Solicitan la detención preventiva de Cerisola y Sacca por los fondos de YMAD
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA
La Fiscalía General de Tucumán también pidió detener preventivamente a los funcionarios universitarios Olga Cudmani y Osvaldo Venturino, también imputados en la causa que investiga el destino de $353 millones obtenidos de regalías generadas por la empresa Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio entre 2006 y 2009.
El Fiscal Federal General, Antonio Gustavo Gómez, solicitó la detención preventiva del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y de Luis Sacca, ex diputado de la Unión Cívica Radical y actual director administrativo de la secretaría de Bienestar Universitario de la UNT. Ambos se encuentran imputados por malversación de fondos recibidos por la casa de altos estudios en concepto de regalías de Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009.
En el recurso de aclaratoria interpuesto por el fiscal este último martes, se considera que la prisión preventiva resulta necesaria "a fin de garantizar el correcto desarrollo de la investigación penal".
"La envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros, a través de la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, debieran sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad", reza el documento.
En este sentido, el representante del Ministerio Público Federal consideró importante profundizar la cuasa por lo que también recomendó la detención de los otros imputados en la causa: los funionarios universitarios Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.
El pedido expone, además, la preocupación ante el actual cumplimiento de labores dentro de la universidad de algunos de los imputados. Es el caso de Luis Sacca, director administrativo de la secretaría de Bienestar Universitario de la UNT, y de Olga Cudmani, funcionaria de carrera dentro de la institución. El fiscal considera que la situación crea el marco para "alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal".
"No escapa al rozamiento del suscripto que entre los imputados hay quienes cumplieron funciones en ejercicio de un cargo político y ya cesaron en tal función respecto a la periodicidad del ejercicio de tal rol. Esto no implica que a la fecha haya funcionarios designados por los mismos y que le permiten alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal. Cierto es también y como se advierte de las constancias autos, uno de los procesados resulta ser una funcionaria pública de carrera dentro del esquema administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán -28 años de carrera administrativa según la declaración indagatoria-. Tal como se aprecia de la documentación y propios dichos de la imputada Cudmani, la misma habría desempeñado un rol determinante en el diseño y aprobación de las obras a realizarse", explicó el fiscal en el escrito.
El pedido de detención llega a días de que la Cámara Federal no hiciera lugar a las apelaciones interpuestas por las defensas técnicas de los procesados y ratificara su procesamiento. En la misma sentencia, los magistrados recomendaron profundizar la investigación con relación a los hechos denunciados.
Solicitud de detención
El caso
El perjuicio ocasionado a las arcas de la UNT, asciende a $8.131.248,55, y corresponde sólo a los casos de dinero depositado en Equity Trust Company, Banco Comafi, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco Meridian, Banco Piano, Caja Popular de Ahorros de Tucumán, Banco Credicoop y Banco Hipotecario Nacional, sin contar todos los intereses que debió percibir la entidad educativa.
También se cuestiona que se haya aceptado la reducción del giro de utilidades de YMAD a la casa de altos estudios. El rendimiento pasó del 40% ─establecido por la Ley 14.771─ al 20%. Según un informe emitido por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), en 2006 las utilidades fueron de 19,28%; en 2007 de 26,35 %; en 2008 de 10,15 %; y en 2009 de 6,41%.
A Cerisola se le endilga también la creación de un sistema paralelo de contratación de obras con fondos de la empresa minera interestatal, violentando la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 y la Ley de Administración Financiera 24.156. Según la defensa del ex titular de la UNT, un Dictamen de Asuntos Jurídicos de la UNT lo habilitaba a llevar a cabo la función.
La investigación señala que Cerisola alteró los montos para contrataciones directas y licitaciones privadas (Resolución 366/08) ─se elevó el techo de $ 75.000 a $1.000.000─, permitiendo un manejo discrecional de los fondos. Además, puso bajo su órbita a la Dirección de Construcciones Universitarias, encargada de ejecutar las obras, por lo que nadie más que él debía y podía controlarse.
