La Cámara Federal le dio 72 horas a la UNT para defender la postergación de la Asamblea para elegir rector mientras el saabismo asegura que "fue aplazada por una decisión judicial"

El presidente de la Junta Electoral de la UNT, Fernando Valdez, ofreció a La Gaceta este miércoles 28 de mayo una explicación del aplazamiento de la Asamblea Universitaria que invierte la cadena de responsabilidades: "El proceso electoral fue aplazado por una decisión judicial de no innovar que suspendió provisoriamente a una de las fórmulas. Esa cautelar sigue vigente porque la cuestión de fondo aún no fue resuelta".

La afirmación contradice el contenido literal del decreto judicial al que se refiere. La cautelar dictada por la Cámara Federal el 15 de mayo ordenó que la UNT "se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a Rector o Vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado", y dispuso "la suspensión de los trámites de candidaturas a los cargos de Rector y Vicerrector para el período 2026-2030 respecto de quienes se encuentren comprendidos en dicha situación". El alcance de la orden judicial es nominal: una fórmula —la Pagani-Leal— alcanzada por la limitación de mandatos. No menciona la Asamblea, no menciona el cronograma y no menciona el proceso electoral en su conjunto.

Quien suspendió el proceso fue la propia Junta Electoral presidida por Valdez, mediante las Resoluciones RES-JE-5763/2026 y RES-JE-5766/2026, ambas del 18 de mayo. La primera dispuso "la suspensión provisoria de los trámites vinculados a candidaturas para los cargos de Rector y Vicerrector correspondientes al período 2026-2030", comprendiendo "aquellas demás actuaciones, procedimientos o etapas previstas en el cronograma electoral que resulten su continuación, derivación o consecuencia". La segunda aplazó la convocatoria a la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo. Esas son las dos resoluciones cuya nulidad pide el recurso que la Cámara Federal aceptó este jueves por trámite sumarísimo.

La Justicia Federal emplazó hasta el lunes a la Universidad Nacional de Tucumán por la postergación de la Asamblea Universitaria que debía elegir rector y vicerrector para el período 2026-2030. Este jueves 28 de mayo, el mismo día en que vencía el mandato del rector Sergio Pagani, el camarista Fernando Poviña firmó el decreto que admitió por trámite sumarísimo el recurso interpuesto el 22 de mayo por la fórmula opositora Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala. La universidad tiene tres días para informar sobre la medida cautelar solicitada y cinco para contestar el fondo del expediente, identificado como 8963/2026.

Las tres fechas clave 

• Primera semana de junio: vence el plazo de tres días para que la UNT informe sobre la cautelar.

• Segunda semana de junio: vence el plazo de cinco días para que la UNT conteste el fondo.

• 10 de junio: fecha actual para la Asamblea Universitaria que debe elegir las nuevas autoridades.

El Gordo Saab y Fernando Váldez, los referentes de la Franja Morada que someten a la UNT desde hace décadas.

La Cámara Federal apura a la UNT ante la burla del saabismo

El decreto firmado por Poviña tiene cuatro pronunciamientos. Primero, da por contestada la vista del fiscal general. Segundo, ordena tramitar la causa por las normas del procedimiento sumarísimo —el cauce más rápido que prevé el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación—, fundándolo "en la naturaleza de la cuestión". Tercero, da por interpuesto el recurso del artículo 32 de la Ley de Educación Superior 24.521 y corre traslado a la UNT por cinco días para que conteste el fondo. Cuarto, respecto de la medida cautelar solicitada por los recurrentes, corre traslado por tres días para que la universidad informe en los términos de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados.

Los plazos comienzan a correr el día hábil siguiente a la notificación. La Cámara podría resolver la nueva cautelar dentro de la semana siguiente, antes del 10 de junio.

Qué pide la fórmula opositora

El recurso fue interpuesto el 22 de mayo por los propios decanos Cabrera y Abdala — firmado personalmente por ambos—, con el patrocinio letrado de la abogada María Alejandra Silva. La pretensión es triple.

En el plano principal, los actores piden que se declare la nulidad absoluta de la Resolución RES-DGAC-5896/2026, que el Consejo Superior de la UNT dictó en sesión extraordinaria del 19 de mayo y mediante la cual reprogramó la Asamblea Universitaria del 20 de mayo al 10 de junio.

En el plano accesorio, piden la nulidad de los actos previos que sirvieron de antecedente: las resoluciones RES-JE-5763/2026 y RES-JE-5766/2026 de la Junta Electoral, ambas del 18 de mayo, mediante las cuales el órgano electoral suspendió toda la tercera etapa del cronograma —es decir, la elección de rector y vicerrector.

En el plano cautelar, piden una medida innovativa que retrotraiga las actuaciones al estado anterior al 18 de mayo, intime a la UNT a cumplir la cautelar del 15 de mayo "de manera precisa, estricta y sin excesos ni tergiversaciones", y prohíba a la Junta Electoral alterar el cronograma electoral aprobado en diciembre por Resolución RESOL-DGA-20634/2025.

La pretensión sustantiva descansa, según el escrito, en seis vicios concurrentes que afectarían los actos impugnados: vicio en la voluntad (el HCS habría sesionado presidido por el propio Pagani, "persona directamente alcanzada por el cuestionamiento judicial"); falta de causa (la cautelar de la Cámara nunca ordenó suspender la Asamblea); incompetencia (ni la Junta ni el HCS pueden modificar un cronograma firme); ausencia de dictamen jurídico previo; desvío de poder (el efecto real de la postergación, sostienen, "es beneficiar al candidato judicialmente suspendido"); y violación de los artículos 189, 192 y 114 del Estatuto, que ordenan que las nuevas autoridades sean elegidas en la segunda quincena de mayo y que, ante una única fórmula oficializada, sus integrantes sean proclamados automáticamente.

 "La fórmula podría recomponerse": la lectura de la Junta Electoral ultrasaabista presidida por Valdez

El presidente de la Junta Electoral, Fernando Valdez —denunciado penalmente por Cabrera y Abdala el 18 de mayo—, expuso su lectura del cuadro en diálogo con La Gaceta este miércoles 28. Sobre el origen del aplazamiento de la Asamblea, afirmó: "El proceso electoral fue aplazado por una decisión judicial de no innovar que suspendió provisoriamente a una de las fórmulas. Esa cautelar sigue vigente porque la cuestión de fondo aún no fue resuelta".

Sobre la pretensión de Cabrera y Abdala de ser proclamados como única fórmula oficializada, Valdez fue tajante: "No corresponde una proclamación automática. Hay dos fórmulas oficializadas y la discusión judicial está centrada en uno de los integrantes de una de ellas".

Sobre los tiempos del expediente, Valdez admitió un horizonte que extiende la incertidumbre: "La cautelar tiene una vigencia de tres meses desde su dictado, el 15 de mayo. Si no hay una resolución antes, estamos hablando de que la definición podría trasladarse al segundo semestre".

Cerró calificando la situación: "Planteos judiciales siempre hubo, pero nunca una suspensión de la Asamblea Universitaria. Desde 1986, cuando participé por primera vez, jamás se había dado una situación así. Esto es realmente inédito".

Las fórmulas son binominales": la doctrina Valdez en cinco frases

En la misma entrevista, Valdez avanzó sobre otros cuatro frentes del conflicto. Sobre la pretensión de Cabrera y Abdala de ser proclamados automáticamente como única fórmula habilitada, fue tajante: "No corresponde una proclamación automática. Hay dos fórmulas oficializadas y la discusión judicial está centrada en uno de los integrantes de una de ellas".

Sobre lo que podría pasar si la Justicia confirmara la inhabilitación de Pagani, ofreció una salida que confirma, en boca del propio presidente del órgano electoral, lo que el recurso de los decanos denuncia como objetivo de fondo del operativo: "Las fórmulas son binominales. Si hubiera una resolución adversa sobre uno de los candidatos, la fórmula podría recomponerse. Los plazos para hacerlo no están vencidos".

Sobre los tiempos del expediente, admitió un horizonte que extiende la incertidumbre más allá de junio: "La cautelar tiene una vigencia de tres meses desde su dictado, el 15 de mayo. Si no hay una resolución antes, estamos hablando de que la definición podría trasladarse al segundo semestre".

Y sobre el carácter del momento institucional, cerró: "Planteos judiciales siempre hubo, pero nunca una suspensión de la Asamblea Universitaria. Desde 1986, cuando participé por primera vez, jamás se había dado una situación así. Esto es realmente inédito".

Las cinco frases —el aplazamiento atribuido a la Justicia, la negación de la proclamación automática, la posibilidad de recomponer fórmulas con plazos vencidos por interpretar, el horizonte del segundo semestre y el reconocimiento del carácter inédito— configuran la doctrina con la que la Junta Electoral se prepara a defender ante la Cámara Federal, en los próximos cinco días, los actos cuya nulidad le acaban de pedir.

Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala y una apuesta por la legalidad en la Universidad Nacional de Tucumán.

El recurso directo del artículo 32 de la Ley de Educación Superior es la vía que prevé el ordenamiento argentino para impugnar resoluciones definitivas de las universidades nacionales. Permite ir directamente a la Cámara Federal con competencia territorial, sin pasar por el juzgado de primera instancia. Es —en sentido estricto— el mismo cauce que el camarista Mario Rodolfo Leal había señalado en su voto disidente del 15 de mayo como el camino procesal idóneo, y la misma vía que el apoderado de la UNT Jorge Chehín invocó en su pedido de nulidad del 18 de mayo para cuestionar la cautelar dictada por la mayoría.

El recurso del 22 de mayo invoca como anclaje jurisprudencial el precedente "Unión Cívica Radical c/ Santiago del Estero" (Fallos 336:1756), en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió procesos electorales provinciales en supuestos de violación de límites a la reelección.

Saab fue más enfático sobre la elección de la vía judicial por parte de Cabrera y Abdala: "Ellos no agotaron primera instancia ninguna vía administrativa en la universidad, fueron directamente a la justicia. El órgano que interpreta las normas universitarias es el Honorable Consejo Superior. Tampoco fueron al Honorable Consejo Superior, fueron directamente a la justicia". La afirmación es desmentida por el propio expediente: la fórmula opositora presentó la impugnación administrativa ante la Junta Electoral el 7 de mayo y obtuvo respuesta desfavorable en la Resolución RES-JE-5370/2026, dictada por la propia Junta el 11 de mayo. El recurso del 22 de mayo es la vía recursiva que la Ley de Educación Superior prevé expresamente contra los actos definitivos de las universidades nacionales.

Saab fundamentó la doctrina del oficialismo sobre la interpretación temporal del nuevo Estatuto con dos analogías. La primera: "Hay un nuevo Estatuto. En ningún lugar del Estatuto dicen que los periodos anteriores se contabilizan. Dice 'de acá para adelante'". La segunda, con antecedentes externos: "Esto tiene un origen incluso en Carlos Menem. No había elección de presidente. Menem se presenta y dice, 'A partir de ahora el presidente puede ser reelecto'. Famá, el rector de Catamarca, ha modificado su estatuto faltando 6 meses para las elecciones y fue reelecto en dos oportunidades más", concluyó el catamarqueño Saab.

La cautelar que sigue en pie a pesar de un juez federal que se lavó las manos

Cinco días antes del decreto de la Cámara, el miércoles 27 de mayo, el juez federal Guillermo Díaz Martínez dictó sentencia en el expediente original —2857/2026, "Cabrera c/ UNT s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad"— y rechazó la acción declarativa de certeza que la fórmula opositora había presentado en marzo. El magistrado argumentó que la vía procesal elegida no era la idónea y que el cauce correcto era — precisamente— el recurso del artículo 32 de la Ley de Educación Superior, que es el que Cabrera y Abdala ya habían interpuesto cinco días antes ante la Cámara.

La medida cautelar dictada por la Cámara Federal el 15 de mayo —que suspende la candidatura de Pagani al rectorado por su pretensión de un tercer mandato consecutivo— sigue plenamente vigente, hasta que se dicte sentencia definitiva o se agoten los tres meses previstos por la Ley 26.854 (es decir, hasta el 15 de agosto). El apoderado Manuel Gonzalo Casas presentó al día siguiente la apelación contra el rechazo de Díaz Martínez, que también irá a la misma Cámara Federal.

Pagani cesó en su mandato, el nuevo Consejo Superior asumió hoy

Mientras la Cámara firmaba el decreto, en la Universidad se completaba el cambio de etapa institucional. Pagani había confirmado el 19 de mayo, durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior, que no pediría ni aceptaría prórroga de su mandato.  

Grunauer: Experta en asumir cargos para los que no se postuló. Asumió como decana ante el fallecimiento de la titular de la fórmula en Derecho en 2022.

Así, el nuevo Consejo decidió darle continuidad como vicerrectora subrogante a la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, quien conducirá la UNT entre el 29 de mayo y la Asamblea reprogramada para el 10 de junio. Según La Gaceta,  la vicerrectora Mercedes Leal, habría finalmente decidido no hacerse cargo de sus funciones como vicerrectora para evitar sospechas, "porque quiero seguir participando de las elecciones, ser parte de la lista oficial y disputar el Rectorado. No es conveniente para evitar que existan suspicacias”, dijo.

Fernando Valdez —denunciado penalmente el 18 de mayo por Cabrera y Abdala, junto con los otros dos integrantes del órgano, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, por presunta desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público y quien entiende y sostiene hasta hoy que fue una decisión judicial la que aplazó el proceso electoral y no su propia intervención como presidente de la Junta Electoral — declaró esta semana a LV12 que "el Consejo Superior puede aplazar la Asamblea si no hay resolución de la Cámara". Es el segundo funcionario universitario en deslizar públicamente, en los últimos diez días, la posibilidad de un nuevo desplazamiento de la fecha del 10 de junio.

El secretario general de la UNT, José Hugo "El gordo" Saab —operador político del rectorado desde hace 40 años—, fue más allá esta semana en una entrevista televisiva y le quitó peso institucional a la fecha del 28: "No hay una jura el 28. El 28 es un acto protocolar que por supuesto está suspendido porque la asamblea ha sido trasladada por lo menos hasta el 10 de junio". El recurso del 22 de mayo, en sentido inverso, invoca los artículos 189 y 192 del Estatuto, que ordenan el vencimiento de los mandatos vigentes y la elección de las nuevas autoridades en la segunda quincena de mayo.

Saab confirmó también que el Consejo decidió darle continuidad como vicerrectora subrogante a la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, quien conducirá la UNT hasta el 10 de junio: "Él no acepta y al igual que la vicerrectora no aceptan la prórroga, y queda la universidad con la vicerrectora subrogante".

Saab ante su empleado de prensa Germán Valdez: "Quedensé tranquilos, que la universidad es una institución muy generosa para con toda la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto y que vamos a seguir trabajando para que siga siendo igual".

Próximos pasos

La UNT tiene hasta los primeros días de junio para presentar el informe sobre la cautelar y, una semana después, la contestación del fondo del recurso. La Cámara Federal —integrada por la misma mayoría que dictó la cautelar del 15 de mayo: Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Patricia Moltini, con la disidencia de Mario Rodolfo Leal— deberá pronunciarse en plazos cortos. Si confirma la nueva cautelar solicitada, ordenaría retrotraer todas las actuaciones al estado anterior al 18 de mayo y abriría la puerta a la celebración inmediata de una Asamblea con proclamación automática de la fórmula Cabrera-Abdala como única oficializada.

El expediente 8963/2026 corre en paralelo con la apelación de Cabrera-Abdala contra el rechazo de Díaz Martínez —que también irá a la misma Cámara— y con el pedido de nulidad de la cautelar presentado por Chehín en el expediente original, que el tribunal aún no resolvió. Tres tramitaciones simultáneas sobre el mismo objeto, ante los mismos camaristas.

Valdez admitió en la misma entrevista con el diario de Carlos Cisneros que el escenario más probable, desde su perspectiva, es que la definición se prolongue: La cautelar tiene una vigencia de tres meses desde su dictado, el 15 de mayo. Si no hay una resolución antes, estamos hablando de que la definición podría trasladarse al segundo semestre. Es la primera vez que un funcionario universitario reconoce expresamente que la conducción interina podría extenderse más allá de junio.

En la misma entrevista con su asesor contratado Germán Valdez, Saab adelantó en la misma entrevista el sistema de votación previsto para la Asamblea del 10 de junio: "Va a ser con votos marcados, con una cruz en el voto único con las dos listas. Se va a colocar en una urna y luego se va a leer nombre, apellido, facultad, cargo que ocupa y a quién ha votado". Y proyectó el resultado: "Pagani va a tener 150 votos fácil". La Asamblea Universitaria tiene 161 miembros.