Proponen crear la figura de un "Defensor de la Policía de Tucumán"

El legislador Fernando Valdez (UCR) presentó un proyecto de ley para crear la figura de un "Defensor de la Policía de la Provincia de Tucumán". El objetivo de la propuesta, según se explicó, es evitar conflictos dentro de la fuerza que deriven en situaciones de "caos social", como las que se registraron en diciembre de 2013 cuando los agentes se acuartelaron en reclamo por mejoras salariales.  

“Los policías, como cualquier trabajador, tienen demandas y conflictos internos que en la mayoría de las ocasiones terminan manifestándose por canales ilegales como los acuartelamientos. Es hora de debatir un reconocimiento de los derechos a estos agentes públicos de modo que puedan ejercer su profesión de la forma más eficiente y profesional posible”, expresó Valdez.

El legislador argumentó que con esta nueva figura se otorgará a los integrantes de la institución "condiciones óptimas de auxilio y asistencia que evitarían situaciones de reclamos ilegítimas por parte de estos”. Pero aclaró que “la defensa a los efectivos será estrictamente limitada en situaciones de delitos contra la sociedad en cualquiera de sus formas, incluidas la corrupción y abusos policiales”.

La propuesta presentada por el radical en la Legislatura prevé que el defensor policial trabaje en el ámbito de la Defensoría del Pueblo -pero con autonomía y autarquía- y sin relación con la cadena de mando policial. 

“Actualmente, un policía que denuncie un delito de un superior carece de los medios efectivos para canalizar el reclamo, debido a que la organización policial es jerárquica y vertical, sin participación ciudadana. Esto coloca también a la Policía en una situación de imposibilidad para solicitar ante las autoridades mejoras en las condiciones laborales más esenciales y básicas, generando que en casos extremos los efectivos opten por vías ilegitimas de reclamo”, amplió.

El proyecto de Ley propone que el Defensor sea elegido por el voto de los dos tercios de la Legislatura, que dure en el cargo durante 5 años y tenga derecho a una sola reelección. Asimismo, el funcionario deberá rendir un informe semestral ante la Comisión de Seguridad y la de Derechos Humanos y un informe anual obligatorio ante el pleno de la Cámara.