"Nos sentimos totalmente expuestos": miembros de Los Chuschagasta exigen justicia por el crimen del comunero Javier Chocobar
PROTESTA
Una vez más más, integrante de la comunidad Los Chuschagasta concentraron frente al Palacio de Justicia para exigir que quede firme la sentencia contra los tres condenados por el crimen de Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre de 2009. Un empresario y dos ex policías atemorizan a los comuneros.
Integrantes de la comunidad Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo de la Nación Diaguita, ubicada en el Valle de Choromoro, Trancas, concentraron esta mañana en los tribunales de Plaza Yrigoyen, donde brindaron una conferencia de prensa para exigir que quede firme la condena contra los tres hombres que asesinaron al comunero Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009.
El pasado 24 de octubre de 2018, el tribunal de la Sala IV, integrado por los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, condenó a Darío Amín a 22 años de prisión por los delitos de “homicidio agravado” en el caso de Javier Chocobar y de “tentativa de homicidio” en los casos de los comuneros Emilio y Andrés Mamaní. Además, condenó a los ex policías Luis Humberto “El Niño” Gómez a 18 años de prisión y Eduardo José Valdivieso Sassi a 10 años de prisión, acusados de ser partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación ilegal de armas.
Sin embargo, el 7 de julio de 2020 los imputados quedaron en libertad al no quedar firme la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La decisión despertó bronca y, sobre todo, mucho miedo entre los miembros de la comunidad.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, los Chuschagasta aseguran que “esta evidencia clara y contundente de la violencia y el desprecio por la vida con la que actuaron Amín, Gómez y Valdivieso Sassi (en referencia al crimen de Chocobar) pareciera no ser tal cosa para cierto sector de la justicia tucumana y el estado, que no solo dilataron por nueve (9) años el inicio del juicio oral, sino que además fueron cómplices y avalaron a los asesinos en sus intentos por desalojar a referentes de nuestra Comunidad”. Por otro lado, los comuneros denuncian que en los últimos años sufrieron persecuciones y hostigamiento por parte de los acusados.
El año pasado, apenas se conoció la decisión de la justicia de dejar en libertad a los condenados, los miembros de la comunidad realizaron un acampe frente al Palacio de Justicia que se extendió durante varias semanas como modo de presión para exigir a la justicia que acelere los plazos para dejar firme la sentencia de octubre de 2018.
“Consideramos que doce años de espera ya han sido suficiente tiempo para que la justicia tucumana se expida al respecto de lo sucedido el 12 de octubre de 2009. No queremos que se dé lugar al recurso de casación en la Corte Federal ya que eso representaría continuar exponiendo nuestras vidas al continuar los tres asesinos en libertad”, aseguran en el comunicado. Además, aseguran que “necesitamos con urgencia una justicia plural y democrática que garantice lo plasmado en la Constitución Nacional en materia de derecho indígena”.
Propiedad de la tierra
Una de las demandas históricas de las comunidades originarias es el reconocimiento pleno por parte del Estado de la posesión ancestral de las tierras. Sobre este punto también refiere el comunicado difundido por la comunidad Los Chuschagasta.
“Urge que el Estado Nacional efectivice la titularización y haga entrega de los territorios ancestrales a los pueblos originarios quienes habitamos lo que hoy se conoce como Argentina desde siempre”, reclamaron.
Además, explicaron que resulta necesaria la creación e implementación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, y que “el Estado debe garantizar nuestros derechos colectivos y dejar de avalar los atropellos y muertes que se vienen sucediendo en los territorios ancestrales”.
