa su curso bajo la conducción del fiscal Rafael Vehils Ruiz. En ese fuero ya existen pedidos de indagatoria y prohibición de salida del país para Cisneros, Neme y otros miembros del entorno, sobre la base de la misma evidencia técnica que demostró una fabricación coordinada de la denuncia original. El desenlace de la próxima semana definirá si el caso Vélez se cierra definitivamente o si el conflicto judicial que involucra al diputado Carlos Cisneros suma un nuevo capítulo de incertidumbre.