Revés para el cisnerismo: archivan el pedido de destitución de Miguel Chaiben Terraf

Este lunes, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán archivó el pedido de destitución del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, que impulsaron tres periodistas del medio Enterate, propiedad del diputado nacional Carlos Cisneros.

Los empleados del jefe sindical de la Asociación Bancaria, cuestionaron el accionar del Tribunal respecto a una obra en el establecimiento socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero. La Comisión de Juicio Político determinó que los hechos denunciados no configuraban causal válida para avanzar contra Terraf.

Los periodistas de Enterate Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano denunciaron a Terraf por presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la denuncia cisnerista, Terraf habría sugerido al Poder Ejecutivo utilizar un decreto convalidatorio para "regularizar" la obra de San José Gabriel del Rosario Brochero.

De acuerdo a lo publicado en Enterate, existían "crecientes sospechas de que el Tribunal de Cuentas efectuó un "control preventivo tardío"", en la obra mencionada, y que "el organismo de control intervino y auditó los gastos cuando los trabajos en el complejo penitenciario ya se encontraban físicamente ejecutados, operando como una mera convalidación de hechos consumados".

Además, rechazaron presuntas dilaciones ante su pedido de destitución, y reprocharon que "la demora administrativa en remitir esta documentación es institucionalmente grave y debilita la investigación"

Este lunes, se archivaron las actuaciones contra Terraf, con la firma de los legisladores Sergio Mansilla (presidente de la comisión), Aldo Salomón (vicepresidente), Rodolfo Ocaranza (secretario), Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Carlos Verón Guerra, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra y Claudio Viña.

Vale recordar que el pedido de Juicio Político contra Terraf fue impulsado por el cisnerismo luego de que el Tribunal de Cuentas dispuso comprobaciones sumariales sobre la situación de José César Díaz —ex Interventor de la Caja Popular de Ahorros, cuya designación en planta permanente fue declarada nula por el propio Tribunal el 29 de abril— y de Patricia Neme, A/C de la Asesoría Letrada del organismo. 

Ambos figuraban con licencia psiquiátrica de largo tratamiento con goce de haberes en períodos que abarcan parte de marzo, abril y mayo. Según las constancias que invoca el propio Tribunal, durante esas semanas habrían continuado ejerciendo como abogados en jurisdicción provincial y federal. Finalmente, la nueva intervención a cargo de La Caja Popular de Ahorros echó a José Díaz al declarar la "nulidad absoluta" de su nombramiento en planta permanente de la entidad.

En El Avispero -medio de La Bancaria- Roque Galeano describe la denuncia del los periodistas de Enterate -Roque Galeano, Mauricio Formoso y Martín Faciano- contra Terraf.

“Esta Comisión de Juicio Político no advierte cual conducta de gravedad atribuible al Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, C.P.N Miguel Chaiben Terraf motivaría un procedimiento como el que aquí se intenta, si el control posterior es una facultad prevista en la Constitución de la Provincia y los denunciantes no cuestionan su legalidad ni el acto administrativo que lo motiva”, resolvió la comisión al rechazar avanzar en el juicio político contra el presidente del Tribunal.

Además, los legisladores advirtieron “que la falta de concordancia de los argumentos esgrimidos por los denunciantes, se ve reflejada en el capítulo de cargos del apartado V. del expediente 15-JP-26, al estructurar los mismos sobre hipótesis y no sobre conductas concretascontrarias a la ley por parte del funcionario, (Cargo Primero: presunta omisión o

desnaturalización del control preventivo. Cargo Segundo: presunta facilitación de una vía de convalidación posterior. Cargo Tercero: posible inversión del rol constitucional del órgano de control. Cargo Cuarto: presunto mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes del cargo); no cumpliéndose los estándares de exigencia del Art. 3 de la Ley N° 8.198 de interpretación restrictiva a tenor de lo dispuesto por el Art. 7 Inc. 2) de la ley ut-supra mencionada”.

Finalmente, subrayaron que "el fin del proceso que nos ocupa, consiste en destituir a los funcionarios que fuesen condenados aún declararlos incapaces de ocupar puestos de honor o a sueldo de la Provincia, evaluando su conducta a la luz de las causales constitucional y legalmente prescriptas", pero calificaron de "infundada" la denuncia cisnerista y recalcaron que "no surgiendo de estas actuaciones que se hubiese acreditado una conducta de gravedad atribuible al Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, C.P.N. Miguel Chaiben Terraf, susceptible de configurar alguna de las causales de destitución constitucional y legalmente previstas, corresponde el rechazo de este pedido y el consecuente archivo de estas actuaciones".

La comisión de Juicio Político rechazó el pedido de destitución de Terraf impulsado por el cisnerismo. (Foto: Prensa Legislatura)

Una vez que los periodistas del medio de Cisneros presentaron la denuncia, los jefes de área del Tribunal de Cuentas desmintieron categóricamente la misma a través de un comunicado en apoyo a Terraf, señalando que la vía de la convalidación fue una decisión analizada y recomendada por los órganos internos del Poder Ejecutivo, incluyendo la Asesoría Letrada, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, antes de la intervención del Tribunal.

Desde el Tribunal de Cuentas calificaron la presentación como un "nuevo episodio de una campaña sostenida de desinformación" y aseguraron que las imputaciones se apoyan en fuentes anónimas y datos inexactos.

En respuesta al cuestionamiento central sobre la falta de control preventivo, los jefes de área explicaron que la modalidad de control (previo o posterior) depende del momento en que el expediente ingresa al organismo.

En el caso específico de la obra ejecutada por la firma HAGA UTE, los trabajos se realizaron entre enero y marzo de 2026, pero el decreto del Poder Ejecutivo recién ingresó al Tribunal a fines de abril.

Por este motivo, el organismo aplicó el control posterior, tal como establece la Ley N° 6.970, y dictó el Acuerdo N° 1448 para responsabilizar al Ministerio de Obras Públicas por la solución técnica del proyecto.

Asimismo, el comunicado aclara que, lejos de haber aprobado el gasto de más de 294 millones de pesos, el Tribunal de Cuentas condicionó el pago, exigiendo documentación faltante y correcciones en los decretos. Mediante acuerdos firmados este mes, se advirtió expresamente que la orden de pago no puede ejecutarse hasta que no se cumplan todos los recaudos legales y estándares socioeducativos.

Finalmente, los funcionarios subrayaron el carácter colegiado del Tribunal de Cuentas. Destacaron que todas las decisiones y acuerdos llevan la firma de sus tres miembros —Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal— y cuentan con la intervención previa de las áreas técnicas que ahora suscriben el documento.

Hoy, finalmente quedó rechazado el pedido de juicio político contra Terraf impulsado por los periodistas de Enterate, lo que constituye un nuevo revés judicial para el cisnerismo.