Embarazo infantil forzado: "El abuso sexual no es un problema privado"

El 27 de febrero se cumplirán tres años del caso que reveló las falencias y deudas del Estado en materia de derechos y cuidados de las niñas. A “Lucía”, la niña tucumana de 11 años que fue sometida a una cesárea luego de haber sufrido una violación, se le vulneraron sus derechos sistemáticamente desde que su madre acudió al sistema de Salud. El caso tomo relevancia nacional, e incluso, intervinieron organismos internacionales para que se restituyan los derechos de Lucía.

La primera semana de enero de 2022, se conoció un nuevo caso de embarazo infantil forzado en Tucumán. L.A, una nena de 10 años fue intervenida con una cesárea para interrumpir un embarazo de 7 meses producto de una violación. El acusado por el hecho, es la pareja de la madre adoptiva.

“Si vuelven a haber casos de embarazos infantiles forzados, no detectados, no denunciados, no controlados que terminan obligando a la maternidad a las niñas, no hay avances para abordar esta problemática. El embarazo infantil forzado es la punta del iceberg que muestran los abusos sexuales infantiles de los que no tenemos un registro unificado. No sabemos cuántos abusos hay, cuántas niñas embarazadas llegan a los consultorios producto de esas violaciones”, relata en diálogo con eltucumano.com, Adriana Guerrero, coordinadora de Cladem Argentina (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres).

La referente local hace especial hincapié en que no existen ni campañas de difusión de la problemática para concientizar a la sociedad, ni fuentes certeras de información para la población.

“No son casos aislados. No es solo “Lucia” y no es la niña de hace un mes. Es enrome la problemática que se visibiliza con el embrazo y se agrava con la maternidad forzada. ¿Cuáles son las medidas que se toman?, ¿qué hace la justicia? ¿hay denuncias?”, se cuestiona.

Por el abuso sexual de “Lucía”, en una condena ejemplar, sentenciaron al agresor a 18 años de prisión. “La condena en el caso de Lucía fue ejemplar en cuanto a restitución de derecho, pero no hay justicia cuando una niña es abusada sexualmente, y es madre. No hay una reparación. En todo caso hay una restitución de derechos tanto a Lucía como en el caso de la niña de 10 años”.

Guerrero reflexiona sobre la necesidad urgente de contar con estadísticas unificadas y poner a disposición de la comunidad información. A partir de un abordaje serio que se materialice en datos concretos de las cifras tanto de abusos infantiles como de embarazos infantiles forzados, se podrá avanzar en políticas públicas. “Las estadísticas unificadas permitirán diseñar planes de prevención para no llegar tarde. En los casos de abuso infantil y embarazo infantil forzado el Estado y todos estamos llegando tarde”, detalla.

Los abusos sexuales no son un problema privado

Desde Cladem desde 2014 se trabaja en difusión e investigación sobre embarazo y maternidad forzada en niñas. “Venimos insistiendo en estadísticas unificadas para poder conocer el problema, para implementar políticas públicas reales, difusión y educación para cambiar el patrón cultural. Si consideramos que los abusos sexuales son un problema privado, no le vamos a encontrar una solución”.

Para los niños y niñas que asisten a la escuela la Educación Sexual Integral (ESI) sería una herramienta valiosa para comenzar este camino. Sin embargo, el alcance es limitado, ya que solo llega a niños y niñas escolarizados. “¿Cómo hacemos para implementar la ESI para niños no escolarizados y para la comunidad que se encuentra fuera de los ámbitos formales de educación que también necesitan romper con esta invisibilazación de los abusos sexuales?”, se cuestiona Guerrero, y añade: “Cómo hacemos para cambiar la situación si no decimos a la comunidad que es un delito, que tiene que ser denunciado, que no es un problema intrafamiliar privado. Hay que trabajar con la comunidad, campañas públicas para desnaturalizar y romper con esa lógica que oculta”, señala.