Alerta roja para la industria: los concursos preventivos se disparan y superan los niveles de la pandemia

El entramado productivo argentino se encuentra en un punto de quiebre. Según datos recientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la apertura de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creció un alarmante 131,7% durante el último año, pasando de 82 casos en 2023 a 190 en 2025. La inercia negativa no se detuvo allí: solo en el primer trimestre judicial de 2026 ya se registraron 92 procesos, una cifra que supera los registros de cualquier año entre 2021 y 2024.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), calificó la situación como una "crisis terminal". El panorama es desolador: entre fines de 2023 y principios de 2026, ya han desaparecido más de 24.400 empresas, dejando a más de 327.000 trabajadores sin cobertura de riesgos del trabajo. "No hay tiempo de debatir ideologías, solo de salvar a las empresas y a sus trabajadores", sentenció Rosato, quien reclama al ministro Luis Caputo y al Congreso una ley de emergencia económica que detenga las ejecuciones y permita recuperar el capital de trabajo.

Esta parálisis se refleja en una capacidad ociosa del 40,2% y un proceso de desinversión extranjera que no tiene precedentes en los últimos 22 años. Ante el desplome del consumo interno y un modelo de "dólar barato", muchas firmas locales han abandonado la producción para reconvertirse, con "destreza darwiniana", en simples importadoras para intentar sobrevivir.

¿Qué es un concurso preventivo? 

Para el asesor financiero Julián Bernat, el concurso preventivo —comúnmente llamado convocatoria de acreedores— no debe verse como el fin del camino, sino como una "segunda oportunidad" que otorga la ley argentina para evitar la quiebra definitiva.

Bernat explica que este proceso se inicia cuando un empresario admite ante un juez que ha entrado en cesación de pagos y no puede afrontar sus obligaciones. El espíritu de la norma es proteger la continuidad de la empresa y, sobre todo, los puestos de trabajo. Según el especialista, recurrir a esta herramienta legal ofrece tres beneficios clave:

- Congelamiento de la deuda: En el momento en que se abre el concurso, la deuda se "clava" y los intereses dejan de correr, aliviando la presión financiera inmediata.

- Protección judicial: Se suspenden todos los juicios ejecutivos, embargos y pedidos de quiebra que pesen sobre la empresa.

- Reestructuración real: Permite negociar con acreedores (bancos, AFIP, proveedores) quitas que suelen rondar entre el 30% y 40%, con planes de pago de hasta tres años.

El asesor enfatiza la necesidad de romper con el estigma social que rodea a esta herramienta. "Muchos dueños de Pymes sienten que es una inmoralidad no pagar, pero no hay nada deshonesto en atravesar una crisis", señala Bernat. Mientras las grandes corporaciones utilizan los concursos de forma estratégica, las pequeñas empresas suelen cerrar por miedo al "qué dirán", profundizando la concentración de la riqueza. Para el especialista, el concurso es una estrategia de supervivencia que requiere un equipo de contador y abogado para certificar las deudas y conducir el proceso legal hacia un "buen puerto": que la fábrica siga abierta y nadie pierda su empleo.