Cambios en jubilaciones: una especialista explica qué pasó

La noticia de que los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales percibirán un porcentaje menor de aumento que el establecido por ley acapara el debate desde el miércoles, día en que se conoció la medida. La abogada especialista en temas previsionales María Inés Salvatierra explicó en diálogo con eltucumano.com la gravedad que revisten los cambios.

“Desde el año 2009, nuestro sistema previsional tiene garantizado por ley la movilidad para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, entre otros”, explicó la especialista quien agregó que la normativa tiene definidos los porcentajes que se van a tomar en cuenta a los efectos de determinar cuáles serán los aumentos estipulados de manera anual en los meses de marzo y septiembre.

“Los que se hizo es desoír lo que establece la ley:  se anunció un aumento del 12,65% cuando en realidad la normativa establece que debe ser de 12,94%. Este es el error que ahora se está debatiendo en el Congreso, junto con la modificación de la ley de ART”, sostuvo Salvatierra, quien evaluó que lo más preocupante de la modificación es que el Ejecutivo la dispuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“El revuelo político que se vive por estas horas se debe a que se están atacando garantías previstas en la Constitución Nacional. El Ejecutivo no puede modificar mediante un DNU una ley que está en plena vigencia desde 2009”, sostuvo la letrada que hizo hincapié en la gravedad institucional que reviste la cuestión.

En cuanto al perjuicio económico que implica para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, Salvatierra expresó que “ahora la diferencia en el cálculo de la fórmula es de 30 centésimos, que parecieran ser insignificantes, pero si esta metodología de cálculo se mantiene, el perjuicio será acumulativo porque en septiembre vamos a volver a tener un desmedro en las percepciones”.  

La especialista dijo que los aumentos en las jubiñaciones, asignaciones y pensiones se anuncian con un mes de anticipación, por eso, el Gobierno nacional aún está a tiempo de corregir la situación, ya se trate de un error en la fórmula de cálculo o de una medida intencionada que, si bien en el bolsillo de los beneficiarios implica $20 pesos menos (según datos del Gobierno), a nivel macro implicarían $3 mil millones de pesos que el Estado retendría en sus arcas.

“Aquí el error principal es ir contra una ley vigente. En todo caso, si el Ejecutivo quiere introducir modificaciones debe hacerlo por los canales institucionales previstos para tales fines en un Estado democrático”, remarcó Salvatierra quien, si bien no se arriesgó a dilucidar cuál fue la intención real del Gobierno, guarda “la expectativa de que pueda rever la medida”.