La aplicación de la IVE en Tucumán sería un "desafío titánico", auguró Soledad Deza
debate histórico
La abogada feminista asegura que a pesar de la resistencia que existe en algunos sectores de la provincia para la legalización del aborto, en caso de que se apruebe en el Senado, su aplicación implicará un desafío para el Estado pero no se podrá evadir esa ampliación de derechos.
Lucía Sayago
Soledad Deza es Magister en Género, sociedad y jurídica y presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres. Foto de Página 12.
A semanas de la votación en el Senado para que que podría convertir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en ley en Argentina, la abogada tucumana feminista, Soledad Deza se refirió a las diferencias que existen en el escenario social y político con respecto al debate que se llevó a cabo en 2018. También, auguró que, en caso de que la votación sea favorable para la iniciativa el próximo 29 de diciembre, en la Tucumán su aplicación implicará un desafío para el Estado, pero no se podrá evadir esa ampliación de derechos.
Deza fue invitada como expositora en el Senado en 2018 y también argumentó a favor de la iniciativa en el debate que se llevó a cabo en Diputados este año, con un profundo desarrollo sobre la objeción de conciencia. Además, de ser integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, la profesional acompañó en su camino a la libertad, a “Belén”, la joven tucumana presa por un aborto espontaneo.
En diálogo con eltucumano.com se mostró con buenas expectativas para que la IVE se convierta en Ley. “Estamos convencidas de que es una demanda de justicia reproductiva, pero a la vez de justicia social y de justicia en el acceso a la salud como recurso humano finito. Tenemos esperanzas, de que los senadores puedan deponer sus creencias personales y votar en orden al bien común”, detalló.
La abogada remarcó que es central la diferencia en el escenario político de este año, dado que el proyecto que está en discusión es una propuesta enviada por el Gobierno. “Desde los feminismos interpretamos que el reconocimiento de la soberanía sexual y le desincriminación del aborto y la legalización del derecho a decidir se inscriben también en el marco de un proyecto político del gobierno”, expuso y agregó: “Creemos que van a estar respaldando el juego político de mayoría y minoría en el ámbito parlamentario”.
En esta dirección también reconoció la importancia de que la sociedad haya tenido tiempo de discutir sobre el tema tras el primer debate que se llevó a cabo en 2018. “A partir de esa primera discusión parlamentaria, se ha desclosetado mucho más la discusión en la sociedad”, manifestó.
Al proyectar el hipotético caso de que el proeyecto se convierta en ley, Deza auguró el impacto que podría tener en una provincia como Tucumán, que, en agosto de 2018, días antes del tratamiento del proyecto en el Senado, la Legislatura declaró a Tucumán como provincia "provida". La resolución establece "como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte nacional", en consonancia con lo dispuesto por el artículo 146 de la Constitución provincial.
“Va a ser un desafío titánico para el Estado garantizar el respeto por los derechos más allá de las cosmovisiones personales. Para eso va a ser crucial la implementación de la política pública y la voluntad política de al calase gobernante”, subrayó la especialista.
Considerando la posibilidad de que el proyecto se convierta en ley, Deza expuso que esa resolución o tiene ninguna eficacia jurídica. “El derecho público provincial no puede restringir o limitar los estándares de derechos humanos nacionales. Esas declaraciones provida son una construcción desde lo simbólico”, agregó.
De esta manera, opinó que, en caso de aprobarse la ley, habrá muchos obstáculos por parte de los sectores que rechazan la iniciativa, sin embargo, no será posible hacer oídos sordos al derecho adquirido. “No van a poder habilitar en Tucumán un estándar de derecho diferente. No podrían, no reconocer el derecho a abortar o continuar con la persecución punitiva de quienes aborten dentro del primer trimestre”, argumentó.
Por último se refirió a que, en este contexto, no hay que dejar de lado la judicialización conservadora de la autonomía sexual."Argentina tiene una fuerte tradición en acudir a los tribunales para tratar vaciar de contenido las políticas públicas. Sobre todo, las vinculadas la autonomía sexual, creemos que esa también va a ser una estrategia de los conservadurismos religiosos".
