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La Municipalidad apunta a la Justicia por los edificios "sin final de obra"

Irregularidades

Sobre el final de la semana pasada, el intendente Germán Alfaro se reunió con una treintena de vecinos estafados por empresas constructoras. "Vamos a acompañarlos en algunas instancias judiciales", manifestó el jefe comunal.

Foto: Smt.gob.ar





Luego de que la semana pasada saltara a la agenda de los medios locales la situación de los vecinos que viven en edificios sin Certificado Final de Obra, el intendente Germán Alfaro recibió a una treintena de estafados por empresas dedicadas a la construcción y venta de departamentos ubicados en San Miguel de Tucumán.

De la audiencia, que tuvo lugar el viernes pasado en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle, participaron el secretario de Gobierno, Walter Berarducci,  el director de Catastro, Juan Ledesma y la concejal Sandra Manzone, del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), quien acompañó a los ciudadanos.

Las autoridades municipales escucharon los planteos de las personas que resultaron damnificadas por graves falencias edilicias, que violan ordenanzas vigentes, o por demoras en la entrega de las unidades de vivienda que adquirieron de buena fe, en la mayoría de los casos, mediante el sistema de "inversión en pozo".

Al finalizar la reunión, el intendente dijo que “son 400 familias damnificadas, por lo que se escuchó a este grupo de vecinos que solicitó una reunión y plantearon situaciones preocupantes, como los casos de constructores que han vulnerado su buena fe”.

Alfaro dijo que se comprometió “a escuchar a estos vecinos, acompañarlos en algunas instancias judiciales y hacer lo que se pueda aportar desde el municipio para que solucionen sus problemas”. Según el jefe municipal, “no son casos menores, ya que esta gente que ha entregado todos sus ahorros, por lo que ha trabajado toda su vida, para poder tener un departamento, para poder tener un inmueble donde vivir, y presuntamente no les han cumplido, vulnerando su buena fe”.

Y agregó: “Hay gente que está muy desesperada, porque son trabajadores, que viven de su sueldo, de su esfuerzo, de su sacrificio y es inconcebible que se hayan burlado de este modo de su buena fe”.


"Violadores seriales" del Código de Planeamiento

La concejal Manzone señaló que “sé que son más de 60 edificios de diferentes empresarios muy conocidos que están en una situación irregular, como las firmas Más y Farías, con sus diversos nombres de fantasía y componentes societarios, Miguel de la Cruz Grandi y Otto Barenbreuker”.

La edil capitalina dijo que en la reunión los vecinos “le manifestaron al intendente su enorme preocupación, ya que han sido estafados por estos violadores seriales del Código de Planeamiento Urbano (CPU), lo que significa que sus unidades no tienen el certificado final de obra y así no las pueden escriturar”. Manzone advirtió que los vecinos también expusieron que en algunos casos ya les informaron que algunos edificios no se van a construir en el ejido capitalino, “con lo cual la estafa ha sido consumada”.

Para graficar las irregularidades que presentan algunos de los edificios afectados y que ponen en riesgo la seguridad de quienes los habitan, la concejal expuso “el caso de una construcción sin final de obra en el que los vecinos usan garrafas de gas comprimido y comparten una instalación eléctrica precaria de obra”.

Agregó que en la audiencia con Alfaro también se informó sobre “estafas por las futuras promesas de obras de construcción de edificios de departamentos de aquellas personas que se han desprendido de sus únicos bienes para poder vivir en esas unidades que al final no se han construido y que, se supo, nunca se van a concretar”.

Manzone dijo que las situaciones planteadas implican “la violación a una ordenanza del año 2004 que prohíbe a las empresas prestarias de luz, gas, agua y teléfono, instalar los servicios en unidades de vivienda sin el debido final de obra y otra norma municipal sancionada en 2013 que prohíbe la entrega y ocupación de edificios sin certificado de final de obra”.

Según la edil capitalina, “el intendente ha decido encarar esta situación y se comprometió con los vecinos a que las empresas que violen estas normativas no obtendrán los certificados de fin de obra en caso de incumplimientos y no serán autorizados a iniciar nuevas construcciones en San Miguel de Tucumán”.