Las provincias pierden poder sobre el manejo de fondos para viviendas sociales
LA CASA PROPIA
Se creará un Sistema de Gestión de Beneficiarios para registrar, identificar, seleccionar y adjudicar viviendas sociales. Si los IPV del interior no adhieren, no recibirán fondos nacionales. La resolución lleva la firma de Domingo Amaya.
La resolución firmada por Amaya apunta a que la Nación controle los gastos destinados a viviendas sociales. Foto: Ministerio del Interior
Con la firma de Domingo Amaya, el Gobierno anunció el lunes a través del Boletín Oficial la creación de un nuevo sistema de adjudicación de las viviendas sociales. No se realizará por sorteo, sino a través de una evaluación por parte del Estado.
Desde la administración de Mauricio Macri determinaron a través de la Resolución 1-E/2018, con la firma del secretario de Vivienda y Hábitat y ex intendente, Domingo Luis Amaya.
Según indicó la agencia Noticias Argentinas, se creará una base de datos de las personas interesadas en acceder a este tipo de viviendas y las solicitudes se procesarán a través del Plan Nacional de Viviendas, creado el 15 de marzo de 2017 en el ámbito del ministerio del Interior.
El ex intendente tucumano indicó que el SIGEBE tendrá como finalidad "ser una herramienta tecnológica de registro, identificación, selección y/o adjudicación de beneficiarios, a los fines de conocer y validar la demanda de soluciones habitacionales y futuras adjudicaciones que se realicen en la Argentina".
En una nota, el diario La Nación expresó que si bien la propuesta no es obligatoria, "será necesaria para que los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV), que dependen de los gobernadores y manejan la construcción de casas para los sectores menos favorecidos, reciban fondos del gobierno nacional para financiar obras en su territorio".
Amaya indicó a ese diario que: "No es un control coercitivo. Estamos invitando. Ellos pueden designar a dedo a los beneficiarios si lo hacen con su dinero. Pero si financiamos el 70% o el 100% de la obra, queremos ponerles algunas condiciones para que todo sea transparente y claro".
Amaya indicó a ese diario que: "No es un control coercitivo. Estamos invitando. Ellos pueden designar a dedo a los beneficiarios si lo hacen con su dinero. Pero si financiamos el 70% o el 100% de la obra, queremos ponerles algunas condiciones para que todo sea transparente y claro".
