Hace seis meses que no cobran el sueldo los docentes de los Penales y de los Institutos para menores en conflicto con la ley. Y esta semana, empezaron el paro.
Pero no es ese el único problema que denuncian en una carta que hicieron pública después de esperar respuestas que no llegaron.
Estos son algunos de los puntos que remarcan:
“Hay profesorxs que no cobran desde octubre de 2017”. “Se desvinculó a la mitad de docentxs de la Modalidad por falta de presupuesto”. “El Plan Fines (por el que es contratada una buena parte) ofrece a lxs trabajadorxs un contrato desde marzo hasta diciembre”. “Las condiciones de seguridad, fuera de todo prejuicio, no están dadas”.
Quienes viven en esta condición laboral son los trabajadores y las trabajadoras de la Educación en el Penal de Villa Urquiza, Instituto de menores Julio Argentino Roca, Instituto Goretti, Las Moritas, Escuela de Oficios Belgrano, Unidad IV de mujeres.
Iniciaron el paro el lunes 13 y piden una respuesta favorable de las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia. Los docentes sostienen que son contratados por Provincia, pero que los fondos vienen de Nación.
Esta es la carta completa de su reclamo:
Educación en contexto de encierro: la situación alarmante de lxs trabajadorxs contratadxs mediante Plan Fines en Tucumán
El ajuste presupuestario que viene perfilándose desde el año pasado se volvió insostenible en los últimos meses. La educación pública peligra y lxs docentxs de los distintos niveles educativos y juridicciones, nucleadxs en diversos espacios gremiales, tuvieron que recrudecer las medidas de fuerzas y declararse en estado de asamblea permanente. Es de público conocimiento que la Universidad y la investigación están atravesando un violento proceso de desmantelamiento y que la hiperinflación está siendo sufrida por las clases trabajadoras.
Sin embargo, existen espacios educativos cuyos procesos de ajuste e invisibilización son aún mayores: los vinculados al Plan de terminalidad educativa de Jóvenes y Adultxs y Educación No Formal (Fines) y la Educación en Contextos de Encierro, que comúnmente se articulan. Resulta peligroso el tratamiento que se les viene dando a lxs trabajadorxs de la Educación en espacios de privación de la libertad ambulatoria: hay algunxs profesorxs que no cobran por su trabajo desde octubre del 2017.Como se sabe, el Plan Fines, por el cual la mayoría de docentxs son contratadxs, ofrece a lxs trabajadorxs un contrato desde marzo hasta diciembre, con la posibilidad de recontratación. Esta forma de relación laboral implica una profunda precarización, siempre fogoneada por el fantasma de la incorporación a la planta permanente. Hay docentxs que se encuentran contratadxs desde hace ocho años sin que su condición haya sido tratada con la seriedad que amerita en ninguna instancia que se haya hecho pública para lxs trabajadorxs. A esta situación lamentable, se suma el estancamiento del sueldo desde hace un año. El aumento que lxs docentxs recibieron (y aún no vieron) para el 2018 es de $120 para la secundaria y $400, para la primaria porque la modalidad de contratación para estas personas es de lunes a viernes, a diferencia de las que están en educación secundaria y/o superior, que dictan sus respectivas materias una vez a la semana, según el funcionamiento de Fines en todo el país.Por si esta situación no fuera suficiente, lejos de haber incorporado a alguien a la planta permanente de docentxs mediante llamados por Junta, como se hizo con la minoría de trabajadorxs que tienen sus horas adscriptas en los contextos de encierro, se desvinculó a la mitad de docentxs de la Modalidad por falta de presupuesto. Respecto de los salarios de docentxs de la provincia y de la nación, se calcula que quienes trabajan en los contextos de encierro en Tucumán cobran entre un 50 y un 55 % menos que el resto de lxs trabajadores por la misma cantidad de horas. En una realidad de devaluación e hiperinflación, el sueldo que se cobra es prácticamente una formalidad. Al carecer de paritarias, lxs trabajadorxs de Plan Fines son explotadxs e invisibilizadxs desde hace años.El contrato Fines 2018 para la Educación en Contexto de Encierro inició en marzo y hasta el día de hoy el dinero no fue depositado en las cuentas de lxs docentxs ni llegaron los cheques para quienes aún no están bancarizadxs. Además de la crisis salarial y de la contratación precaria para la mayoría de lxs trabajadorxs, aparece otro emergente que pone en peligro a quienes entienden la importancia del respeto por una educación de calidad, bajo un paradigma de Derechos Humanos: las condiciones de seguridad, por fuera de todo prejuicio, no están dadas. El protocolo que garantiza la integridad física de lxs trabajadorxs, mediante la permanencia de policías y operadorxs de seguridad durante todas las clases, es incumplido a diario. Así, la ya problemática articulación entre el Ministerio de Seguridad, el de Educación y el de Desarrollo Social en estos contextos se vuelve aún más engorrosa y conflictiva para lxs docentxs.A falta de respuestas concretas mediante vías institucionales (mails, reuniones convocadas por la Dirección de Educación en Contexto de Encierro, entre otras), lxs trabajadorxs de la Educación en los Penales e Institutos para menores en conflicto con la ley de la provincia de Tucumán (Penal de Villa Urquiza, Instituto de menores Julio Argentino Roca, Instituto Goretti, Las Moritas, Escuela de Oficios Belgrano, Unidad IV de mujeres) iniciaron un paro desde el día lunes 13 de agosto hasta obtener por parte de la Dirección de Jóvenes y Adultxs, a cargo de María Eugenia Dip Torres y el Ministerio de Educación, cuyo representante es Juan Pablo Lichtmajer, una respuesta favorable.Lxs docentxs exigen el cobro inmediato de los seis meses que se les debe del período 2018, así como el pago de los sueldos de todxs aquellxs que permanecen sin cobrar desde el año pasado. Del mismo modo, demandan el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar poner en peligro a trabajadorxs y estudiantxs y la garantía de contratación del ciclo lectivo 2019, con el compromiso de no perseguir ideológicamente a quienes hayan adherido a la huelga y no desvincular a nadie de sus espacios laborales.
