Niñas, no madres: Amnistía Internacional analiza la situación de Tucumán

Paola García Rey, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, señaló que visitaron la provincia con Mariela Belsky, directora ejecutiva de la ONG y un equipo de comunicación para interiorizarse sobre algunas cuestiones vinculadas a problemáticas de género.

Por un lado, Belski participó a principios de abril del panel “Confidencialidad, secreto profesional y criminalización” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Pero hubo otro motivo que trajo a la delegación de Amnistía a la provincia y fue el de realizar una investigación en el marco de un proyecto regional de investigación sobre embarazos forzados en la niñez y adolescencia.

La elección de Tucumán responde, entre otros puntos, a que es una de las provincias que fueron declaradas prioritarias para la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), lanzado por el Estado Nacional.

De hecho, según registros oficiales durante 2017 hubo en la provincia 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, se registraron 137 partos de niñas menores de 15 años, en su mayoría, forzados y producto de situaciones de abuso sexual.

García Rey señaló que en el encuentro en Derecho charlaron acerca de la criminalización de las mujeres, el derecho al secreto profesional y a la confidencialidad en los contextos de acceso a derechos sexuales y reproductivos y especificamente al aborto. 

En ese sentido, además manifestó su preocupación por algunos ataques hacia defensoras de los derechos humanos. Particularmente, se refirió al caso de Soledad Deza. "En este momento está siendo criminalizadam tiene una causa penal por haber emitido un dictamen en contra de un docente de Derecho (Víctor Chocobar) que fue denunciado por acoso por un grupo de alumnas", señaló. 

"Las dos entendemos, lo hemos visto tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, que justamente el uso de las estrategias penales y de criminalizacion funcionan como estrategias de amedrentamiento y de silenciamiento contra las mujeres", manifestó.  Por esta situación, mantuvieron una charla con la decana de la Facultad, Adela Seguí. "En el evento públicamente dio su apoyo a un dictamen en función a las denuncias", recordó.  

Sobre el relevamiento sobre la situación de los embarazos infantiles y adolescentes en la provincia, la representante de Amnistía Internacional explicó que se documentaron algunos casos y testimonios que dan cuenta de las barreras que existen, entre otros puntos, a derechos como el de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) contemplado por la ley. "Obviamente el 'Caso Lucía' es un disparador por haber tomado estado público y por las barreras en el caso específico", agregó.  Asimismo, indicó que se reunieron con efectores del plan ENIA, con referentes de la ONG ANDHES y con la secretaria de Derechos Humanos a nivel provincial, Érica Brunotto, que adhirio al pedido de apoyo a las defensoras de los DD.HH.

Si bien la investigación es incipiente, García Rey señaló que también se realizará en otras provincias y en algunos países de la región. La idea, adelanta, es tener es año un "análsis de cuál es el estado de situación en por lo menos tres países de la región" en relación con los embarazos infantiles y adolescentes. 

"La comunidad internacional toda está mirando lo que ocurre en Argentina y es momento que esté a la altura circuntancias, de su historia en relacion con los Derechos Humanos, y que anteponga los derechos de las mujeres por sobre otras cuestiones más del orden de lo personal y de valores personales que de términos de derechos", concluyó.