Se cumplen 20 años del inicio de las investigaciones en el Pozo de Vargas
Hasta la fecha fueron identificados los restos de 116 personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura cívico militar. Además, se recuperaron más de 38.000 segmentos óseos humanos que corresponden a 148 personas.
Un día como hoy, hace 20 años, comenzaban las investigaciones en el Pozo de Vargas, el primer centro de inhumaciones clandestinas hallado en la Argentina. Gracias al trabajo de arqueología forense que viene desarrollando el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), se pudieron identificar, hasta la fecha, los restos de 116 personas secuestradas - desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.
El Pozo de Vargas lleva el nombre de su propietario original, Antonio Manuel Vargas, quien falleció en marzo de 2005. Un año antes, el fiscal federal Emilio Ferrer había pedido que se cite a Vargas para que preste declaración indagatoria como partícipe necesario de la desaparición forzada de personas durante la década del 70.
En el año 2019 fue expropiado por el Estado Nacional y el mismo quedó bajo el control del Archivo Nacional de la Memoria.
El predio, que se encuentra ubicado a unos 5 kilómetros de la plaza Independencia de la capital tucumana, fue dispuesto por las fuerzas armadas como un sistema de exterminio e inhumación clandestina entre mediados de 1975 y principios de 1976, en el marco del Operativo Independencia, y durante la dictadura, a partir de marzo de 1976 y hasta 1983.
A fines de 2001 vecinos de la zona y organismos de derechos humanos denunciaron que el pozo había sido empleado para el ocultamiento de cuerpos, por lo que tomó intervención el Grupo interdisciplinario de arqueología y antropología de Tucumán (GIAAT). El 8 de mayo de 2002 se localizó una construcción subterránea de 3 metros de diámetro y aproximadamente 40 metros de profundidad, que había sido ocultada para borrar evidencia.
En 2004 el equipo de Antropología Forense identificó los primeros segmentos óseos humanos. Desde 2009 y hasta la fecha, el CAMIT recuperó más de 38.000 segmentos óseos humanos (enteros o fragmentados) que corresponden a 148 personas, de las cuales 120 serían hombres y 28 mujeres.
También se recuperaron ropa, calzados y objetos personales de las víctimas, como también proyectiles, tabiques y mordazas y demás materiales culturales asociados a múltiples escenas del crimen.
En el 2011, desde Buenos Aires, la Iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas (ILID) del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó las muestras genéticas e identificó a 113 personas.
Las pericias de arqueología forense y el análisis de las muestras genéticas se desarrollan en el marco de la causa judicial “Romero Enrique s/su denuncia”, expediente 400140/2002, a cargo del Juzgado Federal 2 de Tucumán.
